La Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra envuelta en una nueva controversia luego de que su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, se negara a renovar el contrato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasilero Paulo Abrao, quien ocupa el cargo desde 2016 y había sido designado para un nuevo mandato a partir del 15 de agosto.
Aunque la CIDH es un órgano autónomo de la OEA, su secretario ejecutivo ejerce como un funcionario de esta última, por lo cual el nombramiento de Abrao debía ser aprobado por Almagro. En aras de garantizar la independencia de la Comisión este trámite suele ser una simple formalidad administrativa, pero en esta ocasión Almagro se abstuvo de dar su visto bueno, apoyado en un informe que recibió del ombudsperson de su organización con 60 denuncias sobre supuesto acoso laboral en la CIDH, en las cuales estaría involucrado Abrao.
Los comisionados consideran que la decisión de Almagro representa un serio ataque a su independencia y credibilidad, que además estaría violando la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso de Abrao, pues las denuncias mencionadas aún no han sido investigadas por las autoridades competentes. También le critican a Almagro que no les haya consultado antes de tomar su decisión, como lo establece el reglamento de la CIDH, y que haya esperado hasta el último día del contrato de Abrao para expresar sus reparos a pesar que su designación se había dado a comienzos de este año, lo cual les está generando dificultades adicionales para realizar su trabajo en un contexto ya de por sí complicado debido a la Covid-19.
