México ha estado experimentando una crisis aguda de derechos humanos desde hace varios años, pero la reciente desaparición de 43 estudiantes en la ciudad de Iguala constituyó un momento de quiebre. La población está indignada y expresa profundo enojo a través de manifestaciones, producciones culturales y todo tipo de declaraciones públicas. Como Ben Leather sostuvo recientemente en openGlobalRights, la situación actual ilustra la “doble cara” de las políticas de derechos humanos en México: una buena ciudadanía de derechos humanos en el exterior y un comportamiento cuestionable en casa.

En estos momentos, México está en una coyuntura crítica. En la opinión pública y política, se han vinculado los sucesos de Iguala con las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país; la crisis de legitimidad política en curso; la incapacidad del Estado para resolver todo tipo de problemas estructurales; y, finalmente, el déficit de legitimidad de un gobierno que está comprometido con el uso de reformas económicas al estilo de los años noventa para responder a “todos” los problemas del país.

Los ciudadanos están exigiendo que se dé información, y se tomen medidas, sobre los estudiantes desaparecidos, que renuncie el presidente y que se forme una nueva asamblea constituyente en 2017. Existe una desconfianza extensa y generalizada hacia las instituciones políticas, y una amplia gama de sectores sociales se están movilizando para promover y exigir cambios reales.

Esta confluencia de acontecimientos ha creado una oportunidad para las organizaciones de derechos humanos del país. De acuerdo con un informe del Proyecto de Organizaciones de Derechos Humanos elaborado por la Universidad de Minnesota y el CIDE, un instituto de investigación mexicano, las agrupaciones locales de derechos humanos cuentan con más apoyo popular del que creen. La aceptación de las ideas de derechos humanos entre el público general es alta, y lo es todavía más entre las élites sociales, políticas y económicas.

The year 2014 has been a sad one for Mexico, but the crisis has created a human rights opportunity.

Las agrupaciones mexicanas de derechos humanos deben aprovechar ese apoyo en estos tiempos de crisis. Deben desarrollar una coalición amplia, que incluya a toda la sociedad para promover cambios en torno a los derechos humanos y así aprovechar la confianza de la población para lograr reformas sólidas.

Sobre todo, las agrupaciones mexicanas de derechos deben aumentar su visibilidad ante la población general y mejorar sus vínculos con ésta. Una política vigorosa de “marketing social” con sus aliados en los medios masivos de comunicación y las redes sociales serviría para ampliar su influencia, visibilidad y apoyo, y contribuiría a replantear el discurso oficial en materia de derechos humanos. Esto es especialmente crucial ahora que el gobierno está intentando debilitar la legitimidad de las ONG al acusarlas de manipular a las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Las violaciones de derechos humanos en México tienen su origen en numerosas injusticias cometidas por diversos actores, incluidos el Estado, los integrantes del crimen organizado, las corporaciones etc. Lógicamente, la sociedad civil mexicana responde de formas diversas. Las organizaciones ambientales, campesinas y de las mujeres, entre otras, están desarrollando sus propias estrategias. Sin embargo, el Estado es una presencia ineludible en todas estas luchas y por lo tanto es un punto de convergencia entre ellas.

Con el Estado como común denominador, las agrupaciones de derechos humanos pueden movilizar a actores sociales distintos en torno a una bandera común. Las agrupaciones de derechos humanos pueden ayudar a coordinar estos esfuerzos diversos sin comprometer su especificidad. Como sostuve anteriormente en openGlobalRights, pueden hacerlo al actuar como mediadoras entre distintos actores y niveles, en dirección vertical u horizontal, y así crear sinergias políticas nuevas y progresistas. Con el Estado como común denominador, las agrupaciones de derechos humanos pueden movilizar a actores sociales distintos en torno a una bandera común.

Los activistas de derechos también tienen que ser creativos. ¿Por qué no utilizar nuevas formas de acercamiento hacia posibles aliados, incluidos los académicos, artistas y líderes progresistas? Por ejemplo, ¿qué tal si crean una serie de diálogos públicos con jueces federales simpatizantes? O, ¿qué tal si se comunican con los artistas que produjeron el video What is Happening in Mexico y los invitan a participar en una campaña colectiva?

Las agrupaciones de derechos humanos también tienen que encontrar nuevas maneras de presionar para implementar las políticas públicas importantes. Consideremos la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que reconoció los tratados internacionales de derechos humanos como parte integral de la Constitución mexicana y por lo tanto de aplicación obligatoria  a nivel nacional. Las agrupaciones de derechos humanos podrían desarrollar nuevas alianzas con universidades mexicanas para vigilar la puesta en práctica de esta reforma esencial.

El 2014 fue un año triste para México, pero la crisis ha creado una oportunidad en materia de derechos humanos. Es probable que aprovechar el momento no genere resultados inmediatos, ya que tomará tiempo interpretar esta coyuntura de forma creativa, sin embargo es un paso.

Con todo, la buena noticia es que las organizaciones de derechos humanos ya no están luchando solas, y que el público mexicano respeta y confía en su labor. Las agrupaciones mexicanas de derechos deben responder ofreciendo energía, ideas y estrategias nuevas.