En 2022, México y Colombia fueron el primer y segundo país respectivamente donde, aunque con una gran diferencia a favor de Colombia, más líderes ambientales fueron asesinados en el mundo. Según la tendencia que se muestra en el primer trimestre de 2023, el panorama no parece que vaya a mejorar.

Con corte del 31 de marzo de 2023, por lo menos 4 líderes sociales habían sido asesinados en México y 52 en Colombia, lo que multiplica por 13 las cifras mexicanas. Esto debería prender todas las alertas, no solo sobre el altísimo grado de la violencia permanente en esos dos países, sino sobre la normalización de estos hechos, que ya no sorprenden a ningún ciudadano y que como mucho aparecen en las noticias locales, pero sin repercusión alguna a nivel nacional o internacional.

México: estigmatización y ejecuciones extrajudiciales

La situación para los líderes sociales o defensores de derechos humanos en México es preocupante. Durante los primeros tres meses de 2023 cuatro líderes sociales fueron asesinados, dos desaparecieron y 12 fueron víctimas de detenciones arbitrarias.

En 2022, 72 líderes sociales fueron asesinados; se dedicaban a la defensa del territorio, el agua, los derechos humanos, eran promotores culturales, indígenas, artistas, abogados, comunistas, opositores de los megaproyectos mineros, buscaban desaparecidos, eran personas trans, sindicalistas, ambientalistas y comunicadores comunitarios.

México y Colombia tienen tasas de homicidio muy similares: México 26 y Colombia 26,8 por 100.000 habitantes, unas tasas 10 veces superiores a la media mundial.Pero en México es sumamente difícil encontrar fuentes fiables para establecer la cantidad exacta de líderes asesinados. Todas las cifras provienen de medios y organizaciones que trabajan en el territorio, pero no hay certificación de la identidad de los asesinados ni conteo oficial por parte del gobierno, por lo cual es probable que el número de los asesinados sea mayor del que ha sido contabilizado.

En este contexto, el presidente de México acaba de afirmar que cerrará la agencia estatal de noticias Notimex argumentando que ya no hay necesidad del servicio. Desde 1968, Notimex envía informes de noticias de los 32 estados de México, muchos de los cuales carecen de cobertura en los periódicos nacionales con sede en la capital mexicana. Al anunciar el cierre, López Obrador dijo el pasado viernes 14 de abril que sus sesiones informativas matutinas cuidadosamente orquestadas son suficientes para mantener informado al país. Pero es evidente que no le interesa informar sobre la suerte que corren los activistas en el país.

Según el medio independiente Desinformémonos, de los 72 activistas asesinados en 2022, la mayoría eran personas indígenas o que luchaban por los derechos de alguna minoría cultural. Gran parte de los asesinatos ocurrieron en Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla y Sonora, algunos de los estados más peligrosos y donde también hay más desaparecidos en México

Según Comité Cerezo México, organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos, en 2022, 22 defensores de derechos humanos fueron ejecutados extraoficialmente. Es importante resaltar que con "ejecuciones extrajudiciales" Comité Cerezo se refiere a asesinatos que son, también, violaciones a los derechos humanos en la medida en que han sido cometidos por agentes del Estado.

Comite Cerezo también le dijo a Animal Político que “a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los dos sexenios anteriores, y que desde el gobierno federal existe una política de impunidad ya que no hay castigo a los responsables, excusándose el gobierno federal en que no es su competencia el delito de homicidio, que es del fuero común”.

La afirmación del Comité Cerezo es ajustada. Durante el gobierno de Felipe Calderón, desde 2006 hasta 2009, ocurrieron 67 ejecuciones extrajudiciales, en el de Enrique Peña Nieto, desde 2012 a 2018, 198 y durante el gobierno actual de Andrés Manuel López obrador, desde 2018, han sido ejecutados un promedio de 19 al año. Según Animal Político, los dos gobiernos anteriores, el PAN y el PRI usaron la estrategia de control social y la represión política para llevar a cabo estas ejecuciones. Desde que AMLO llegó al poder, su forma de control ha sido la de control social mediante programas sociales masivos, sin dejar de lado la represión, que permite que tanto los asesinatos, como las ejecuciones extrajudiciales de líderes sociales no se detengan y sucedan con impunidad. En este sentido, los cada vez más amplios poderes en el control de la seguridad ciudadana que López Obrador está concediendo al ejército mexicano no son una buena noticia.

En 2023 Amnistía Internacional llamó la atención de AMLO debido a la cifra en aumento de acosos y asesinatos de periodistas y líderes sociales. Así mismo, señaló que el presidente impulsa la violencia contra estos defensores debido a posturas que estigmatizan el feminismo, los defensores de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil.

Colombia: donde defender derechos es mortal

Si en México la situación es escandalosa, en Colombia el asesinato de líderes sociales alcanza cifras desorbitantes. En 2022 se llegó a 189 líderes asesinados, y en 2023 ya va en 52. Las cifras las facilita el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que no solo lleva el conteo en su sitio web, sino que lo difunde cada día en redes sociales.

El último tuit de Indepaz tiene una foto de Jairo Zuleta, líder social de Nariño y Antioquia que apoyaba las labores de la Junta de Acción Comunal de la vereda Morro Azul. Zuleta fue asesinado por sicarios que llegaron durante la noche a su casa y que lo mataron con pistolas.

El tuit, a pesar de narrar un hecho escandaloso y atroz, no llega a los 60 likes y tiene menos de 100 retuits. Por otro lado, revela un dato clave: La Defensoría del Pueblo, que es la entidad encargada de defender los derechos humanos en Colombia, publicó un documento en el que señala que todavía hay amenazas en los lugares donde trabajan liderazgos sociales, además de lo que llaman "otras conductas vulneradoras de derechos" como asesinatos.

Lo anterior muestra que las entidades gubernamentales están absolutamente al tanto de los asesinatos, que reiteran en comunicaciones oficiales que suceden y que suceden en las zonas donde más liderazgos hay. Y, sin embargo, el gobierno sigue sin hacer nada para protegerlos.

Después de prometer en campaña que protegería a los líderes sociales, el gobierno de Gustavo Petro no ha avanzado con acciones concretas que detengan una problemática de derechos humanos que viene aumentando desde 2014.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, 2022 fue el año más letal para los líderes sociales en Colombia. Aunque el gobierno actual no estuvo al mando todo el año, los asesinatos han aumentado desde que Petro se posesionó.

Aparte de su proyecto de "Paz Total" y de los acuerdos entre grupos armados para descartelar el conflicto en algunas zonas del país, es importante que tanto Petro como su gabinete comprendan este tema no puede quedarse por fuera del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es la hoja de ruta donde quedan oficializadas las acciones que el nuevo gobierno ejecutará los próximos cuatro años.

A la fecha, el nuevo PND incluye fortalecer una unidad de investigación de la Fiscalía General y cumplir con las garantías de seguridad del Acuerdo Final (que es el nombre del Acuerdo de paz que firmó el gobierno Santos con las FARC), pero hay un punto que estipula una meta algo confusa de disminuir los casos de líderes asesinados para 2026, pero no nos queda claro si la meta es disminuirlos en un 66% o disminuirlos a 66 máximo por año.

La implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 es clave, ya que ha sido comprobado que en las zonas donde se implementa el Acuerdo, disminuyen los asesinatos de líderes. También es clave que se comprometa con la política de drogas, que también es una de las principales razones por las que mueren los líderes. Es imperativo que Petro y Francia Márquez cumplan sus promesas de campaña y que recuerden que los votantes confiaron en ellos debido a su promesa de un cambio para el país.

Mientras siga esta dinámica sangrienta en México y en Colombia, y sus gobiernos se mantengan insensibles o simplemente inoperantes para frenarla, la calidad de sus democracias seguirá deteriorándose peligrosamente.