Decenas de millones de brasileños han comenzado a recibir pagos de renta básica destinados a hacer frente a las repercusiones económicas de la Covid-19, tras la aprobación por el Congreso de un proyecto de ley impulsado por una campaña popular en todo el país que comenzó hace apenas tres semanas.
Como muchas crisis, la pandemia de coronavirus ha servido para hacer más evidentes las desigualdades sociales y económicas en todo el mundo, a menudo de manera muy dura. En el Brasil, que ha registrado oficialmente 28.320 casos y 1.736 muertes hasta el 17 de abril (y es probable que las cifras reales sean 12 veces superiores), los más pobres y marginados han sido los más afectados, con menos riqueza y menos recursos a los que recurrir para protegerse a sí mismos, su salud y sus medios de vida.
Basándose en décadas de debate en torno a la idea de una renta básica universal, y estimulada por el impacto de la pandemia en una de las naciones más desiguales del mundo, el mes pasado una coalición de más de 160 organizaciones y movimientos de la sociedad civil brasileña aprovechó el momento para convertir la teoría en práctica con A Renda Básica que Queremos.
Lanzada el 20 de marzo, la campaña obtuvo rápidamente el apoyo de más de 500.000 ciudadanos y 3.000 personas influyentes en los medios sociales. También contó con el respaldo de cinco organizaciones clave: Rede Brasileira de Renda Básica (Red Brasileña de Renta Básica), Coalizão Negra por Direitos (Coalición Negra por los Derechos), Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social), Nossas, e INESC - Instituto de Estudos Socioeconômicos (Instituto de Estudios Socioeconómicos).