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El 2019 fue testigo de la devastadora agenda gubernamental que pretende vender y privatizar los recursos naturales y territorios indígenas en todo Brasil.

A inicios de año, el 25 de enero en Brumadinho, se rompió el dique que contenía la presa de desechos de la minera Vale, liberando toneladas de lodo tóxico sobre centenas de personas y contaminando el Río Paraopeba. Más de 250 personas murieron y hay por lo menos 20 desaparecidos.

De iguales dimensiones, los incendios que arrasaron tramos de la Amazonía durante el verano continúan ardiendo, aunque de forma desacelerada y sobre áreas previamente deforestadas, preparadas para cultivos. En total, el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) estima que 29.944 km², el equivalente de 4,2 millones de campos de fútbol, fueron perdidos en la quema.

Finalmente, durante la última semana del mes de agosto fueron registrados, en las aguas del litoral nordeste de Brasil, restos de petróleo crudo provenientes de un derramamiento cuyo origen aún está bajo investigación. El desastre ambiental ha afectado hasta el momento 353 localidades de 110 municipios en 9 estados del país y se calcula que ha afectado más de 2880 km convirtiéndolo en la tragedia ambiental de mayor extensión en la historia de Brasil.

Un reporte de la Marina estimó que hasta el día 3 de octubre habían sido removidas dos mil toneladas del material contaminante. Sin embargo, el impacto sobre la cadena alimenticia, los manglares, los corales y los suelos llevará décadas en ser mitigado sin que se pueda estar seguro si algunos ecosistemas podrán recuperarse. Los pescadores, pescadoras, campesinas, campesinos, comunidades tradicionales y ancestrales del nordeste brasilero han alertado sobre la destrucción de su territorio y la contaminación de sus aguas, denunciando al mismo tiempo la negligencia del Estado para hacer frente al problema y evitar peores impactos ambientales.

La respuesta estatal en todos esos casos no ha sido pronta ni eficaz. Ha sido, para decir lo mínimo, insatisfactoria. Además del desmantelamiento de las políticas ambientales, el gobierno de Brasil se ha mostrado incapaz de hacer frente a las crisis y desastres. Más bien, desde las altas autoridades de Brasil, los discursos y acciones se prefiere un debilitamiento al marco de control ambiental. Descalifican asimismo el trabajo de las organizaciones ambientales y de los defensores de derechos humanos hasta el punto de estigmatizarlos y llamarlos terroristas

Antes de enviar ayuda a las poblaciones afectadas e iniciar acciones de limpieza de las áreas afectadas, búsqueda de sobrevivientes e investigaciones orientadas a hallar responsables por los desastres ambientales, las autoridades de Brasil intentan minimizar los impactos y descalificar las críticas en una intención clara de lavarse las manos frente al desastre.

La crítica al gobierno de Bolsonaro por no reaccionar rápidamente a la crisis ambiental ha sido una constante en todo el país al mismo tiempo que preocupa mucho el desmonte de políticas públicas ambientales que venían en desarrollo. Por ejemplo, la Ley de Política Ambiental Nacional de 1981 que es considerada un hito, tenía estructurado el sistema ambiental nacional y había consagrado las licencias ambientales pero este Gobierno quiere reformularla sin estructurar o proponer nada en su lugar.

Esto bajo un panorama en el cual el Ministerio del Medio Ambiente y sus respectivos cuerpos de monitoreo y control han sufrido serios recortes presupuestales lo que reduce en gran mediad su capacidad para atender al desastre ambiental de manera correcta. El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles fue cuestionado sobre la gestión ante el derrame ante lo que este insinuó que la organización Greenpeace podría ser responsable y acusó al gobierno anterior.

Frente al derrame, la Relatora Especial sobre Derechos Economicos, Sociales, Culturales y Ambientales exhortó al gobierno a implementar mecanismos de control y desarrollar las investigaciones pertinentes para garantizar que no continúe el derrame, perfilado como la tercera tragedia ambiental de grandes proporciones ocurrida bajo el mandato de Bolsonaro, y que las entidades responsables sean sancionadas.

Tristemente, la destrucción de la naturaleza y la restricción del derecho a protegerlo también se está viendo íntima y trágicamente vinculado. Las filas de quienes están frente la tarea de preservar el medio ambiente en Brasil y en las Américas se están diezmando, la más reciente pérdida siendo la del defensor indígena Paulo Paulino Guajajara, asesinado por “madereros ilegales”.

Cabe señalar que este fenómeno no es endémico a Brasil. A lo largo y ancho del continente, hemos visto como las personas que resisten a un modelo de desarrollo desenfrenado que desvaloriza la naturaleza y los derechos de los pueblos que cohabitan en harmonía con ella, al igual que las personas defensoras y ambientalistas se encuentran en la mira como blanco de calumnias, persecuciones y amenazas a su vida.

Desafortunadamente la muerte de quienes defienden la Amazonía y otros territorios naturales es el punto final a los discursos gubernamentales que abiertamente desestiman el cambio climático y el valor de la naturaleza. Las más recientes actuaciones en contra de bomberos voluntarios en Alter do Chão, en el Estado de Pará, sigue esta misma línea de inhibir las tareas de protección al ambiente. En ese sentido, la quema de hectáreas de selva al igual que el asesinato de quienes intentan preservar el equilibrio ambiental deberían considerarse atentados en contra de la vida de todos nosotros, aun de los que no vivimos en Brasil.

Al cierre de la década, el costo de cada tragedia ambiental ocurrida en este país en el 2019 será una que repercutirá en futuras generaciones. De cara al 2020, la comunidad internacional deberá continuar exigiendo mayor protección de quienes defienden el medio ambiente y aportar a soluciones para resguardar y fortalecer lo que queda, antes que la deuda frente a la naturaleza se nos salde a todos y todas.