El nuevo presidente de extrema derecha en Brasil, Jair Bolsonaro, fue investido hace apenas un par de meses, y ya había dejado claro desde el principio que tiene la intención de cumplir sus promesas de campaña, que resultarían en la debilitación de la protección social y el desmantelamiento de las políticas de derechos humanos.
Su gobierno ya ha tomado medidas que incluyen la reducción del crecimiento proyectado del salario mínimo, el debilitamiento de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, la retirada del Acuerdo de Migración de la ONU y la consideración de propuestas de reforma de las pensiones que golpearían de manera más fuerte a los más pobres, manteniendo al mismo tiempo los privilegios de los militares y los funcionarios del gobierno.