Cientos de manifestantes ante la consejería de economía del gobierno de Cataluña protestan por la acción judicial del gobierno Español.. 20 de septiembre, 2017. Barcelona. Matthias Oesterle/Zuma Press/PA Images. All rights reserved.

“Encontrarse en minoría, incluso en minoría de uno, no significa estar loco. Hay verdad y hay mentira, y si te aferras a la verdad incluso contra todo el mundo, no estás loco.”

- George Orwell, 1984

Cataluña puede estar más cerca que nunca de declararse independiente, pero está cada vez más lejos de protagonizar la revolución democrática que muchos de sus partidarios nos quieren hacer creer. Los secesionistas han utilizado su ajustada mayoría parlamentaria para aprobar la ley del referendo y la ley de transitoriedad jurídica (una nueva legalidad sustitutiva de la española), saltándose las garantías legales, los informes de sus propios servicios jurídicos, el orden constitucional y las más elementales normas democráticas.

Las imágenes de un parlamento medio vacío durante la votación, mientras una diputada retiraba las banderas españolas dejadas junto a las catalanas por miembros de la oposición al abandonar sus escaños en señal de protesta, ilustra cómo el movimiento secesionista y la democracia liberal han emprendido caminos que se bifurcan. Tras esa aprobación irregiular de unas leyes anticonstitucionales, decidieron suspender las sesiones del parlamento hasta después del referendo.

Con el apoyo activo de la presidenta del Parlamento Catalán, que debería ser imparcial pero actúa como un miembro más del gobierno (cuando no regresa a su pasado de líder activista del independentismo), abrieron la puerta a convocar un referendo unilateral que ratifique su proyecto de secesión. El gobierno de Mariano Rajoy afirma que, siguiendo lo prescrito por el propio Tribunal Constitucional, no permitirá que ese referendo se celebre. Pero a medida que se acerca el 1 de octubre y los llamamientos a la cordura y al diálogo no surten efecto, parece que estamos en pleno choque de trenes, o mejor, ante el choque del tren contra el muro de la legalidad democrática.

Fines legítimos no justifican medios ilegítimos

Es importante reconocer que el nacionalismo a menudo proviene de la percepción de una humillación histórica sufrida por los que sienten íntimamente su pertenencia a un patria. Pero ese legítimo sentimiento de humillación no puede explicar por sí solo el fuerte aumento del apoyo a la independencia en Cataluña – del 15% en 2009 al 41% en 2017. Una durísima crisis económica, errores obvios del gobierno español, una narrativa populista culpando a Madrid de todos los fracasos propios y ajenos, y una maquinaria de propaganda bien engrasada proporcionan una mejor – y más plausible – explicación de la efervescencia actual.

Cataluña puede estar más cerca que nunca de declararse independiente, pero está cada vez más lejos de protagonizar la revolución democrática que muchos de sus partidarios nos quieren hacer creer. 

Los nacionalistas han buscado con ahínco una mayoría suficiente para declararse independientes. Pero ni en 2012, cuando miles de ciudadanos exigieron una nación propia y su presidente se puso al frente declarando que había escuchado la voz del pueblo y convocó nuevas elecciones, para guiarlos como un mesías a la libertad anhelada., lo consiguieron, sino que perdió 12 escaños. Tampoco obtuvo una mayoría en 2014, cuando organizó un referéndum declarado ilegal y convertido en no oficial y festivo, puesto que solo participó el 33 % del censo electoral. Tampoco en una nuevas elecciones, declaradas plebiscitarias, de septiembre de 2015 (las terceras en 5 años), las fuerzas secesionistas alcanzaron sus objetivos electorales, aunque en vez de reconocerlo, decidieron que menos del 48% de los votos resultaban más que suficientes para conseguir la independencia.

Aunque las últimas encuestas indiquen que el 61% de los catalanes está en contra de un referendo unilateral y que menos del 40% está a favor de la independencia de Cataluña, nada parece frenar las ansias de los secesionistas de imponer su voluntad. Imponer, con malas artes, la ley del referendo y la ley de transitoriedad rompiendo la legalidad constitucional ha provocado que el gobierno de Madrid ejerza su poder coercitivo (siempre tan antiestético) y abrir la puerta a la tergiversación populista que pretende establecer lo que es y lo que no es la democracia. Este nuevo y definitivo error ha privado al movimiento secesionista de cualquier legitimidad que alguna vez pudiera haber tenido. Porque en las democracias, los fines, por justos que puedan ser, jamás pueden justificar medios injustos.

Tergiversando la democracia

Un Parlamento medio vacío es una alegoría de lo que está sucediendo en Cataluña. Es cierto que los secesionistas cuentan con 72 escaños (la mayoría está en 66), pero no es menos cierto que solo cuentan con menos del 48% de los votos. Con esta mayoría parlamentaria pueden legislar, aprobar presupuestos, debatir y ganar mociones a la oposición, y si fracasan en su acción de gobierno, acabado el período de legislatura los ciudadanos pueden volver a decidir qué mayorías y minorías quieren. Pero aquellas decisiones que son irreversibles, que afectan el futuro de un país – y de millones de personas – para muchas generaciones no pueden ser impuestas por menos de la mitad del electorado. Aún así, en esta legislatura quedó claro que a las autoridades catalanas solo parece interesarles estampar un sello de aprobación popular por medio de movilizaciones en la calle sobre una secesión que han decidido sin tener en cuenta a la mayoría de sus ciudadanos expresada en las urnas.

Diputados pro-independentistas celebrando la aprobación de la ley del referendo en el Parlamento de Cataluña. 6 de septiembre de 2017. Barcelona, España. Jordi Boixareu / Zuma Press/PA Imágenes. Todos los derechos reservados.

Los referendos no son una herramienta democrática per se. Se prestan a manipulaciones, a polarizaciones que falsean la realidad multipolar de la sociedad, y son asimétricos. Si ganan sus promotores, el resultado es irreversible, si pierden, volvemos a votar. Véase lo que quieren hacer los nacionalistas en Escocia. Perdieron, pero si hubiesen ganado, ya no habría marcha atrás ni más referéndums por más que la mayoría cambiase, como suele cambiar en países libres y democráticos.

Un Parlamento medio vacío es una alegoría de lo que está sucediendo en Cataluña.

Así, no todas las decisiones alcanzadas por mayoría son necesariamente democráticas. Los pesos y contrapesos y la separación de poderes existen por muchas razones: una de ellas evitar que las decisiones que pueden afectar negativamente a las minorías sean aprobadas sin más. Es por este motivo que el procedimiento para cambiar la Constitución, que es la ley de leyes, requiere una mayoría reforzada de dos tercios y difiere del procedimiento requerido para aprobar un proyecto de ley ordinario. Eso no lo hace menos democrático. Lo hace democrático.

La celebración de un referéndum de autodeterminación unilateral e inconstutucional, en estas circunstancias, sería simplemente ir contra lo que las democracias parlamentarias y los referendos legales y acordados representan. Violaría el derecho internacional, los principios internacionales, el derecho nacional, e incluso el derecho autonómico. Si no cumple con los requisitos formales requeridos por una consulta seria, ¿cómo podemos hablar de un referéndum democrático?

Los referendos no son una herramienta democrática per se. Se prestan a manipulaciones, a polarizaciones que falsean la realidad multipolar de la sociedad, y son asimétricos. 

Una solución política debe reconocer la realidad por encima del sentimiento

La polarización que rodea este proceso plantea muchas preguntas. Pero garantiza una cosa: este proceso dejará una cicatriz muy fea, una sociedad dividida, vencedores y vencidos.

Mariano Rajoy debe resistirse a suspender la autonomía de Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución, como lo ha hecho hasta ahora. Esto supondría caer en trampa tendida por los secesionistas, y alimentaría la percepción generalizada de que Cataluña está siendo reprimida y de que la culpa estaba, está y siempre estará en Madrid.

Pero, aunque esto no parece que sea el sentimiento de muchos, la realidad es que Cataluña es una sociedad libre. Emoción y realidad no van siempre de la mano. Pero Cataluña maneja su política educativa, sus hospitales, sus servicios públicos. Tiene su propia policía, sus propios medios de comunicación. Cataluña no es Kosovo, no sale de una guerra. Y no ha sido invadida por un ejército extranjero, como Ucrania.

Aunque esto no parece que sea el sentimiento de muchos, la realidad es que Cataluña es una sociedad libre. Emoción y realidad no van siempre de la mano. 

España, contrariamente a lo que ha dicho el señor Puigdemont, el actual presidente catalán, es un Estado democrático. Y serlo supone salvaguardar la coexistencia entre todos los miembros de la sociedad y proteger la libertad de todos los ciudadanos. No sólo de los que piensan como él. Su gobierno se ha distinguido en gobernar sólo para una parte de los catalanes, los que considera suyos. Lo que está en juego es la coexistencia entre españoles. Y entre los catalanes. La voz de un ciudadano catalán ondeando una bandera española vale tanto como la voz del ciudadano catalán ondeando una estelada (bandera independentista), y sin embargo uno será considerado catalán, incluso buen catalán, y el otro mal catalán, o incluso no catalán, a la vista de cómo han gobernado hasta ahora los nacionalistas.

Afortunadamente, nos une mucho más de lo que nos separa. Los terribles atentados de este verano en Barcelona deben servir para recordarnos que vivimos en sociedades abiertas, libres y diversas, y que existe el objetivo común de vivir en paz y luchar contra los que quieren imponernos la fuerza de su razón . Y que es en estas sociedades donde queremos seguir viviendo. Los catalanes deberían poder votar, pero en el marco de la ley, no de esta manera. De hecho han votado 38 veces desde la restauración de la democracia. Las leyes y los procedimientos electorales existen para proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad.

La voz de un ciudadano catalán ondeando una bandera española vale tanto como la voz del ciudadano catalán ondeando una estelada. 

España no está tratando de amordazar a 7,5 millones de personas por la fuerza, como sugirió Assange en Twitter. Y ciertamente no tiene miedo de escuchar aquellos que quieren hacer oír su voz. Lo que el gobierno español teme, como todos los que creemos en la democracia tememos, es a aquellos que afirman defender la libertad, los derechos humanos y el gobierno de la ley, mientras que la socavan y la retuercen a su favor. La democracia, escribió Albert Camus, no es la ley de la mayoría, sino la protección de la minoría.