En un acto celebrado a principios de octubre, el presidente de Ecuador y mi contrincante en las elecciones presidenciales de este año, Guillermo Lasso, lanzó una advertencia a los "osados que pretenden escudriñar" su patrimonio. Se refería a los Papeles de Pandora publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que revelaron cómo decenas de líderes mundiales -incluido Lasso- ocultaron miles de millones de dólares para evitar el pago de impuestos.
Rápidamente me di cuenta de que sus palabras amenazantes iban dirigidas principalmente a mí, sobre todo por mis conocimientos de los bajos fondos.
En 2017, Ecuador aprobó una ley anticorrupción que prohíbe a los funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales, directa o indirectamente. Esta normativa estaba ahí para evitar el uso de estructuras financieras opacas y complejas como fideicomisos, fundaciones o sociedades. El año pasado impugné formalmente la candidatura de Lasso por ese motivo, pero luego firmó una declaración jurada en la que aseguraba no tener propiedades en paraísos fiscales y la comisión electoral le dio la razón.
Eso me llevó a dejar este tema y cuando perdí las elecciones en febrero, incluso di un discurso de concesión y hablé por teléfono para felicitarlo. Me ofreció acabar con la persecución política contra los progresistas que había iniciado el ex presidente Lenín Moreno.
Sin embargo, los Papeles de Pandora revelaron que Lasso había transferido de hecho acciones de sociedades de responsabilidad limitada que representaban 130 propiedades en Florida desde Panamá a dos fideicomisos en el estado de Dakota del Sur. Lasso también reconoció la existencia de 14 entidades que habían sido ocultadas al fisco ecuatoriano.
Lasso negó tener vínculos con estas entidades antes de asumir la presidencia, incluido el Banco Banisi en Panamá. Sin embargo, una investigación de la organización Latindadd reveló que Lasso, un día antes de firmar la declaración jurada, transfirió sus acciones del Banco Banisi a la Fundación Internacional Banisi, una nueva fundación de interés privado en la que sus hijos son beneficiarios nominales pero sin ningún poder de decisión.
Tras la publicación de los Papeles de Pandora, una amplia mayoría del Parlamento ordenó una investigación. Las instituciones oficiales colaboraron poco o nada, alegando que se trata de información confidencial, mientras que Lasso se negó a asistir a las audiencias. Cuando la comisión parlamentaria aprobó el informe que vinculaba a Lasso con los paraísos fiscales, su gobierno atacó inmediatamente a la comisión, y la Fiscalía inició una investigación penal contra los parlamentarios.
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