El debate acerca de cómo lidiar con la participación corporativa en las violaciones de los derechos humanos se intensifica a nivel mundial. Una faceta de esta problemática se relaciona con las operaciones diarias de las compañías y su impacto tanto en la calidad de vida de la gente como en el medioambiente. Otro aspecto más oscuro corresponde a la complicidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad;  un fenómeno que surgió durante los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y que persiste en la actualidad.

En junio de este año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo para desarrollar un instrumento internacional legalmente vinculante sobre negocios y derechos humanos. Además, en muchos países, incluyendo Kenia, Liberia, Sierra Leone, Sudáfrica, Brasil y Colombia, se está analizando el rol que desempeñaron las corporaciones trasnacionales en las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en el contexto de conflictos armados y regímenes autoritarios. La experiencia de la Argentina en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante su dictadura de 1976 a 1983 sirve como una referencia importante para estas discusiones. 

En muchos países, se está analizando el rol que desempeñaron las corporaciones trasnacionales en las violaciones de los derechos humanos que se cometieron en el contexto de conflictos armados y regímenes autoritarios. Aunque los dictadores y oficiales militares del país fueron los primeros en ser juzgados, los colaboradores civiles (incluyendo algunos ejecutivos de empresas prominentes) desempeñaron un papel clave en la identificación de los activistas y en la facilitación de su secuestro, detención e incluso asesinato. Estos no fueron incidentes aislados, sino que formaron parte de un plan sistemático por parte de las juntas de la Argentina y algunas corporaciones para reducir el poder de la clase trabajadora, y para alejar la economía de la industria, acercándola al sector financiero.

En 1986 y 1987, el Congreso argentino aprobó leyes de amnistía que bloqueaban el enjuiciamiento de muchos crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el régimen militar. Finalmente las leyes fueron derogadas y declaradas inconstitucionales (en 2003 y 2005, respectivamente), y se llevaron a la corte o reabrieron cientos de casos de la era de la dictadura. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) amplió sus actividades para investigar la complicidad corporativa en crímenes de lesa humanidad, ayudando a los juicios a través de una estrategia triple de litigio, investigación e incidencia.

En términos de litigio, el CELS intenta establecer la responsabilidad criminal de los líderes y gerentes empresariales en los crímenes cometidos durante la dictadura. Buscamos precisar la ubicación exacta y las circunstancias de los secuestros de los trabajadores, y mostrar la relevancia de sus lazos políticos o sindicales, para exponer por qué las compañías hubiesen querido eliminarlos.

En  2009, el Congreso argentino enmendó la ley para permitir que las organizaciones no gubernamentales (ONG) actuaran como querellantes en casos de crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos. Esta posibilidad existía antes del cambio legislativo, pero sólo en la modalidad de caso por caso. Los fiscales estatales continúan con la delantera, pero los querellantes institucionales pueden actuar de manera independiente, presentando sus propias pruebas y recursos ante el juez. A menudo colaboran con los fiscales estatales.  

El CELS está usando este innovador mecanismo para actuar como querellante en el caso de Molinos Río de la Plata, una compañía alimenticia de la Argentina que está siendo investigada por la desaparición de 26 personas entre julio de 1976 y octubre de 1978. La gran mayoría de esas personas fueron activistas sindicales en una de las plantas de la compañía. El CELS está desempeñando el mismo papel en el caso del fabricante de autos de lujo Mercedes-Benz, en el cual se está investigando la participación de los ejecutivos en la desaparición forzada de numerosos trabajadores. Recientemente, los fiscales estatales en este caso pidieron al juez que se indague a dos de los anteriores gerentes de la compañía.    

En ambos casos de Molinos y Mercedes-Benz, se acusa a algunos ejecutivos y gerentes de proporcionar información a los militares acerca de a quién secuestrar, proveyendo listas de trabajadores específicos o entregando las direcciones de sus hogares, por ejemplo.

A septiembre de 2014, 13 empresarios habían sido imputados por participar en crímenes de lesa humanidad, implicando a Ford Motor Company, el ingenio azucarero Ledesma, la empresa minera Minera Aguilar y La Veloz del Norte, una compañía de autobuses. Tres ex gerentes de Ford fueron acusados de permitir que se usaran las instalaciones de la empresa para secuestros y torturas. En el caso Ledesma, en donde el CELS presentó un amicus curiae, los directivos de la compañía habrían proporcionado a los militares vehículos con los cuales secuestraron a sus empleados. 

En estos casos no se acusa directamente a los gerentes de secuestro, tortura o asesinato. Los casos se basan en demostrar que tenían un claro interés en deshacerse de trabajadores combativos y que colaboraron con las fuerzas militares y de seguridad para facilitar el secuestro ilegal y la detención clandestina de estos trabajadores. 

Aún estamos en una etapa temprana del proceso y ninguno de estos casos ha ido a juicio todavía. El sistema legal argentino facilita el enjuiciamiento de estos crímenes, debido a que las organizaciones de derechos humanos pueden participar de manera formal como partes interesadas. Además, muchos jueces utilizan los criterios establecidos en los tratados de derechos humanos internacionales, por ejemplo, eliminando cualquier prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad.

Argentinians observe a "Day of Remembrance for Truth and Justice," for victims of political violence by marching in Buenos Aires.

En el ámbito de investigación, el equipo del CELS trabaja para reunir información de casi 40 años de antigüedad, analizando documentos de las corporaciones, sindicatos y el Ministerio del Trabajo, entre otros. Hay un “ir y venir” enriquecedor entre la investigación y el litigio, en donde la información compartida sirve a la estrategia legal así como al proceso de reconstruir los eventos históricos y su contexto. El CELS está realizando una investigación en conjunto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sobre la complicidad corporativa durante la dictadura de la Argentina, explorando cómo se beneficiaron algunas compañías de las políticas económicas que se llevaron a cabo durante el terrorismo de Estado.

En términos de remedios no judiciales, el CELS ha trabajado para la creación de un comité bicameral del Congreso para investigar la complicidad corporativa con los crímenes cometidos durante la dictadura. De establecerse, emitiría un informe en el que se analicen las consecuencias de las políticas económicas de las juntas y trabajaría para identificar a las corporaciones y los ejecutivos empresariales que participaron en crímenes de lesa humanidad para facilitar la implementación de estas políticas.

Enjuiciar a los líderes de corporaciones que aún son poderosas no es lo mismo que llevar a juicio a oficiales militares retirados, que la mayoría percibe como los “tipos malos” de la dictadura. Sin embargo, la importancia de estos juicios va más allá de determinar la culpabilidad o inocencia de individuos. Lo que se espera es que contribuyan a un debate social amplio sobre el rol que desempeñaron las corporaciones y los civiles durante la dictadura. En ese sentido, representan un paso esencial más en el proceso de memoria, verdad y justicia.