Hubo quienes celebraron que Otoniel se fuera a Estados Unidos a enfrentar la justicia por traficar droga hacia ese país. Otros critican la salida del actual capo del narcotráfico sin que pague primero por sus crímenes en Colombia por lavado de activos, extorsión, conformación de grupos armados ilegales y abuso de menores. Estos últimos también hicieron énfasis en lo importante que es Otoniel debido a las pruebas que ha dado en sus testimonios contra militares y policías, supuestamente vinculados a las redes criminales de las que ha sido parte en el conflicto armado colombiano.

Después de la extradición del capo, el Clan del Golfo desató una represalia inmediata. El jueves 5 de mayo, el Clan, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los "urabeños" o Clan Úsuga, hizo circular un panfleto donde decretaban "4 días de paro armado", durante los cuales estaba prohibido "abrir negocios de ninguna índole" o "movilizarse en ningún tipo de transporte", a partir de ese mismo día. El panfleto terminaba con una amenaza que decía que habría "consecuencias desfavorables" para quienes incumplieran las medidas.

Según información del gobierno colombiano, esta organización ya cuenta con 3.800 integrantes. Sin embargo, el presidente Iván Duque, en recientes declaraciones aseguró que son sólo "reductos".

El primer día del paro armado se registraron intimidaciones y suspensión prácticamente total de las actividades en los departamentos de Sucre, Antioquia, Bolívar y Córdoba, en el noroccidente del país En las redes comenzaron a circular fotos de casas marcadas con mensajes como "AGC. Paro armado X 4 días", e imágenes de carros y camiones quemados. El 6 de mayo, el gobierno activó la póliza antiterrorismo luego de que ya se habían quemado más de 50 carros que no estaban acatando el paro.

En el Chocó, las indicaciones eran más extremas: nadie podía salir a la calle. La situación sólo empeoró los días siguientes. Según la Fundación Paz y Reconciliación entre el 5 y el 10 de mayo hubo 24 asesinatos, 21 ataques a establecimientos, 91 ataques a carros, buses o camiones, tres enfrentamientos armados, cuatro bloqueos de vías y miles de civiles preocupados por el desabastecimiento de medicamentos y comida y un número indeterminado de propaganda sobre el Clan del Golfo debido al paro armado.

El Clan es el dueño del territorio

Aparte del miedo y los destrozos, el paro dejó clara la magnitud de la presencia territorial del Clan en el noroccidente y la costa atlántica. La respuesta del Estado, específicamente del presidente Duque, fue lenta y poco eficaz. Duque no anticipó el paro; cosa que podría haber hecho dado lo que representa 'Otoniel' para los grupos al margen de la ley en Colombia. Así mismo, se demoró en intervenir y el Clan del Golfo logró causar terror e intimidar a cientos de personas durante cuatro días. Incluso peor, las estrategias que anunció para detener el paro y evitar que algo así vuelva a suceder sólo refuerzan una idea: la política de seguridad de Duque es un fracaso.

El primer día de paro el presidente Duque ni siquiera reconoció o habló de la situación. Quien lo hizo fue el ministro de defensa, Diego Molano, que al final del día dijo que la Fuerza Pública iba a llegar con dispositivos de seguridad a las zonas que controla el Clan. Esta respuesta lenta hizo que varios municipios quedaran completamente inactivos y cercados desde el comienzo del bloqueo.

Al día siguiente todo escaló, hubo atentados, comenzó la quema de carros y los asesinatos. Molano hizo un consejo de seguridad para sacar reportes de la situación. El sábado 7 de mayo, tercer día del paro, el gobierno anunció un aumento de la fuerza en los departamentos más afectados. Solo hasta ese día en la tarde Iván Duque se comunicó con los colombianos y dijo lo siguiente: “Buscan generar intimidación a través de hechos aislados y atentados cobardes, que buscan tener maximización a través de redes sociales y medios de comunicación. Tratan de mostrar desesperadamente una fortaleza que no tienen”.

La realidad, sin embargo, era otra: ya había más de 140 municipios bajo el bloqueo, con muertos y miedo. El cuarto día, Molano anunció que veía una "desescalada" del paro y anunció la creación de un bloque de búsqueda para capturar o dar de baja a "Chiquito Malo" y a "Siropas", los nuevos altos mandos de la organización criminal. Sin embargo, a la vista de que la captura de 'Otoniel', líder absoluto, no le hizo ninguna mella al Clan, no pareciera que capturar más cabecillas sea la respuesta adecuada a un paro armado que logró aterrorizar al país por cinco días.

El Gobierno, como con las FARC, sigue enfocándose en los objetivos de alto valor. Esto funcionaba con las FARC porque era una organización vertical, pero el Clan del Golfo no es así. Aunque hay cabezas visibles, es una organización mucho más horizontal, con múltiples subestructuras.

Así, el Clan del Golfo no sólo detuvo el país, sino que le dio un golpe al Gobierno y a su promesa de entregar un país más seguro y en "paz con legalidad". En abril de 2022, Duque defendió ante el Consejo de Seguridad de la ONU el programa del mismo nombre (Paz con legalidad), que es la forma en la que Duque rebautizó el Acuerdo y qué, según él, tiene un enfoque integral.

La historia detrás de la historia

La historia del paro armado no se reduce a la extradición de 'Otoniel' o al paro en sí.

Todo comenzó con la captura de 'Otoniel',el 23 de octubre de 2021. Seis días después, la Corte Suprema de Justicia aprobó su extradición a Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de Nueva York lo requirió por "cargos de narcotráfico" en una investigación que venía en curso desde 2009.

Este pedazo de la historia es relevante, porque 'Otoniel' mismo le pidió a la JEP (Justicia Especial para la Paz, tribunal transicional creado por el acuerdo firmado con la FARC en 2015) que frenara su extradición e incluso se ofreció para ser "gestor de paz como reparación". Para lograrlo, 'Otoniel' dio testimonio al tribunal y a la Comisión de la Verdad. En ellos, mencionó su participación en el conflicto armado, en lugares como Urabá, y también sobre los llamados 'falsos positivos' (ejecuciones extrajudiciales de civiles) y el rol del Ejército colombiano en ellos.

En esos testimonios Otoniel prometió, incluso, lograr que el Clan del golfo dejara de atacar en los lugares donde actúa, que son más de 200 municipios de Colombia (casi una quinta parte de los 1.103 municipios que tiene el país). La JEP, sin embargo, no aceptó este trato porque 'Otoniel' nunca le dio las pruebas suficientes para demostrar que podía manejar a las cabezas del Clan. Así, la extradición de 'Otoniel' se firmó y, aunque intentó impugnar, no lo logró.

Cuando habló en público afirmó que el ejército colombiano tiene lazos y alianzas con el Clan del Golfo, y que el dinero del Clan provenía, en parte, de políticos, empresas y universidades. A esto añadió que a él no lo capturaron, sino que se entregó. En ese momento, el Consejo de Estado frenó su extradición a través de una tutela (recurso de amparo). Sin embargo, el pasado 4 de mayo el mismo Consejo levantó la medida cautelar y se reanudó el proceso de extradición. 'Otoniel' fue enviado al día siguiente a Estados Unidos en medio de un impresionante operativo de seguridad, justo unas horas antes de asistir a una entrevista que tenía programada con una de las cadenas de televisión más vistas del país

En su alocución presidencial, Duque volvió a comparar a 'Otoniel' con Pablo Escobar y afirmó que el capo pagará su condena en Estados Unidos, y que luego volverá a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en el país. Las reacciones de las víctimas del conflicto y sus familiares no se hicieron esperar; para ellos la extradición del capo sólo aumenta la impunidad en los casos de violencia por parte del Clan del Golfo.

Clima de guerra

A diferencia del presidente, los candidatos presidenciales respondieron casi inmediatamente al paro armado.

Gustavo Petro, el candidato del Pacto Histórico, coalición de izquierda, publicó un comunicado en el que dijo que: “Rechaza estas amenazas y acciones que atentan contra los derechos ciudadanos, a la seguridad de las personas, las campañas y la libre circulación”. A eso añadió un polémico mensaje en el que afirmó que “quería el uribismo sembrar terror al pueblo y lo ha logrado en el Caribe”. Dentro de los testimonios de ‘Otoniel’ hay una lista de 64 nombres de personas y organizaciones aliadas con actividades ilícitas entre las que están a varios miembros del uribismo.El paro, entonces, reitera que la violencia política sigue viva en el país, a pesar de décadas de duras políticas de seguridad y del proceso de paz con las FARC (2015) y los paramilitares (entre 2022 y 2006)

Sergio Fajardo, candidato de la coalición de centro, afirmó que “el paro armado del Clan del Golfo nos devuelve más de 20 años en la historia del país por el fracaso de política de seguridad de Duque. Las capturas no resuelven por sí solas el problema. La presencia integral y permanente de la institucionalidad en los territorios no da espera”.

A esto agregó que “Antioquia, Córdoba y Sucre están paralizados por la criminalidad. Esto no se soluciona solo con la fuerza pública. El Acuerdo de Paz traza el camino para fortalecer la lucha contra estructuras criminales y garantizar condiciones de seguridad en las regiones”. Y no se equivoca, el paro sí lleva a Colombia años atrás en su historia y recuerda las épocas de enfrentamientos más duros entre los paramilitares, las FARC, el ELN y la fuerza pública, a pesar de que el Acuerdo de paz trazó una ruta clara sobre cómo evitar que la violencia siga siendo ley en Colombia.

Federico, 'Fico' Gutiérrez, candidato de la coalición de derecha, dijo en su cuenta de Twitter que “Los promotores del paro armado en venganza por la extradición de ‘Otoniel’ básicamente les están diciendo a los pequeños tenderos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Sucre y Córdoba que, si abren sus tiendas en los próximos 4 días, los matan. Y hay quienes todavía defienden a ‘Otoniel’". Gutiérrez también tiene razón, pues a quienes realmente afectan desproporcionadamente los paros armados es a los colombianos de a pie. Y eso no puede seguir.

En temas políticos, el paro dejó claro que la violencia política sigue viva en Colombia. No solo por los enfrentamientos entre los diferentes partidos, sino porque deja un clima de zozobra de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Aunque se sabía que iban a ser unas elecciones reñidas entre e ideologías opuestas, se esperaba también que fueran pacíficas.

Sin embargo, la realidad ha sido otra. El 2 de mayo el candidato Gustavo Petro denunció que políticos regionales, policías militares y la banda criminal La Cordillera estarían planeando asesinarlo. A raíz de esto, Petro y su equipo de campaña tuvieron que suspender la gira que tenían programada para el 3 y 4 de mayo en el Eje Cafetero.

En el informe que hizo su equipo de seguridad sobre la presunto plan para asesinarlo, hay datos específicos sobre un evento en el que Petro iba a estar en Dosquebradas, municipio del departamento de Risaralda, y que habría sido uno de los lugares para asesinarlo debido a que era un evento al aire libre. El informe también detalla que se le habían pagado sumas por adelantado de entre 500 y 2.500 millones de pesos colombianos a varios sicarios.

La situación recordó que en Colombia el asesinato de candidatos y opositores sí ha funcionado como estrategia política. Para no ir muy lejos, vale la pena recodar el asesinato de Luis Carlos Galán, líder del Nuevo Liberalismo en 1989, quien era el favorito para ganar la elección presidencial de ese año. Así, hay razones suficientes para temer específicamente por la vida del candidato de izquierda, Gustavo Petro, quien, desde que fue alcalde de Bogotá (2012–2014; 2014–2015), ha pasado por encima de todas las tradiciones políticas colombianas.

El paro también hace eco del reciente asesinato de Marcelo Pecci, fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, el pasado 10 de mayo en la isla Barú, cerca de la ciudad turística de Cartagena de Indias. Pecci estaba con su esposa en su luna de miel cuando recibió varios disparos mortales en una playa por dos hombres que llegaron en jetski. Pecci adelantaba sendas investigaciones contra bandas dedicadas al crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiación del terrorismo en su país, con estrechos vínculos con otras organizaciones criminales de la región. Su muerte reiteró que Colombia es un país donde la violencia no cesa.

Aunque el paro armado del Clan del Golfo terminó oficialmente el 10 de mayo, el gobierno colombiano sigue en deuda con la gente que se pregunta cómo es posible que una banda criminal se tome más de cinco departamentos, por cinco días, sin que nadie haga nada. Los colombianos le reclaman al gobierno su falta de acción, que contrasta con la dura respuesta que dio a las manifestaciones sociales del año pasado, en las que, en menos de un día, ya estaba el Esmad (escuadrón antidisturbios de la policía colombiana) disparando a civiles en las calles de las principales ciudades del país.

Con este panorama, las elecciones del 29 de mayo llegan con muchas expectativas y con un clamor: Colombia necesita urgentemente un cambio, que le permita a sus ciudadanos vivir, de una vez por todas, en paz.