Miembros de la Policía Federal Mexicana, en 2018. Foto: Presidencia de la República Mexicana. Algunos derechos reservados.

En ausencia de reformas, la policía en México tiene serios problemas para contener el crimen organizado. Obstáculos políticos e institucionales hacen muy difícil que la administración entrante logre poner el cuerpo de policía del país en condiciones de ejercer eficazmente su función.

Durante años, la reforma a la policía en México ha sido tema de polémica y debate. Sin embargo, poco se ha hecho para enfrentar la falta de capacitación de los agentes y apoyo adecuado, para corregir unos salarios de hambre, resolver la crónica carencia de personal y disminuir las largas jornadas de trabajo que a menudo les incapacitan para el servicio y les hace vulnerables a la corrupción y a la infiltración por parte de grupos del crimen organizado.

El público ha tomado nota de todo ello. De todas las fuerzas de seguridad de México, la que menos confianza inspira a los ciudadanos es la policía. Solo el 6,1% de los mexicanos confía en la policía federal y solo el 4,6% confía en la policía municipal, según entrevistas realizadas a 1.200 ciudadanos en agosto de 2018 para una encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados de México.

Solo el 6,1% de los mexicanos confía en la policía federal y solo el 4,6% confía en la policía municipal

Cerca de la mitad de los encuestados opinaba que las autoridades participaban en actividades criminales, y más del 27% opinaba que las autoridades, en general, no están cumpliendo con su labor.

Las consecuencias de la inoperancia de la institución policial en México son complejas. Por una parte, se registraron más homicidios en 2017 que en cualquier otro año y la violencia ha alcanzado nuevas cotas en 2018. Por otra parte, el panorama de la criminalidad en el país se ha vuelto progresivamente más fragmentado - y más violento -, en parte por la controvertida “estrategia anti capos” adoptada por el gobierno consistente en capturar o asesinar a los cabecillas de las organizaciones criminales.

Y la policía ha quedado atrapada en el fuego cruzado. En 2018, un agente de policía caía muerto cada día, casi la mitad de ellos policías municipales, según un estudio de la organización no gubernamental Causa en Común.

En toda Latinoamérica la reforma policial es una tarea monumental que requiere, para ser efectiva, considerable respaldo político e institucional. La falta de la voluntad política imprescindible para llevar a cabo la reforma ha dejado a la policía en México en situación de peligro.

Según Eric L. Olson, del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson, “La policía ha sido muchas veces, y sigue siendo en algunos casos, un instrumento de la élite dominante. Esto es especialmente cierto en los ámbitos estatal y municipal, donde la policía suele estar básicamente bajo el mando y dirección de políticos y gobernadores”.

En México, los políticos y, en particular, los gobernadores de los estados, tienen una larga tradición de corrupción y de mantener relaciones con grupos del crimen organizado, especialmente en algunas de las zonas de mayor conflicto como los estados de Veracruz, en la costa del Pacífico, y el de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, que son donde más se necesita la reforma policial.

En opinión de Yanilda González, profesora asistente de la Universidad de Chicago, que se dedica a investigar la actividad policial en Estados Unidos y Latinoamérica, esas relaciones pueden “incidir negativamente en cualquier tipo de reforma policial que se plantee. Reformar la policía implica la pérdida por parte de algunos políticos de su capacidad de dirigirla y de manejar los recursos policiales en función de sus intereses personales”. Y, señala González, “es poco probable que los políticos accedan a alterar esta relación implementando reformas que enajenen a la policía”.

Olson coincide en que implementar las reformas necesarias para profesionalizar la policía implicaría acabar con esa relación política. “Muchas veces los políticos y legisladores se niegan a reformar o profesionalizar el cuerpo de policía y por consiguiente lo debilitan y lo mantienen bajo su control”, agregó Olson.

A resultas de todo esto, los agentes de policía en México han perdido mucha legitimidad, especialmente en los municipios más afectados por la presencia y actividades de grupos del crimen organizado. Los habitantes de esos municipios sienten a menudo que su seguridad y su destino está en manos de grupos criminales o de grupos armados de autodefensa que ellos mismos han formado para defender a sus comunidades, como en el estado de Michoacán.

El plan de AMLO consiste en crear una “nueva” guardia nacional bajo control militar y destinar mayores recursos al ejército y menos a los servicios de investigación e inteligencia.

“Cuando el Estado está ausente o no ejerce su legítima autoridad, se producen efectos secundarios, como la sustitución del Estado por organizaciones criminales”, puntualiza Olson. “En esos casos, es extraordinariamente difícil volver a meter el genio en la lámpara”.

Por lo visto hasta la fecha de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su anunciada política de seguridad, la reforma de la policía tendrá que esperar.

López Obrador se ha comprometido, entre otras cosas, a crear una “nueva” guardia nacional bajo control militar y a destinar mayores recursos al ejército y menos a los servicios de investigación e inteligencia. Es probable que esto posponga las reformas que la policía de México tanto necesita, a la vez que puede impedir la contención de los índices de criminalidad y violencia en el país.

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Este artículo fue publicado previamente por InSight Crime. Lea el original aquí