Manifestantes protestan por la subida del transporte público en Sao Paolo, Brasil, en Enero 2016. (AP Photo/Nelson Antoine) No es difícil darse cuenta de que Brasil, a punto de consumar una destitución presidencial, atraviesa un momento político difícil. Al mismo tiempo, la relación de la sociedad civil brasileña con la democracia y la política institucional también pasa por una fase turbulenta, marcada por tensiones y conflictos, aunque esto abre espacio para experimentos valiosos a la hora de buscar maneras de salir de la crisis.
Tres décadas después de la re-democratización del país, la lógica del gobierno de coalición basado en quid pro quo entre los partidos y los políticos que integran los poderes ejecutivo y legislativo ha llegado a su límite. Las hipotecas asumidas por actores de la clase política con sus compañeros y con empresas que financian legal e ilegalmente sus actividades, alcanzaron un calado y una complejidad que hace prácticamente imposible gobernar a favor de la gente. Así, para llegar al poder y permanecer en él, deben gobernar a favor de los intereses de la propia clase política y de quienes invierten millones en ella.
No es coincidencia que esto ocurra en el mismo período en que también llega a su límite la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los más pobres sin que ello afecte directamente a los intereses de los más ricos. Vimos el éxito de importantes, pero limitadas, políticas económicas y sociales que redujeron la pobreza y la desigualdad sin molestar demasiado a las elites – como la Bolsa Familia y la universalización de la sanidad pública. Pero ahora, parece llegado el momento de tomar medidas tales como los recortes y las reformas en la injusta estructura impositiva que cobra más impuestos a quienes tienen menos ingresos. Y de ahí surgen las disputas- y las frustraciones- más difíciles en la sociedad y en la vida política. Los ciudadanos se han dado cuenta rápidamente de la situación, y la reacción ha llegado de dos maneras distintas.
