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Una mafia corrupta expolia los bosques del Perú

La mafia que hace posible el tráfico de madera de origen ilegal en Perú no se compone de delincuentes del gremio maderero, sino de una red de funcionarios públicos corruptos. English

James Bargent
31 May 2019
Amazonas, Perú - Puente colgante sobre el bosque amazónico. Imagen: Kike Calvo ZUMA Wire/PA Images. Todos los derechos reservados.

En Pucallpa, el centro del tráfico de madera ilegal en Perú, la madera sucia se blanquea por medio de una serie de traficantes de madera, que van desde personas armadas solo con conexiones y ojo para los negocios, hasta grandes empresas de propiedad de poderosos magnates de la madera. Ninguno de ellos, sin embargo, podría operar sin el organismo regional de gobierno responsable de la protección de los bosques de la región: la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (DIGEFFS).

Estas direcciones forestales regionales son guardianas de una industria cuyo valor asciende a cientos de millones de dólares. Pero no trabajan para proteger los bosques y regular el sector, sino para lucrarse del pillaje a la Amazonía.

“La madera llega aquí y se pierde completamente”, afirmó un agente forestal de Pucallpa, que no quiso revelar su nombre por temor a repercusiones laborales. La razón es simple. “Es ahí donde se inicia lo peor de todo: la corrupción en las altas esferas”.

Licencias para robar

Las direcciones forestales regionales como la DIGEFFS surgieron de un decreto en 2009 que buscaba descentralizar la vigilancia del sector forestal en las principales regiones madereras de Perú, lo que las puso bajo el control de los gobiernos regionales. Esa delegación de poder confirió a las direcciones recién creadas control sobre el recurso más importante para el tráfico de madera ilegal, conocido como la “Guía de Transporte Forestal”, o “GTF”. Las GTF certifican que la madera proviene de una fuente legal, autorizada, y puede transportarse y venderse.

“Con estos permisos, ya está blanqueada la madera”, señala Albino Aliaga Campos, de la oficina en Pucallpa para el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), ente estatal encargado de la vigilancia del sector maderero. “En el transporte no puede decirse si la madera es legal”.

InSight Crime obtuvo evidencia documental que ilustra una de las formas más comunes como las GTF llegan a manos de los traficantes de madera; son clonadas por funcionarios corruptos. En el primer documento hay una GTF diligenciada para madera legal beneficiada de una concesión autorizada. En la siguiente, exactamente la misma GTF está diligenciada con un listado de madera presumiblemente ilegal, que menciona un aserradero local como propietarios de la madera.

Pero la duplicación de documentos para el blanqueo de madera ilegal es solo uno de los servicios que ofrecen las redes de corrupción en la dirección forestal.

Gran parte de eso comienza con las inspecciones y verificaciones. Los funcionarios atienden los puntos de control en las carreteras y las orillas del río a lo largo de las rutas de tránsito de la madera, y realizan inspecciones en aserraderos y otras instalaciones. Estos funcionarios hacen la vista gorda ante el paso de la madera ilegal; también alteran la rastreabilidad de las cadenas de suministro verificando de manera fraudulenta el paso de la madera desde concesiones por puntos de control y hacia aserraderos por donde esta nunca pasa.

“No son puntos de control, sino puntos de recolección [de dinero]”, comentó el agente forestal de Pucallpa, Antonio Chambergo, en conversación con InSight Crime.

Las estampillas de aprobación de las direcciones también se necesitan para otros procesos clave del blanqueo: planes de operación fraudulentos que garanticen a las madereras la autorización de beneficiar árboles ficticios. Estos planes son recogidos por agentes forestales conocidos como regentes, luego pasan a aprobación de los funcionarios forestales. Tras obtener la aprobación, las empresas pueden llenar las cuotas fraudulentas con madera talada ilegalmente.

Entre 2009 y finales de 2018, OSINFOR presentó denuncias de cerca de 2.500 planes sospechosos, aprobados por direcciones forestales de todo Perú, que concedían licencia para cosechar 114.000 árboles inexistentes. Los responsables de las concesiones son sancionados esporádicamente por estas infracciones, pero los funcionarios forestales y regentes casi nunca afrontan repercusiones, para gran frustración de OSINFOR.

“Si hay fraude, entonces hay una cadena de responsabilidad”, observó Aliaga.

Los servicios de las direcciones no terminan aquí; además de facilitar el tráfico de madera, ofrecen protección. Los regentes forestales relatan cómo funcionarios reciben pagos para falsificar los informes y el papeleo que aseguran la liberación de los cargamentos decomisados, mientras los fiscales se quejan de cómo los funcionarios de las direcciones sabotean y socavan sus investigaciones.

Para quienes trabajan en la dirección, las oportunidades son infinitas, y el trabajo es lucrativo.

“Usted ve a un funcionario con un salario de 2.500 soles (US$750) al mes por ahí andando en motocicletas o vehículos nuevos, una esposa y dos amantes; ¿de dónde viene ese dinero?”, se pregunta Chambergo.

“La cadena de suministro se creó para corromperse”

El control de la maquinaria de las direcciones forestales supone el control de una economía criminal, y son los gobernadores regionales quienes deciden a quién poner al mando de las direcciones.

“La dirección está completamente corrupta, desde el portero hasta el mismo director”, asegura Julio Reátegui, fiscal de la unidad de crimen organizado de Pucallpa. “Esta red de corrupción comienza con el gobernador, eso es indudable. El gobernador designa el jefe de la dirección, de modo que es imposible que ignore lo que su director está haciendo”.

Personas de la industria e investigadores del estado alegan que los gobernadores conceden los cargos en la dirección a los donantes de campaña para que llenen los puestos por cierto periodo de tiempo. El control de esas plazas no les da solo poder, también dinero y una tajada de los sobornos que fluyen por cada plaza.

“Quienes invierten en el poder sacan provecho de eso”, comentó una investigadora anticorrupción del gobierno, bajo la condición de que se mantuviera su identidad en el anonimato. “[Los magnates madereros] ponen a gente de su confianza en la plaza para sacar ventaja”.

Con el dinero que se desvía en estos cargos, pueden esperar fácilmente duplicar la inversión, añadió.

La primera administración que tomó el control del sector forestal luego de la descentralización en Ucayali, el departamento del cual es capital Pucallpa, fue el gobernador Jorge Velásquez y su vicegobernador, el magnate maderero Carlos Henderson. En su primer periodo en el cargo, a la empresa maderera de Henderson se le suspendió la licencia por usar su concesión para blanquear madera ilegal, una decisión que fue controversialmente revocada luego de que el vicegobernador interpusiera una denuncia. Entretanto, Velásquez sería posteriormente sentenciado a cinco años de cárcel por corrupción.

La dirección forestal en la administración de Velásquez y Henderson fue acusada por la Comisión de Auditoría de Ucayali de falsificar firmas en licencias de explotación maderera para facilitar la tala ilegal y fueron tachados de mafia por un fiscal de la unidad ambiental, quien alegó que lo habían destituido de su cargo porque abrió investigaciones por corrupción sobre altos funcionarios de gobierno. “Ellos son los dueños del negocio de la madera”, declaró el fiscal en una entrevista televisada en 2014.

El primer director forestal de la administración fue Miguel Ronald Dávila Henderson. Las investigaciones de OSINFOR muestran que en sus dos años en el cargo, firmó personalmente 106 planos donde se aprobaba la explotación de 6.044 árboles ficticios. Más adelante fue acusado de corrupción y malversación, se lo nombró en un caso de tráfico de tierras y tala ilegal, y fue inhabilitado para ocupar cargos públicos. A Dávila Henderson lo sucedió Marcial Pezo Armas, quien firmó de su puño y letra 102 planos para 7.798 árboles ficticios. Aunque nunca ha sido acusado de algún delito, Pezo Armas ha sido denunciado en múltiples ocasiones de corrupción, tráfico de madera, delitos forestales y abuso de autoridad.

En las últimas elecciones, a finales de 2018, de nuevo se hizo evidente la tóxica influencia del tráfico de madera. Las elecciones pasaron a segunda vuelta, donde se enfrentaron dos magnates madereros, Edwin Vásquez y Francisco Pezo.

Vásquez es dueño del aserradero más grande de Pucallpa, Aserradero Vásquez, identificado por las autoridades como en alto riesgo de actividad criminal en una investigación de 2015. Fue gobernador de Ucayali entre 2003 y 2006. En su periodo en el poder, fue acusado ante el congreso de financiar la tala ilegal y de procesar especies protegidas en su aserradero. A su salida del cargo, fue acusado de corrupción. Es aliado político del magnate maderero de Pucallpa y presunto narcotraficante Luis Valdez Villacorta, y juntos han enfrentado acusaciones de conspirar para asesinar a periodistas que investigaban sus actividades.

Antes de la campaña, informaron los medios locales, Vásquez sufrió un atentado contra su vida, del cual culpó a sus enemigos políticos, y poco después su aserradero fue allanado por autoridades de impuestos y aduanas.

Pezo, entretanto, ha sido el propietario registrado de aserraderos y comercios de maderas, y durante la campaña se dio a conocer que debía US$250.000 a las autoridades tributarias.

En la votación de octubre, Pezo ganó sin problemas. Pero los planes de su administración para el sector maderero cayeron bajo sospecha de inmediato. Primero, hubo publicaciones en redes sociales de varias personas, incluyendo un grupo que decía ser empleados de DIREGFFS, en las que denunciaban cómo se había intimidado a los funcionarios para que hicieran aportes de campaña con el fin de asegurar sus empleos. Más adelante, Pezo volvió a traer a uno de los jefes de dirección de la administración Velásquez, Marcial Pezo Armas, quien no es su pariente, como director forestal.

Pezo Armas niega que haya cometido algún delito, ya sea de corrupción por su anterior periodo en el poder o en contribuciones de campaña.

“Los funcionarios siempre están, por diversas razones, sujetos a acusaciones. Aquellos de nosotros que aceptamos estos cargos sabemos de estos retos antes de asumirlos”, afirmó.

“[Estas acusaciones] no han conducido a una sola sentencia en la que se me haya declarado culpable”, añadió.

El gobernador Pezo no respondió a las preguntas sobre corrupción y el tráfico de madera.

“Es un sistema que hace posible distorsionar toda la cadena de suministro”, señaló un consultor de la cámara nacional de comercio forestal bajo condición de anonimato. “Esta cadena de suministro se creó para corromperse”.

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*Este artículo es el resultado de una investigación sobre ecotráfico en la región; realizada en conjunto con el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS). El original fue publicado por InSightCrime, lea el original aquí.

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