Entrevistamos al abogado y Doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Luis Pásara, quien también es sociólogo del derecho y estudioso de los sistemas de justicia de América Latina y forma parte del equipo de la Fundación para del Debido Proceso como Senior Fellow.

José Zepeda: Como usted sabe hace no muchas horas atrás horas, la presidenta, la señora Dina Boluarte, condecoró al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa (Orden del Sol del Perú), y el escritor dijo dos cosas que valen la pena comentar. La primera de ellas es su crítica a los gobiernos de México, de Argentina y Colombia, partidarios de una narrativa que elimina el intento de golpe de Estado por parte del expresidente Castillo.

Luis Pásara: Creo que Vargas Llosa tiene razón de que la reacción de estos mandatarios no corresponde a la tradición latinoamericana de no intervención en los asuntos internos. Especialmente en el caso de López Obrador, hay expresiones escasamente comedidas, impertinentes. Creo que el presidente de Colombia también ha incurrido en esto. Boric ha sido cauteloso, pero la inquietud internacional sobre el caso de Perú que amerita la preocupación debe expresarse donde corresponde. Hay espacios internacionales como la OEA y las Naciones Unidas, en donde cualquier gobierno puede mostrar interés e incluso sugerir o plantear la intervención de estos espacios internacionales. Pero la intervención de un gobierno sobre otro es poco atinada, por decir lo menos.

JZ: La segunda cuestión es que Mario Vargas Llosa enfatiza la legitimidad constitucional de la investidura de la Presidenta, pero acto seguido respalda las acciones que el Gobierno del Perú desarrolla sobre las protestas. Parece que aquí hay una suerte de convalidación del hecho de la legitimidad con la represión. ¿O me equivoco?

LP: Efectivamente en esto sí hay que discrepar de nuestro Premio Nobel, porque ya él había dirigido una carta a la Presidenta hace unos diez días. Decía lo que usted recuerda y que ha hecho más explícito y enfático aún en el discurso de aceptación de la Orden del Sol. Creo que los politólogos distinguen con acierto, de manera pedagógica entre la legitimidad de origen y la legitimidad por resultados. Boluarte tiene legitimidad de origen porque ha sido investida de acuerdo con las reglas constitucionales a quien era presidente de la República, Castillo. Pero los resultados son penosos tras tres meses de gobierno. Tenemos alrededor de 70 muertos, muchos de los cuales no solamente no tienen explicación, sino que claramente son muertes que no debieron haber sucedido.

Si a ese hecho usted le suma el que las investigaciones y las responsabilidades que no han avanzado, entonces hay un problema de legitimidad por resultados. Vargas Llosa avala estas acciones reprobables.

Hay un detalle, poco elegante en el asunto de la condecoración de Vargas Llosa, y es que el homenaje se anuncia súbitamente, pocos días después de la carta enviada por Vargas Llosa, legitimando a la presidenta. Esto es inelegante, por decirlo de forma prudente.

Una destacada escritora peruana me decía hace algunos días atrás que la polarización que vive el Perú no es solo política y social, es también familiar. La lectura de los partidarios del gobierno es bastante simple: mire, se trata de los revoltosos de toda la vida que, azuzados por agentes extranjeros, buscan desestabilizar la democracia del país.

No vivo en el Perú, pero trato de seguir en detalle la situación peruana. Mi impresión por las redes sociales a las que me asomo es que no me sorprende, aunque me irrita e indigna. En el Perú, siempre, en 200 años de República, existe un sector dirigente que está a espaldas del país. Lamentablemente se mantienen estas reacciones en la gestión del gobierno. Están profundamente cargadas de un desprecio étnico terrible. Pese a que en el Perú existe un proceso de mestizaje muy importante.

En segundo lugar, buena parte de la población comparte un idioma, una cultura, sin embargo, el desprecio de los de arriba se mantiene respecto a los de abajo, por decirlo simplemente.

La cosa es más complicada, simplifiquemos la narrativa pro-Castillo, los blancos están contra los indios o los cholos. El caso es más complicado porque la dominación social en el Perú se establece en un sistema escalonado, de tal manera que basta a ser un poquito menos cholo para despreciar al cholo. Ello hace que los sectores medios han sido incorporados a esta actitud reprobable, de desprecio hacia el que tiene un poquito más oscuro su color o al que tiene menos dinero. Hay una mezcla de racismo y clasismo que son muy profundos.

Todos los procesos sociales no han logrado desarraigar esta realidad. El Perú sigue siendo ese país que no quisiéramos que fuera.

JZ: El expresidente Pedro Castillo, que arriesga una condena de 32 años, dijo recientemente que se consideraba a un hombre secuestrado. ¿Cuál legitima es su detención?

LP: La detención que la policía de su propia escolta realizó el 7 de diciembre (2022) fue legítima. Se había producido un golpe, aunque el término golpe es usado de manera elástica, pero él había intentado una alteración grave del régimen constitucional. No cabe duda.

El asunto es que no es claro el delito que ha cometido. No tengo duda de que fue un delito. Sin embargo, la Fiscalía, que está claramente orientada por signos políticos, ha formalizado su detención y lo ha procesado por el delito de rebelión. Esto es discutible, porque las normas sobre rebelión en el Perú requieren el alzarse en armas. Entonces, hay un problema de la formalización de la detención, que es materia de discusión. No estoy convencido de que la forma por la cual se le ha inculpado sea la correcta, lo que no quiere decir que no haya cometido un delito.

JZ: Al gobierno de la señora Dina Boluarte sus adversarios le han dicho de todo. Lo menos es que se trata de un gobierno autoritario y lo más, que es un gobierno genocida.

LP: El término genocida no viene al caso, nos estamos acostumbrando a calificar de genocida a cualquier gobierno que incurra en la represión y que produzca desenlaces de muerte. Esto no tiene sentido.

Pero es un gobierno autoritario y hay pruebas claras. Acudo a una que se puede documentar. El Gobierno aprobó una modificación del Reglamento del Ejército de las Fuerzas Armadas sobre intervención en estados de emergencia. El reglamento, en su versión previa, autorizaba el uso de armas de manera no letal. Ese artículo ha sido modificado sin poner límites al uso de la fuerza, algo propio de un gobierno autoritario, y muestra que las muertes, dicho sea de paso, no pueden ser legitimadas por un cambio posterior a la legislación.

Aun así, bajo este reglamento habrían sido normales, de acuerdo con la ley. Es un carácter no solamente autoritario, también casi siniestro del uso de las armas. Además, comparto la preocupación de muchos de que se está desarrollando un modo cada vez más autoritario. No solo los 70 muertos, es lo que puede venir después.

JZ: Importa que usted haya mencionado el tema de las Fuerzas Armadas, porque hace muy pocas décadas atrás, cuando se producía una crisis en un país en América Latina las Fuerzas Armadas, con la excusa de salvar a la patria, realizaban golpes de Estado. Podemos decir hoy que esto es impensable en el Perú.

LP: Hasta hace hasta hace unos días pensaba que era impensable, además de innecesario, porque las Fuerzas Armadas han recibido pleno respaldo, manos libres, si usted quiere, de parte del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, hace dos días apareció un comunicado -permítame que esto lo explique con detalle- de la Asociación de Oficiales Generales Retirados.

Esta asociación representa a los oficiales generales, en el caso del Ejército, Almirantes en el caso de la Marina. En realidad, es la manera en la cual los altos oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad se expresan porque no pueden hacerlo formalmente, dado que las Fuerzas Armadas no son deliberantes ni pueden intervenir en asuntos de gobierno. Entonces recurren a esta especie de altavoz que es esta Asociación y que si pueden expresarse.

Han emitido un largo comunicado en el cual hay calificaciones muy duras sobre el gobierno de Boluarte. Lo acusan de debilidad, de falta de decisión, en suma, de no dar suficientes instrumentos a las Fuerzas Armadas para reprimir este movimiento social e insurreccional.

Me preocupa, porque sí esto revela como se puede interpretar una mirada de las Fuerzas Armadas en actividad, nos colocaría ante otro escenario. No quiero ir más allá porque es especular.

JZ: Las crisis pueden tener dos salidas, una realmente muy dolorosa, dramática. Y otra satisfactoria. Dos aclaraciones sobre sobre este punto. Primero. ¿Es factible solucionar la crisis si no se toma en cuenta que las protestas sociales son la expresión de hastío de una población que padece privaciones y que fue acallada durante tanto tiempo?

LP: Si usted mira el mapa de las protestas, están sobre todo localizadas en el sur del Perú. Parte de la narrativa que está utilizando el gobierno y las fuerzas que lo apoyan, que son básicamente la fuerza de la derecha, es que la prueba de que hay un intento subversivo es que no hay reclamos sociales. Es decir, que no reclaman hospitales, escuelas, servicios de salud o lo que fuera, sino que hacen demandas políticas.

Demandan que se vaya el gobierno, que se convoque a una Asamblea para una nueva Constitución. Es curioso, porque siempre nos hemos quejado de que no tenemos ciudadanos empoderados. Y esto se debe a muchas razones. Ahora aparecen ciudadanos empoderados que hacen demandas políticas que son perfectamente legítimas en la medida en que no recurran a la violencia, entonces nos quejamos y decimos: no hacen demandas sociales, hacen demandas políticas.

Efectivamente es muy difícil atender a las demandas que hace la población en situación de rebeldía.

Si usted ve, como todos, gracias a las grabaciones que se puedan hacer con un teléfono, hay muchas grabaciones que muestran lo organizada y encrespada que está esta población. Hay un video impresionante, en Juliaca, si no me equivoco, al sur de Perú. Es un desfile muy concurrido, de comuneros que van gritando: Guerra Civil.

Entonces creo que atender a esta situación requiere mucho tacto, manejo fino y legitimidad en lo que se haga. No es el caso del gobierno de Dina Boluarte, por lo que creo que este gobierno debería renunciar. No me atrevería a decir cuál es la salida para esta situación. Sería una audacia y una imprudencia.

JZ: Analistas internacionales consideran que uno de los problemas que tiene el sistema político peruano es que el Parlamento goza de excesivo poder y este hecho es una fuente permanente de conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo. Además, y permítame agregar a esta pregunta, es evidente que los integrantes del Congreso peruano no quieren irse por ningún motivo.

LP: Eso último es evidente. No quieren irse por razones que tienen que ver con la calidad de la representación que ostentan. Son personas que han sido elegidas sin tener una trayectoria política y representan intereses particulares: de la minería ilegal, de las universidades que no tienen estatus legalizados y pretenden seguir funcionando, incluso el narcotráfico.

Hay este tipo de grupos de interés, no solamente porque quieren representantes que los protejan, que les den ventajas, sino que pretenden que esto se prolongue todo lo posible.

La demanda de que se vaya el Congreso es irrealizable porque estos señores y damas quieren permanecer en los puestos todo hasta el 2026, que es el periodo para el que fueron elegidos.

En cuanto al poder del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, es verdad que hay un artículo constitucional impreciso que autoriza a vacar al presidente por incapacidad moral. Este es un término desafortunado que tenía vigencia cuando fue introducido en las primeras Constituciones del Perú en el siglo XIX.

Tenía sentido para aludir a un alterado estado mental del presidente, algo que podía ocurrir. El término se ha mantenido en la Constitución pese a que nadie habla -cuando una persona padece un problema mental- de incapacidad moral. Bajo esta fórmula se puede camuflar cualquier argumento, por débil que sea. Ahí hay un problema constitucional que debería resolverse.

Pero creo que el problema más importante proviene de otra cosa: el sistema electoral. En el Perú tenemos el sistema de primera y segunda vuelta. Así, usted puede tener, como ocurrió con Castillo, un candidato que en primera vuelta obtiene 13 o 15% de la votación y que en segunda vuelta gana con 51%. Sin embargo, el Parlamento es elegido en una sola vuelta, sin importar qué proporción de la población vota por ellos. Esto da lugar a que la composición del Parlamento no tenga ninguna relación con las fuerzas que apoyan al candidato presidencial que gana en la segunda vuelta. A partir de los últimos 15 años hay una discrepancia entre la representación parlamentaria y las fuerzas que han elegido en segunda vuelta al presidente.

Esto tendría que ser resuelto con un sistema como el francés, mediante el cual cuando un candidato al Parlamento no obtiene mayoría en la primera vuelta, van a segunda vuelta para elegir a este representante.

JZ: Usted dijo al pasar, yo no sé cuál es la solución a la crisis, pero cualquiera que esta sea pasa por el diálogo. Y aquí no veo que el Gobierno tenga en este momento voluntad de diálogo, ni mucho menos. Se tiene la certeza pública de que el Gobierno considera que esto se va a solucionar con el tiempo, de que la gente se va a cansar con las protestas y que todo va a volver como los ríos, a su cauce normal.

LP: Hay que decir que lo que usted ha dicho, es absolutamente exacto, pero también que tampoco de la otra parte hay voluntad de diálogo.

JZ: Sí, tiene usted razón.

LP: Estamos en una situación muy complicada porque de ninguno de los dos lados hay una actitud de disposición al diálogo o al entendimiento, a buscar una fórmula de acuerdo. Creo que -y me repito- la condición para que se produzca un proceso de diálogo que es indispensable para salir del enfrentamiento y de la violencia, es que Dina Boluarte renuncie a la presidencia. Me parece que su falta de legitimidad por resultados es muy clara.

En la medida en que el Gobierno siga haciendo gestos de distanciamiento y de denuncia frente a los reclamos de esta población que no acepta el mandato, la situación se agravará. No le diría que cada día, pero con enorme frecuencia las autoridades gubernamentales descalifican, rechazan la movilización.

Al ministro de Educación, Óscar Becerra, los periodistas le preguntaron acerca de las mujeres aimaras que cargan los niños en la espalda como es la práctica usual de esta población y que habían recibido bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo por la policía. Hay videos, fotos que muestran esto. El señor ministro de Educación dijo que esto demostraba que estas mujeres no tenían con sus niños la consideración que incluso los animales tienen con los suyos (declaración del ministro: "ni siquiera los animales exponen a sus hijos ... ¿se les pueden llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos, a ese extremo de manipulación podemos llegar?”

Este es el tipo de declaraciones desafortunadas. El ministro sigue en el cargo. Varias voces, Transparencia Internacional entre ellas han pedido su renuncia o destitución. Este tipo de declaraciones constantemente agravan la situación, aleja la posibilidad de diálogo.

Para entablar un diálogo el primer requisito que tendría que darse es la salida de este gobierno, su sustitución por uno que tenga algún tipo de sensibilidad ante lo que está ocurriendo.

LZ: Es evidente que la crisis debe resolverla el pueblo del Perú, que a él le corresponde en soberanía buscar un camino de salida. Dicho lo cual. ¿Debería tener la comunidad internacional alguna actitud, alguna acción respecto del Perú?

LP: Sí, porque los actores peruanos no están dando muestras de tener la disposición, la capacidad o la sensibilidad, como dije hace un momento, para enfrentar una situación que sumamente compleja. La más compleja de los últimos 100 años y no exagero. Creo que se necesita una intervención de la comunidad internacional en el sentido de demostrar preocupación en los ámbitos que corresponden, que son los de las organizaciones internacionales de las cuales el Perú es parte. Pedir explicaciones.

Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho algo, ha pedido que se investiguen las muertes ocurridas en varios lugares del país.

Por ese camino se tiene que avanzar y me atrevo a decir algo más. Las organizaciones sociales, las de la sociedad civil de otros países, también deberían mostrar de una forma u otra esta preocupación que es oportuna en situaciones críticas. Eso no es intervención en los asuntos internos de un país, es mostrar preocupación por una situación grave, que no se resuelve ni muestra vías para hacerlo.