A fines de marzo, las maras de El Salvador se tomaron las calles del país, disparando a discreción a quienes se cruzaban por su camino. En apenas cuatro días, El Salvador registró 89 asesinatos, más que los 79 que el país registró en todo febrero. Solo el sábado, 26 de marzo, 62 personas fueron asesinadas, marcando el día más sangriento de la historia del país desde el fin de la guerra civil en 1992. Ante la grave situación, el presidente Nayib Bukele he declarado estado de emergencia en todo el país.

La noticia es un shock para los salvadoreños, que en los últimos dos años y medio se acostumbraron a vivir en relativa paz en lo que había sido previamente el país más peligroso del mundo fuera de situación de guerra.

Durante todo el siglo XXI, El Salvador registró alrededor de 60 o 70 homicidios por 100.000 habitantes, con años en que la tasa llegó a ser el triple de países como Brasil y México, ejemplos regionales conocidos por su inseguridad.

Cuando Bukele asumió el poder en junio de 2019, el joven presidente prometió luchar contra la violencia y declaró guerra contra la MS-13 y dos facciones del Barrio 18, las tres principales pandillas del país cuyos enfrentamientos y disputas territoriales resultan en altas tasas de violencia urbana. Y empezó a hacerlo inmediatamente. Uno de los primeros programas que aprobó como presidente es su Plan Control Territorial, que prometía aumentar la presencia militar y policial en las calles, entre otros objetivos. Ya en julio, El Salvador vivió su segundo mes más pacífico del siglo. Bukele se apresuró a celebrar la noticia. “No pensábamos que la reducción iba a ser tan rápida y tan grande'', afirmó en aquel momento.

¿Milagro de Bukele o corrupción?

En 2018, la tasa de homicidios en El Salvador fue de 52 por cada 100.000 habitantes. Ya el año siguiente, esa tasa cayó hasta 36. En 2020, se desplomó a menos de 20 y en 2021 a 17, tasas jamás vistas en la historia moderna de El Salvador.

Parecía un milagro, uno que Bukele atribuyó convenientemente a su plan de seguridad. Pero al año de su ascenso al poder, el medio independiente El Faro publicó documentos indicando que oficiales del gobierno Bukele habían negociado con las maras con el fin de reducir los homicidios en el país a cambio de concesiones para sus miembros en la cárcel y fuera de ella. Las tres pandillas fueron consideradas grupos terroristas por la legislación de El Salvador. Bukele ha negado todas las acusaciones que lo vinculan a un pacto con los criminales.

Otras evidencias de acuerdos entre el gobierno y las maras han salido a la luz desde entonces. En diciembre, los Estados Unidos acusaron al gobierno Bukele de negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas e impusieron sanciones económicas a dos de sus oficiales. Los estadounidenses acusan al gobierno salvadoreño de supuestamente ofrecer regalías a los pandilleros encarcelados, como acceso a teléfonos móviles y prostitutas. A pesar de la negación de Bukele, los indicios de la existencia de negociaciones cada vez son más difíciles de ignorar, especialmente a la vista del historial reciente del país.

La Tregua del 2012

La existencia de negociaciones entre el gobierno salvadoreño y las maras no es nada nuevo. En 2012, el entonces presidente Mauricio Funes autorizó una tregua con las pandillas que también resultó en una considerable disminución en el índice de homicidios del país. A cambio de un cese en el enfrentamiento entre MS-13 y Barrio 18, el gobierno prometió mejorar las condiciones de sus miembros encarcelados, lo que también implicó trasladar a varios líderes desde cárceles de máxima seguridad a unas más flexibles.

Eso facilitó la comunicación y coordinación entre los miembros de la estructura encarcelados con los de actuantes en las calles. Pero las concesiones también incluyeron lujos, como permitir la entrada de visitantes por hasta 12 horas, televisiones en las celdas y hasta fiestas.

El pacto, conocido como La Tregua, se vio reflejado en los números. En 2011, El Salvador registró 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero en 2012, el índice desplomó a 40. La tasa se mantuvo estable, 41 homicidios, al año siguiente. Pero vuelve a subir a 64 homicidios en 2014, cuando el pacto se rompe. Y en 2015, El Salvador vio esa cifra dispararse a niveles impensables, con 105 homicidios por cada 100.000 habitantes, haciendo de El Salvador el país más violento del mundo aquel año.

El escenario actual parece inquietantemente familiar. Sin embargo, hay diferencias importantes entre la tregua de Funes y las supuestas negociaciones de Bukele. A diferencia de su antecesor, no hay evidencias de que las condiciones de los miembros de MS-13 o Barrios 18 hayan mejorado durante su mandato. Por lo contrario, Bukele ha sido acusado de dar un trato inhumano a los encarcelados.

Además, el desplome en la tasa de homicidio bajo Bukele ha sido mucho más pronunciada frente a evidencias menos visibles de tregua o regalías. Pero sea cual sea la estrategia de Bukele, la explosión de violencia registrada en El Salvador sugiere que su plan puede no ser tan sólido como parecía hasta hace unos días. Para muchos analistas, este tipo de violencia indiscriminada sólo puede ser un mensaje de la MS-13 al gobierno Bukele.