En un acto celebrado a principios de octubre, el presidente de Ecuador y mi contrincante en las elecciones presidenciales de este año, Guillermo Lasso, lanzó una advertencia a los "osados que pretenden escudriñar" su patrimonio. Se refería a los Papeles de Pandora publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que revelaron cómo decenas de líderes mundiales -incluido Lasso- ocultaron miles de millones de dólares para evitar el pago de impuestos.
Rápidamente me di cuenta de que sus palabras amenazantes iban dirigidas principalmente a mí, sobre todo por mis conocimientos de los bajos fondos.
En 2017, Ecuador aprobó una ley anticorrupción que prohíbe a los funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales, directa o indirectamente. Esta normativa estaba ahí para evitar el uso de estructuras financieras opacas y complejas como fideicomisos, fundaciones o sociedades. El año pasado impugné formalmente la candidatura de Lasso por ese motivo, pero luego firmó una declaración jurada en la que aseguraba no tener propiedades en paraísos fiscales y la comisión electoral le dio la razón.
