La lucha histórica por la defensa del agua en la provincia de Azuay, Ecuador, resonó en las urnas el domingo 7 de febrero. Disputas, enfrentamientos, presos y heridos yacen como sucesos en el proceso histórico de defensa del agua, materializado en una rotunda negacióna las actividades de extracción minera en zonas de recarga hídrica.
Las actividades extractivas en los páramos del Azuay han sido recurrentes durante años, amenazando la zona protegida del Macizo del Cajas, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y el páramo del Quimsacocha. El extractivismo colonial está encabezado por empresas mineras canadienses – como en su momento fue IamGold y actualmente INVMetals – apoyadas por el Estado, quienes en conjunto asumen la explotación minera como una actividad estratégica para el crecimiento, el desarrollo económico y la modernización.
En la intención del Estado y las empresas de posicionar a la minería como una actividad económica esencial, en menoscabo de las repercusiones ambientales y sociales, mediante el oxímoron de "minería sustentable" o aludiendo a la frase de "No podemos ser mendigos sentados en un saco de oro", emergieron resistencias. La lucha nació principalmente desde poblaciones rurales, como Tarqui, Victoria del Portete y Girón, y ha sido extrapolada a colectivos y organizaciones civiles en el área urbana de la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad más importante del Ecuador, para defender el agua y el páramo y evidenciar el corolario posible de la actividad minera sobre las fuentes de agua.
