El año 2021 estuvo marcado por incentivos legales del gobierno de Jair Bolsonaro para flexibilizar las restricciones a la tenencia y portación de armas en Brasil. En un esfuerzo por emular el enfoque de los Estados Unidos hacia las armas, el presidente realizó su campaña electoral sobre esta plataforma, popularizando el gesto de imitar armas con los dedos y eventualmente introduciendo 30 decretos sobre el tema. Algunos de los decretos que facilitaban el “registro y adquisición de armas y municiones por parte de los cazadores, recolectores y tiradores” (entre otras cosas) luego enfrentaron resistencia del Senado. Esta resistencia no sorprende, ya que según un censo de 2019 (su primer año en el cargo), la mayoría de la población brasileña estaba en total desacuerdo con la idea de que relajar las leyes de armas se traduciría en más seguridad pública.
También hay consenso entre los investigadores y las ONG en que las regulaciones laxas sobre la propiedad y posesión de armas exacerban la violencia y pueden fomentar el crecimiento y el abaratamiento del comercio ilegal de armas en el país. El desvío de armas legales a la ilegalidad ya era un problema antes de estos decretos, con casi 20.000 armas en los 10 años previos a 2016, cuando el informe fue publicado por una comisión parlamentaria de investigación (CPI). Esto significa que popularizar la cultura de las armas en Brasil no se trata de combatir el crimen organizado, sino todo lo contrario: de aumentar la oferta de armas.
El problema de implementar un principio político estadounidense sobre las armas en Brasil, además de ni siquiera funcionar en su país de origen, es que la sociedad brasileña se enfrenta a una mayor desigualdad económica. Esta disparidad de clase está representada en la demografía que se posiciona en el tema de las armas.
