Y es que ha sido USA, Canadá, China y Europa las fuerzas que, desde esquemas de explotación y presiones políticas, han contribuído al acelerado deterioro de la calidad de vida de los centroamericanos. Desde destrucción de economías locales, a partir de la firma del DR-CAFTA, hasta consolidación de políticas comerciales que se divorcian del cumplimiento en materia de derechos humanos, con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, que protege y consolida la dominación de grandes corporaciones que controlan la matriz energética de los países.
¿Podría esta vez esta región ser el espacio para probar precisamente un set de políticas en la dirección opuesta? ¿Podrían las fuerzas progresistas de ambos lados del Atlántico atreverse a impulsar un “Green New Deal” para Centroamérica como respuesta a esta crisis?
¿Podría el mundo desarrollado imaginar un moratorio para esos países más desiguales, violentos y vulnerables al cambio climático, que le diera a sus pueblos la flexibilidad suficiente para aplicar excepcionalmente otro modelo económico? ¿Energías limpias? ¿Trabajos decentes? ¿Semillas nativas?
La pequeña Centroamérica concentra 7% de la biodiversidad mundial. Encabeza la lista de países más desiguales del mundo y más pobres de la región,, alberga también cuatro de las cincuenta ciudades más violentas del mundo. Si a la violencia y desigualdad se le agrega la desaceleración económica, la extrema vulnerabilidad al cambio climático, la ausencia de políticas públicas de inclusión para mujeres y el marcado racismo a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, es evidente que el número de personas que migrará al Norte como única via para sobrevivir, aún arriesgando todo, solamente aumentará.
Un “Green New Deal” para Centroamérica ofrecería la posibilidad para pilotear, materializar y defender ya no como idea, sino como prueba, un futuro distinto.
Reemplazar las instituciones frágiles y fallidas por la arquitectura del futuro que derive en una transformación económica y ecológica, empodere a comunidades indígenas y campesinas, recupere el control de bienes comunes naturales, revierta la rápida desaparición de especies únicas, preserve las reservas de oxígeno que aún queda en la región e indeminice a los países del impacto que el 10% mundial inflinge en ellos, colocándolos en el mapa de más alto riesgo ante la crisis climática. Estos cambios no pasan por los congresos de los países. Pasan por Washington, Bruselas y los organismos financieros internacionales.
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