Decenas de millones de brasileños han comenzado a recibir pagos de renta básica destinados a hacer frente a las repercusiones económicas de la Covid-19, tras la aprobación por el Congreso de un proyecto de ley impulsado por una campaña popular en todo el país que comenzó hace apenas tres semanas.

Como muchas crisis, la pandemia de coronavirus ha servido para hacer más evidentes las desigualdades sociales y económicas en todo el mundo, a menudo de manera muy dura. En el Brasil, que ha registrado oficialmente 28.320 casos y 1.736 muertes hasta el 17 de abril (y es probable que las cifras reales sean 12 veces superiores), los más pobres y marginados han sido los más afectados, con menos riqueza y menos recursos a los que recurrir para protegerse a sí mismos, su salud y sus medios de vida.

Basándose en décadas de debate en torno a la idea de una renta básica universal, y estimulada por el impacto de la pandemia en una de las naciones más desiguales del mundo, el mes pasado una coalición de más de 160 organizaciones y movimientos de la sociedad civil brasileña aprovechó el momento para convertir la teoría en práctica con A Renda Básica que Queremos.

Lanzada el 20 de marzo, la campaña obtuvo rápidamente el apoyo de más de 500.000 ciudadanos y 3.000 personas influyentes en los medios sociales. También contó con el respaldo de cinco organizaciones clave: Rede Brasileira de Renda Básica (Red Brasileña de Renta Básica), Coalizão Negra por Direitos (Coalición Negra por los Derechos), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social), Nossas, e INESC - Instituto de Estudos Socioeconômicos (Instituto de Estudios Socioeconómicos).

La campaña presentó una propuesta de política detallada a varios miembros del Congreso nacional del Brasil, que luego se incluyó en el programa legislativo. El proyecto de ley fue aprobado por unanimidad por los diputados y senadores federales (con cambios negociados) antes del 30 de marzo. Tres días después, fue sancionado por el Presidente Jair Bolsonaro, que anteriormente había propuesto planes mucho más limitados para complementar los ingresos de los más vulnerables del Brasil.

El 9 de abril, la ley se hizo realidad cuando se enviaron los primeros pagos de 600 reales (unos 115 dólares USA), lo que significa más de la mitad del salario mínimo mensual brasileño. Hasta 59 millones de brasileños de bajos ingresos se beneficiarán directamente, y el doble de esa cifra indirectamente, es decir, más de la mitad de la población del país en total. Los pagos de la renta básica continuarán durante al menos tres meses, con una posible prórroga ya prevista en la ley aprobada.

"No tenemos ninguna duda de que nuestra campaña a favor de una propuesta de política de renta básica clara y eficaz influyó fuertemente en la decisión tomada por el Congreso que ahora se está implementando", dijo esta semana Leandro Ferreira, presidente de la Red Brasileña de Renta Básica.

"Ayudando directa e incondicionalmente a los que más lo necesitan, el ingreso básico ha entrado en el paisaje. Ha comenzado como una opción de política para abordar la crisis actual, pero debe mantenerse para lo que venga después", añadió Ferreira.

Muchos activistas, expertos y políticos esperan ahora que el Ingreso Básico de Emergencia se convierta en uno permanente después de que la pandemia del Covid-19 haya remitido. También existe la esperanza de que se convierta en universal, en lugar de limitarse a los que cumplen los criterios establecidos en la ley actual. Es importante señalar que la nueva legislación significa que el ingreso básico es ahora un derecho establecido en el Brasil, y que recuperar el derecho al ingreso nunca es fácil, por mucho que un gobierno desee hacerlo.

Este notable logro, que sacará a decenas de millones de brasileños de la pobreza, o los mantendrá fuera de ella, es un recordatorio de que las crisis pueden abrir un espacio político para que la sociedad civil impulse cambios de política que de otro modo serían difíciles o casi imposibles de lograr. Cuando la atención pública se centra en la necesidad de adoptar medidas urgentes en relación con las desigualdades y sus consecuencias, los políticos se vuelven más sensibles a los llamamientos para que se adopten medidas audaces.

La nueva ley de ingresos básicos del Brasil es un testimonio de la fuerza del poder popular para impulsar políticas que combatan la desigualdad, incluso bajo el gobierno de administraciones de extrema derecha. También es un claro ejemplo de cómo la sociedad civil puede encontrar oportunidades para establecer el programa durante la crisis de Covid-19, exigiendo no sólo ingresos básicos, sino también atención sanitaria universal y otras políticas clave para la equidad. La lucha contra la desigualdad continúa.