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Marichuy, mujer indígena, deja huella en la campaña presidencial mexicana

La candidata Marichuy no reunió las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, pero dio impulso a la campaña de un movimiento indígena nuevo, que aspira a obtener representación política. English

Marichuy's supporters gather at the National Autonomous of Mexico in November 2017. Credit: EneasMx/Wikimedia Commons [CC BY-SA 4.0] Some rights reserved.

‘México lo tienen secuestrado desde arriba y se lo vamos a quitar junto con ustedes!’  dijo María de Jesús Patricio en un mitin político el 11 de Febrero. Sus seguidores llenaron la plaza del Palacio de Bellas Artes – un símbolo cultural en el corazón de la Ciudad de México- para escuchar a la mujer que esperan traiga consigo un cambio radical para la sociedad civil mexicana.

Patricio, o Marichuy como es comúnmente conocida, es una curandera indígena de Nagua, del estado de Jalisco al oeste de México. Fue nominada por el Congreso Nacional de Indígenas (CNI), una coalición de 58 grupos indígenas, para ser su portavoz en las campañas presidenciales de este año.

Aunque no tuvo éxito en reunir las firmas necesarias para presentarse a las elecciones, previstas para el día 1 de julio, el CNI matizó que no se detendrá: ‘ “Después de las elecciones de 2018 vienen muchas más, y vamos a seguir resistiendo”, aclaró la concejala Yamili Chan Dzul, del Yucatán, al  sur de México, en una comparecencia en Febrero: ‘Vamos a seguir caminando. Esta es una llamada para despertarnos la concienciahacia delante.’

Juntar las 866.593 firmas – que supone el 1% de la media de votantes registrados en cada estado- que los candidatos independientes necesitan para optar a la presidencia resultó problemático para el CNI.

A lo largo de su campaña en pos de la candidatura de Marichuy, el congreso argumentó que el mecanismo para reunir firmas es discriminatorio para las comunidades indígenas, lo cual constituye el núcleo de su apoyo electoral.

 “México lo tienen secuestrado desde arriba y se lo vamos a quitar junto con ustedes!”.

Las firmas se recogen mediante una aplicación del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, siendo esta recogida solo posible mediante aparatos con acceso a internet, muchos habitantes de estas comunidades indígenas ni siquiera están en posesión de teléfonos móviles. En México, los usuarios de internet son alrededor del 60% de la población, según datos del Banco Mundial.

Marichuy fue la primera mujer indígena en intentar postularse candidata a la presidencia, apoyada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Este movimiento indígena, radical y de izquierdas, es famoso por haber llevado a cabo un levantamiento en el sur del país, que comenzó el 1 de Enero de 1994, día en el que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) con los Estados Unidos y Canadá entró en vigor, argumentando que dicho acuerdo y el liberalismo económico que conllevaba tendría un impacto muy negativo en las comunidades indígenas del país.

En el escenario de Febrero, Marichuy fue flanqueada por cinco concejalas indígenas elegidas por sus comunidades para representarlas en el CNI. Esta formación, exclusivamente de mujeres, fue más que notable en un país en el que el sexismo está ampliamente extendido.

 “Me agrada que (el CNI) haya designado a una mujer”, me dice Rosario, propietaria de un pequeño negocio en el Estado de México, justo a las afueras de Ciudad de México. Rosario comentó: "Estas comunidades saben que la mujer tiene una posición muy importante, y que tiene la capacidad de organización"

María de Jesús Patricio Martínez, more commonly known as Marichuy, in Puebla, Mexico, in November 2017. Credit: Mayitayita/Wikimedia Commons [CC BY-SA 4.0]. Some rights reserved.

La defensa de los derechos de las mujeres es una prioridad para el CNI: ‘Cuando una mujer se levanta y exige sus derechos, exige ser respetada, para ellos (el gobierno) es una amenaza y la desaparecen," dice la concejala Guadalupe Vásquez Luna desde Chiapas, el estado más pobre de México: ‘Nos asesinan. Nos violan. Nos desaparecen’.

En el mitin que tuvo lugar en Febrero, hubo un sentimiento fuerte de orgullo indígena ya que cada una de las concejalas iba ataviada con las vestimentas típicas de sus comunidades e iniciaron los discursos en sus respectivas lenguas.

A diferencia de otros mítines a lo largo del país en los últimos meses, la mayoría de asistentes eran hispanoparlantes no-indígenas. Sin embargo, como señal de respeto, aplaudieron a las ponentes cuando empezaron a hablar aunque no las entendiesen.

De acuerdo con las estadísticas gubernamentales, en México el 21,5% de la población se auto identifica como indígena. Muchas de estas comunidades estas profundamente insatisfechas con el actual sistema político y económico del país, y ven a las élites minoritarias del país como claras beneficiarias de ese sistema. Como respuesta, el CNI está proponiendo un nuevo sistema anti-capitalista.

El CNI acusa al sector privado de robar: ‘Las empresas internacionales nos están robando. Nos quitan nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas’ dijo la concejala Reyna Cruz López en el mitin. Reyna es de Oaxaca, el estado con el segundo porcentaje más alto de gente viviendo bajo el umbral de la pobreza, después de Chiapas.

“Las empresas internacionales nos están robando. Nos quitan nuestras tierras, nuestros bosques y nuestras minas.”

Un informe del 2017 de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirma las violaciones de derechos humanos en el contexto de proyectos de minería a gran escala, energía, construcción y promociones de turismo en México.

Este informe incluyó ejemplos de casos en los que el gobierno mexicano y compañías privadas no cumplieron con su obligación de asegurar la participación de comunidades indígenas en proyectos que les afectan. El informe menciona, por ejemplo, una orden de expropiación presentada a una comunidad indígena en el estado de México en 2012 para construir una autopista a lo largo de tierras ancestrales, sin que fuera llevada a cabo la preceptiva consulta previa a la comunidad.

Los defensores no indígenas del CNI comparten esta frustración frente al capitalismo: ‘No creemos que el capitalismo puede reformarse’, decía Gilberto López y Rivas, profesor de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también dijo, en el mitin de Febrero: ¡Queremos un cambio profundo!

El CNI se centra a menudo en el abuso de los derechos humanos sufrido por las comunidades indígenas. ‘Nos quitaron nuestra lengua. Nos quitaron nuestro traje. Nos quitan nuestras tierras’, dijo Vásquez, de Chiapas, a la multitud, ‘Pero yo ya no estoy dispuesta a ser humillada. Ya no estoy dispuesta a dejar que me quiten lo que es mío’.

También se refirió a la Masacre de Acteal de 1997, en la que perdió a nueve familiares. Tenía tan solo diez años cuando un grupo de paramilitares asaltó la iglesia local, asesinando a 45 indígenas tzotziles, miembros de un partido político pacifista.

La concejala Magdalena García Durán también habló de su experiencia personal. En 2006, fue una de las 207 personas arrestadas en el pueblo de San Salvador Atenco, a una hora al noreste de la Ciudad de México, durante un protesta contra la expropiación de tierras indígenas: ‘Nos pegaron, nos encarcelaron y nos fabricaron delitos’, le dijo a la muchedumbre que abarrotaba el mitin. García fue puesta en libertad 18 meses después, siguiendo un dictamen de la corte federal que sentenciaba la falta de evidencias que justificara su detención.

La Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos encontró después, en relación con el caso de San Salvador Atenco, que el gobierno Mexicano fue responsable de detenciones ilegales y arbitrarias, también de no asegurar las garantías judiciales a los detenidos, así como de numerosos casos de tortura y de violación.

El CNI propone un gobierno con mayor participación ciudadana y que funcione no solo para las comunidades indígenas, sino para todos los mexicanos. ‘Anhelamos y pensamos que puede haber formas de construir el poder desde abajo. Un poder conjunto e inclusivo en donde quepan todos’, dice Marichuy.

Aida trabaja en proyectos de índole cultural con comunidades indígenas en Ciudad de México: ‘Lo que a mí me gusta es que no quieran llegar al poder para estar en la silla, quieren que se mueva la gente’.

Lo que a mí me gusta es que no quieran llegar al poder para estar en la silla, quieren que se mueva la gente.

La mayoría de comunidades indígenas vive en áreas rurales, pero las concejalas parecían dispuestas a hacerse notar entre las audiencias urbanas, insistiendo en la relación fundamental entre la ciudad y el campo. ‘Si los pueblos indígenas no siembran frijoles y maíz, el gobierno moriría de hambre’, afirma Francisca Álvarez Ortiz del Estado de México.

Víctor, un estudiante de filosofía de la Ciudad de México, asentía: ‘Las pueblos indígenas son los que nos alimentan’.

Pero el clamor de Álvarez oculta una verdad incómoda. En 2016, el 65% del consumo de maíz en México vino de importaciones, mayormente de los Estados Unidos, y la producción interna en México está dominada por dos grandes compañías: Gruma y Minsa.

Como bien predijeron los Zapatistas, los granjeros de pequeñas tierras han sufrido el resultado del NAFTA. Han sido incapaces de competir con las subsidiadas empresas productoras de maíz en Estados Unidos en términos de precios, y diez años después de la firma del acuerdo del NAFTA, las exportaciones de Estados Unidos hacia México han aumentado en un 323%.

La corrupción es otro asunto importante para el CNI. Transparencia Internacional, en su informe anual de 2017 que evalúa la percepción de la corrupción en 180 países diferentes, sitúa a México en el puesto número 45 con una puntuación idéntica a países como Laos, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

‘Creemos que para cambiar el mundo no podemos ser tan corruptos como los demás, no como los políticos que pretenden representarnos’, dijo Juan Villoro, un conocido escritor y periodista que también habló en dicho mitin, junto a las concejalas

Mientras que las concejalas articularon exitosamente las discrepancias de las comunidades indígenas, el CNI no lanzó ninguna propuesta política, y sus campañas no han estado exentas de contratiempos.

Aunque Marichuy está ahora mismo fuera de la carrera hacia la presidencia, su campaña ha inspirado a todos sus defensores. ‘Hay un mensaje detrás de las firmas’, Aida me dijo ‘Aunque no figure en la papeleta electoral, nosotros, el pueblo, vamos a seguir organizándonos’.

About the author

Laura Dowley es abogada británica de derechos humanos que vive y trabaja en México. Ella representa a los refugiados y solicitantes de asilo.

Laura Dowley is British human rights lawyer living and working in Mexico. She represents refugees and asylum seekers. 


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