Las categorías censales o de "color de la raza" en Brasil abarcan supuestamente tonos de piel que van desde los muy claros a los muy oscuros (a grandes rasgos, desde el branco (blanco), el pardo (marrón) y el preto (negro), hasta el indígena (nativo), (sea cual sea ese color), de manera que casi el 99% de la población es "blanca", "morena" y "negra" (en ese orden, por supuesto), y el censo utiliza los términos "color" y "raza" indistintamente.

Naturalmente, hay otros factores en juego, como la edad, el género, la región y el estatus socioeconómico, de modo que una persona de piel clara con un trabajo bien pagado puede ser considerada branco, pero los pretos rara vez escapan al estatus que se les marca -desde el momento de la concepción- como color de piel. En categorías como los ingresos, el nivel de estudios, la ocupación y el estatus socioeconómico que suelen explorar los investigadores, estas categorías de raza y color ya están integradas en los resultados.

El color también cambia de región a región, de norte a sur. Una persona etiquetada como pardo en Salvador, Bahía (noroeste), podría ser preto en Curitiba, Paraná (sureste). Es más difícil ser branco en Rio Grande do Sul que en Sergipe. Como siempre, el color de la piel es una categoría analítica idiota y poco útil, pero que sirve para mantener a la gente en su sitio.

Y es incluso más complicado que eso. En Brasil, el racismo suele entenderse en sentido estricto como anti-negro. Pero los prejuicios y el odio hacia los pueblos indígenas (unos 900.000 en unos 300 grupos étnicos) no se consideran motivados por la raza, sino, al parecer, por otro tipo de hostilidad.

Así, cuando Lula presentó la Secretaría de Promoción de la Igualdad Racial durante su último mandato, ésta se centró en los "afrodescendientes" e ignoró a los pueblos indígenas y también a los asiáticos, especialmente a los chinos (250.000) y a los japoneses (2,1 millones, la mayor población japonesa fuera de Japón), que también sufren el racismo, al igual que los inmigrantes de países como Bolivia y Venezuela.

La lógica de esta forma de definir el racismo hace que algunos grupos sean ignorados y otros queden exentos. Así, por ejemplo, las denuncias de antisemitismo son escasas y los judíos (unos 120.000) llevan una vida religiosa abierta y están bien integrados en todas las esferas de la sociedad brasileña.

Después de los horrores del nazismo, la UNESCO publicó un documento titulado "La cuestión racial", redactado por un comité de expertos blancos, entre los que se encontraba Claude Lévi-Strauss, y revisado por el antropólogo Ashley Montagu después de las críticas expresadas por otros expertos, entre los que se encontraban Julian Huxley, Gunnar Myrdal y Joseph Needham (y ninguna mujer a la vista).

El informe enturbió aún más las aguas cuando la versión modificada, cambiando el grupo étnico por la raza, llegó a la ofuscadora conclusión de que "sería mejor, al hablar de razas humanas, dejar de lado el término 'raza' y hablar de grupos étnicos", reservando raza "para la clasificación antropológica de grupos que muestran combinaciones definidas de rasgos físicos (incluidos los fisiológicos) en proporciones características". Y declaraba que Brasil tenía una "situación ejemplar" en cuanto a las relaciones raciales, y que esta "armonía" debía ser explorada en futuras investigaciones.

En realidad, esa "armonía" no estaba tan lejos de lo que el sociólogo Gilberto Freyre fantaseaba en su libro Casa-Grande e Senzala (1933). Era "una casi maravilla de acomodación: del esclavo al amo, del negro al blanco, del hijo al padre, de la mujer al marido".

El resultado involuntario fue que el documento de la UNESCO suscitó grandes dudas sobre la supuesta "democracia racial" de Brasil y, finalmente, con el influyente estudio de Nelson do Valle Silva (1985), "Actualización del coste de no ser blanco en Brasil", el efecto posterior fue una dicotomización blanco-negro con pardos y pretos en una única categoría negra, y brancos en otra. Las tres primeras divisiones del sistema censal oficial fueron denunciadas como un ataque a la "conciencia negra", mientras que la parte indígena fue más o menos ignorada.

En los años 90, el gobierno instaba a la población no blanca a identificarse como negra, sobre la base de la ascendencia africana y (supuestamente) con independencia del color de la piel. Negro no es lo mismo que pardo o preto y, desde luego, no es un término de no-blancura que represente a un determinado grupo social racializado.

La mayoría de los brasileños no blancos no querían identificarse como negros, pero probablemente esto se debía más al estatus socioeconómico que al color de la piel. El principio de autoidentificación se fue al traste, al igual que las "particularidades de las diferentes historias colectivas", y la pregunta que siempre se plantea es: ¿por qué el color de la piel desencadena prejuicios explícitos e implícitos y, muy a menudo, una violencia extrema?

En todas estas cavilaciones, se omitió el hecho primordial de fondo: la esclavitud implicó automáticamente la deshumanización de los africanos y sentó las bases de una jerarquía racial en Brasil en la que los descendientes negros de los esclavos estarían siempre subordinados a los blancos.

En cuanto a las estadísticas, a veces hablan con claridad o, al menos, apuntan a otro capítulo de la abominable historia del racismo mundial, una historia de derechos humanos en la que las violaciones incluyen no sólo el despojo de derechos sino también, en muchos casos, de la condición de "humano".

Esta historia suele evitarse porque lleva a cuestionar la corrosión humana y física del capitalismo, un sistema en el que los pretos, cuyo trabajo esclavo fue esencial en su construcción, están muy alejados de las esferas de poder, riqueza y decisión. Por el contrario, están condenados a la marginación.

En Brasil, los pretos representan el 75,2% de la población en el grupo de ingresos más bajos, mientras que la cifra de la población general es del 25,4%; un preto sólo recibe el 56,1% del salario de un branco; y el 32,9% de los pretos viven por debajo del umbral de la pobreza (5,50 dólares al día), mientras que el 8,8% se encuentra en la pobreza extrema (1,90 dólares al día).

A diferencia de Estados Unidos, el mestizaje -también barrido bajo la alfombra con la racionalización binaria del color- tuvo un papel importante en la construcción de la nación brasileña. Los colonos blancos (sólo el 38% de la población en 1872) eran abrumadoramente masculinos y superaban en número a los no blancos, por lo que las autoridades coloniales fomentaron las relaciones (normalmente no consentidas) con las mujeres indígenas y esclavas o, digamos, su violación.

No se trataba de la armonía del arco iris, sino de una "forma de borrar la identidad negra", especialmente después de la abolición, cuando el gobierno se propuso "blanquear" Brasil, con políticas como el cierre de las fronteras a los inmigrantes africanos, el fomento de los trabajadores europeos y la negación de los derechos sobre la tierra a los descendientes de los esclavos.

También había una base ideológica más amplia, como se puso de manifiesto cuando el antropólogo João Baptista de Lacerda aportó su granito de arena a la eugenesia en el Primer Congreso Universal de Razas celebrado en Londres (1911) con el artículo Sur les métis au Brésil, en el que preveía que "las corrientes de inmigración europea, que aumentan cada día el elemento blanco de esta población, acabarán, al cabo de cierto tiempo, por sofocar los elementos en los que aún puedan persistir algunos rastros del negro".

Si estas políticas no "criaron el color" (como también se intentó en Australia) con intención genocida, sí pasaron al vacuo (y vicioso) intento de clasificar a las personas por el color de la piel (en 136 tonos diferentes, como descubrió el Departamento del Censo en 1976). La desigualdad racial era simplemente inherente al color. Nacer negro. Nacer pobre. De por vida. Mala suerte.

Mezclar pardos y pretos también tiene el conveniente efecto secundario de ocultar la vibrante y combativa historia social de los quilombos, una palabra que contiene indicios de por qué esta historia ha sido tan distorsionada con absurdas categorías raciales. Los quilombos se remontan a mediados del siglo XIX, cuando grupos de esclavos africanos fugados y sus descendientes unieron sus fuerzas para resistir la recaptura en comunidades fortificadas y unidas en tierras de difícil acceso, lejos de las plantaciones.

La palabra quilombo viene de kilombo (literalmente "campamento de guerra") en la lengua bantú kimbundu y suele traducirse como palenque en español. Por lo tanto, es una palabra de lucha que también ha llegado a significar problemas en otras partes de América Latina, como en el lunfardo argentino, donde significa "burdel" o "gran lío", y un quilombero es un alborotador.

Para la clase dirigente brasileña, los esclavos fugados eran un "gran lío", especialmente cuando estos quilombolas o cimarrones (del francés, que significa asilvestrados) no sólo fundaron asentamientos en el interior, sino que también dieron refugio a otras minorías, como portugueses forasteros, indígenas, judíos, árabes y otros brasileños no negros. Gestionaron sus tierras de forma comunitaria, plantando semillas que habían traído de África Occidental y de las plantaciones, y cultivos como la mandioca que los indígenas les enseñaron a producir y cosechar.

Los quilombolas han conservado las semillas heredadas durante siglos y han transmitido sus conocimientos agrícolas a los pequeños agricultores vecinos, además de desarrollar sistemas agroforestales complejos y sostenibles.

En 1988, los derechos de los quilombos fueron reconocidos en la nueva Constitución, tras dos décadas de dictadura militar, en un intento de reconocer a las minorías que hasta entonces habían sido consideradas no ciudadanas, y de refutar la idea general de una población esclava dócil. Pero esto sólo reclasificó a los quilombos rebeldes como "riqueza del patrimonio brasileño", ahora desfigurada al ser agrupada, en el artículo 216, con los sitios de valor artístico, histórico, arqueológico y ecológico.

La Fundación Cultural Palmares, encargada de identificar y legalizar las tierras de los quilombos, pasó a depender del Ministerio de Cultura y no del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que se ocupa de las reclamaciones de tierras. Las pruebas que debían utilizarse en las reclamaciones hacían referencia a categorías como "identidad étnica", "mito de los orígenes" y "memoria del quilombo", perpetuando así el viejo problema.

Luego, en los siete años siguientes, ninguna comunidad vio reconocidos sus derechos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque reconocer debidamente los derechos de los quilombos con una redistribución de tierras a tan gran escala habría constituido una verdadera revolución.

En 2018, 130 años después de la abolición de la esclavitud, cuando se liberaron al menos cuatro millones de esclavos africanos, unos dieciséis millones de quilombolas, como se conoce a sus descendientes, vivían en unos 5.000 asentamientos del interior. Sólo unos 250 quilombos, que representan a 31.000 familias, tienen títulos de propiedad de las tierras que ocupan, pero muchos siguen sin tener acceso a la electricidad y al agua corriente. Al resto se le niegan beneficios como la vivienda subvencionada y son vulnerables a las amenazas de los madereros y mineros ilegales.

Por ejemplo, en 2021, y sólo en el estado de Maranhão, fueron asesinadas nueve personas, en su mayoría activistas por el derecho a la tierra. Como espacios históricos de resistencia negra, los quilombos -especialmente la enorme comunidad de Palmares (1600 a c.1700) en el interior de Bahía, con más de 30.000 ciudadanos, aproximadamente el tamaño geográfico de Portugal, y famosa por su danza guerrera capoeira- no sólo son poderosos símbolos de resistencia, lucha, fuerza cultural y autonomía política y territorial, sino que también son tierras y hogares tan precarios que la lucha de los quilombos aún continúa 500 años después. De los veinte millones de hectáreas de territorio que reclaman los quilombos, sólo un millón han sido titulados.

En la década de 1970, la activista por los derechos de los negros Beatriz Nascimento (asesinada en 1995) describió los quilombos no sólo como espacios geográficos específicos, sino también como una práctica política y cultural, y un medio de supervivencia para los negros brasileños, que se expresa como formas de vida y estrategias de supervivencia comunitaria en las favelas de hoy. Así, vinculó historia, tiempo y espacio (también transatlántico, por la espacialidad creada por la trata de esclavos y la larga sombra que proyectó), memoria, comunidad, identidad, lucha y posibilidades políticas.

Para Nascimento, los quilombos no eran lugares fijos. Existían en la literatura, en la historia y en las personas. En las favelas, el espíritu de los quilombos se expresa en los balie Blacks (fiestas de baile de los negros) y en los terreiros (la casa ritual del candomblé), que también se consideran autónomos, e históricamente se les tacha de criminales. Los más jóvenes, ante el recrudecimiento de los conflictos raciales en la actualidad, han visto la necesidad de aquilombar y lo han hecho a través de las redes sociales, el arte y la literatura.

La escritora y activista Bianca Santana observa: "Estamos viendo una proliferación de aquilombamentos -en las favelas, en las universidades, en los movimientos literarios, en el hip hop- porque la comunidad negra necesita reorganizarse".

Incluso se ha intentado organizar un quilombo en el Congreso ya que, como escribe Gaby Conde, "no se nos abre ninguna puerta voluntariamente". En 2017, el movimiento Vamos de Preto se lanzó como un quilombo actual que pretende formar líderes negros para desafiar los espacios de poder en la política institucional.

Los pretos representan el 54% de la población pero, en el Congreso, solo 24 de los 513 (4,7%) miembros eran negros en 2018. Conde conecta la favela y el quilombo: "somos las personas que se mantienen en las favelas-senzalas [barrios de esclavos]. ¡Y por eso queremos hacer nuestro quilombo en el Congreso Nacional! Porque si todavía hay una senzala, que sea la fuerza de nuestra insistencia en existir y resistir. Como nuestros antepasados!"

En São Paulo, la Comunidade Cultural Quilombaque, "un movimiento político cultural gobernado por los tambores", está haciendo frente a los problemas y dilemas de un barrio periférico, especialmente la pobreza, la violencia y las amenazas de pérdida del espacio físico de la comunidad. Sin embargo, Selma Dealdina, secretaria ejecutiva de la ONG CONAQ, que representa a la mayoría de los quilombos rurales, advierte que las comunidades urbanas que utilizan el término quilombo deben trabajar por los derechos de los quilombos rurales, y no sólo apropiarse del término: "aquilombar tiene que significar ayudar a los demás. Si no, es sólo una moda".

El presidente Jair Messías Bolsonaro tiene una versión de la historia que absuelve al Estado y a la sociedad de cualquier crimen de esclavitud y del consiguiente racismo arraigado. Los propios pretos, dice, son culpables de la esclavitud porque los portugueses nunca pisaron África. "Fueron los negros los que entregaron los esclavos".

Después de visitar un quilombo, sentenció: "¡No hacen nada! Ni siquiera sirven para procrear". No se inmutó al ser multado por discurso de odio, ya que sabe que hace lo que se propone, es decir, hacer trizas la frágil imagen de unidad de Brasil, y dejar que se desate la violencia real en la que se basaba.

Así, el 77% de las víctimas de homicidio en 2019 fueron negras, y Naciones Unidas ha denunciado recientemente la brutalidad racializada de la policía a la que se le da rienda suelta para matar y aterrorizar a los habitantes de las favelas. La periodista brasileña Manuella Libardi, de democraciaAbierta, se pregunta si el término "genocidio" es aplicable en Brasil porque, "los números apuntan a un asesinato sistemático de la población de las favelas, que es mayoritariamente negra... ¿Qué posibilidades hay de que estas víctimas sean reconocidas y de que los responsables de su sufrimiento sean llevados ante la justicia? Yo diría que ninguna".

Este juicio no es excesivamente pesimista cuando Bolsonaro y su ministro de Justicia, Sérgio Moro, propusieron la inmunidad para los crímenes cometidos por los policías en acción. Bolsonaro predica que matar es la solución a los "problemas de seguridad pública", con lo que se refiere a las favelas y los quilombos que parecen intranquilos.

La política oficial está diseñada como una forma de lento estrangulamiento.

En 2019, el presidente nombró al autodenominado "negro de derecha" y "antivictimista", Sergio Camares, al frente de la Fundación Cultural Palmares. Fiel a su estilo ("El movimiento negro, esos vagos del movimiento negro, maldita escoria"), Camares ha ralentizado drásticamente el proceso por el que se concede el reconocimiento oficial a los quilombos. Y, en julio de 2020, Bolsonaro bloqueó secciones de una ley que requiere que el Estado proporcione apoyo de emergencia a los quilombos y a las comunidades indígenas durante la pandemia, obstaculizó la agencia que se ocupa de las disputas de tierras, y recortó en un 90% la financiación del departamento responsable de reconocer los derechos de los quilombos, canalizando el dinero en su lugar a su base de apoyo de los propietarios rurales.

Para Givânia da Silva, miembro del Consejo Nacional del CONAQ, "es como si tuviéramos que seguir luchando por el fin de la esclavitud de nuestro pueblo, porque cuando el Estado no los mata, los deja morir". Las preguntas sobre el genocidio están bien fundadas. Como lo son las relativas al delito conexo de ecocidio.

Ni las cuotas raciales y sociales, ni las escasas concesiones de títulos de propiedad, pueden remediar la situación de los pretos brasileños. Las medidas fragmentarias solo atraen la atención (normalmente hostil) hacia los grupos marginados y refuerzan la fragmentación de la población por el color de la piel y los grupos étnicos. Además, el gobierno de Bolsonaro ha atacado a todas las instituciones que aplican incluso estas políticas cautelosas.

Si, como sugieren las encuestas, Luiz Inácio Lula da Silva gana las elecciones de octubre, el mero hecho de restablecer los poderes de estas instituciones no resolverá el problema de la discriminación y la violencia raciales. Hay dos medidas que un nuevo gobierno podría adoptar para lograr un cambio rápido y de gran envergadura, si no casi total.

En primer lugar, una renta básica universal e incondicional por encima del umbral de pobreza erradicaría (estadísticamente, al menos) la pobreza y también incluiría a toda la población como verdaderos ciudadanos, sea cual sea el color de su piel, eliminando así la clasificación oficial que ha castigado cruelmente a gran parte de la población desde los años en que la esclavitud construyó el país.

En segundo lugar, un Ministerio de Derechos Humanos fuerte -un superministerio por el que pasaría la política de todos los demás ministerios- debería trabajar estrechamente con un Ministerio de Asuntos Indígenas dirigido por indígenas, ambos ministerios con un fuerte acento no sólo en la protección de los derechos humanos, sino también en las condiciones de vida saludables y sostenibles para todas las demás formas de vida de las que depende indiscutiblemente la vida humana.

El genocidio y el etnocidio (y también el ecocidio) sólo pueden abordarse seriamente con medidas decididas que reconozcan y respeten la condición humana de todos. Y también la condición compartida de todos los humanos como una especie animal más cuya supervivencia exige no el dominio sobre, sino la interdependencia con los demás.

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Una versión en inglés de este artículo apareció en CounterPunch. Léala aquí