Los registros fotográficos de niños y ancianos Yanomami con sus huesos protuberantes volvieron a poner el foco en Brasil y la gestión de sus poblaciones indígenas. Aunque imágenes de personas vulnerables con un alto nivel de desnutrición deben horrorizarnos siempre, la situación no debería sorprender a nadie.

La crisis que rodea a los Yanomami, habitantes del estado amazónico de Roraima en la frontera con Venezuela, es la definición de una tragedia anunciada. El hambre y la falta de cuidados médicos, que ha resultado en la muerte de casi 600 niños en los últimos cuatro años, desafortunadamente ilustra las preocupaciones, juzgadas por muchos como exageradas, de las consecuencias de votar en alguien como el expresidente Jair Bolsonaro.

Habitantes de la reserva indígena más grande del país, los Yanomami observaron la degradación de su tierra durante el gobierno Bolsonaro, entre 2019 y 2022. Durante su campaña en 2018, el expresidente prometió ampliar la minería en la Amazonía, que considera abarcar “mucha tierra para poco indio”.

Y lo cumplió. En la última década, el garimpo (minería ilegal) en tierras indígenas aumentó un 632%. La invasión de mineros en la reserva Yanomami fue el principal factor que llevó al colapso de las formas de subsistencia de la población indígena local, llevando a la situación de hambre extrema que ha salido a la luz ahora.

El gobernador de Roraima y aliado de Bolsonaro, Antonio Denarium, además de negar que la minería es responsable, argumentó que la solución para la crisis es hacer “evolucionar” a los indígenas. “Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, también tienen el deseo de evolucionar y tener su tractor, tener su coche, tener una antena parabólica, asistencia sanitaria, también quieren una educación de buena calidad", defendió.

Además de hambre y desnutrición, los Yanomami también son víctimas de negligencia sanitaria. Evidencias preliminares indican el posible desvío de fondos destinados a las unidades de salud indígenas del Estado. Como consecuencia, centenas de niños Yanomami fueron víctimas de enfermedades tratables y evitables, como diarrea, malaria e infección por parásitos. Wellington Dias, ministro de Desarrollo Social del nuevo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, investiga la posibilidad de que el desabastecimiento de la reserva indígena haya sido deliberado.

El papel del Ejército

Más allá del resultado de cualquier investigación judicial en busca de responsables específicos, la catástrofe humanitaria tiene su raíz en la estructura política brasileña que se dibujó delante de nuestros ojos.

El trabajo, aunque se haya consolidado bajo el gobierno Bolsonaro, empezó con su antecesor, Michel Temer, que reemplazó a Dilma Rousseff luego de su destitución. “Cuando asumió Temer (…) el Ministerio de Justicia actuó para reducir la posibilidad de participación y esta gobernanza (indigenista) comenzó a actuar de forma mucho más lenta”, dijo una exfuncionaria de la Fundación Nacional del Indio (Funai).

Pero el golpe bajo de Bolsonaro fue muy duro y rápido. Su primer ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, amenazaba frecuentemente con fusionar el ministerio con el de Agricultura. Bolsonaro también llenó los órganos indigenistas y ambientalistas con miembros del Ejército afines a su ideología.

Durante su mandato, los militares se negaban a implementar planes establecidos por los especialistas sin autorización del gobierno federal. De esa forma, Bolsonaro se aseguró el control de las políticas implementadas en la Amazonía, tanto a lo que se refiere a la protección del medio ambiente cuanto de los derechos indígenas, una vez que estos órganos funcionaban con relativa autonomía bajo gobiernos anteriores.

De hecho, los militares del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) nunca ejecutaron un plan para echar a los mineros de la tierra indígena Yanomami, después de una sentencia judicial de mayo del año pasado que debía combatir los crímenes que se venían sucediendo en la reserva. No sorprende que los coroneles responsables de implementar esas medidas fueran nombrados por Salles y su sucesor, Joaquim Leite.

Acusaciones de genocidio contra Bolsonaro

La tragedia de los Yanomami refuerzan la tesis de que las acciones y políticas puestas en marcha durante el gobierno Bolsonaro equivalen a una práctica de genocidio. Aunque el expresidente se haya burlado del término, comúnmente utilizado por sus detractores, Bolsonaro ha sido formalmente acusado de genocidio en la Corte Penal Internacional de la Haya diversas veces por su gestión de temas indígenas, y durante la pandemia de Covid-19.

Para Bolsonaro y sus partidarios, las acusaciones pueden sonar como un chiste de progresistas exagerados. Pero la defensa jurídica ya se está quedando con pocos argumentos. La invasión de mineros en la reserva está bien documentada.

No es que el gobierno de Bolsonaro no tomase medidas por negligencia, sino que tuvo una participación directa en lo ocurrido. El gobierno brasileño implementó políticas que llevaron a la muerte en masa de miembros de una comunidad vulnerable. Esta es la definición de genocidio. Definir el crimen es el primer paso para buscar soluciones jurídicas. Si no lo hacemos ahora, perpetuaremos el ciclo que lo permite.

Así lo ve Lula. “Además de la negligencia y el abandono del gobierno anterior, la principal causa del genocidio es la invasión de 20.000 garimpeiros, cuya presencia fue fomentada por el anterior presidente”, escribió en su Twitter en 22 de enero. No es la primera vez que Lula acusa a Bolsonaro de genocidio.

La tragedia que nos horroriza hoy no es un accidente o un hecho aislado. La arquitectura gubernamental puesta en marcha para permitirlo demuestra premeditación. Brasil tiene jurisdicción para juzgar al expresidente por diversos crímenes, como la tienen los tribunales internacionales.

Esta es la oportunidad de usar la indignación que provoca la tragedia Yanomami para promover la justicia y hacer con que Bolsonaro y sus cómplices sean responsabilizados por los horrores de su gobierno.