A menos de un mes de las elecciones generales del 2 de octubre, parece que las cosas no van bien para el actual presidente Jair Messías Bolsonaro. Para empezar, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una fuerte ventaja (44% frente al 33% del 31 de agosto). Y las cartas que han estado guardadas en la manga se están jugando ahora.

Sin embargo, si se examinan de cerca, esas cartas revelan más sobre los viejos problemas sistémicos de la política brasileña y también sobre cuestiones globales que sobre las posibilidades reales del hombre que se jactó de que "todo puede pasar".

El 1 de septiembre, el Tribunal Permanente del Pueblo (TPP) condenó a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad por las (anti)políticas de la Covid-19 que provocaron la muerte de al menos 100.000 personas (de hecho, el número oficial de muertos supera los 683.300). El juez Eugenio Zaffaroni aceptó que "hubo intencionalidad por parte de Jair Bolsonaro detrás de las muertes durante la pandemia". No sólo eso, sino que hay tantas pruebas de genocidio contra los pueblos originarios que recomendó que el caso se remitiera a la Corte Penal Internacional y, de hecho, el abogado de la Asociación de Pueblos Indígenas, Mauricio Terena, confirmó que va a La Haya.

Pero el genocidio no es exactamente una noticia alarmante a menos que se utilice para golpear a China o Rusia. No hay más que ver el caso de Papúa Occidental, han transcurrido sesenta años de los hechos, y apenas existe una protesta de la "comunidad internacional". El genocidio tiene patrones, así que los lugares donde se encuentran las tres selvas tropicales más grandes y amenazadas del mundo, el Amazonas, el Congo y Papúa Occidental, también están vinculados por crímenes contra la humanidad.

La palabra "genocidio" no se utiliza para el Congo (oro, cobre, diamantes, coltán), pero el hecho es que unos seis millones de personas han muerto desde 1996 como resultado de la violencia.

Channel 4 News en el Reino Unido entiende las repercusiones globales de la elección brasileña que "determinará el futuro de la selva amazónica, y la lucha mundial contra el cambio climático". Va por el buen camino, pero no es suficiente. La lucha contra el cambio climático significa proteger las selvas tropicales del mundo, respetar a sus custodios indígenas, aprender del conocimiento indígena, aplicar iniciativas serias como la Visión del Estado Verde que lanzaron los líderes independentistas de Papúa Occidental en la COP26, donde fue ignorada.

Significa poner fin, ahora, a todas las demás formas de saqueo extractivo, entendiendo que el futuro del planeta depende de ello. Es una cuestión de derechos humanos universales (y de otras especies) si es que alguna vez los hubo. No es un proyecto para un criminal de lesa humanidad como Bolsonaro.

Lula es la mejor oportunidad para Brasil y del mundo. Para empezar, ha prometido un Ministerio Indígena si gana las elecciones, y la buena noticia es que un número récord de 181 indígenas se han inscrito como candidatos.

Volviendo a las tribulaciones actuales del ex capitán Bolsonaro (que, al parecer, una vez tramó interrumpir el suministro de agua de Río con explosivos para protestar por los bajos salarios), el guerrero "anticorrupción" de las elecciones de 2018, ahora se ha revelado que entre 1990 y 2022, él y sus familiares utilizaron grandes sumas de dinero en efectivo para comprar más de cincuenta propiedades por valor de millones de dólares, así como al menos cincuenta y seis más compradas "normalmente".

Una de las fuentes de todo este dinero en efectivo parece ser la trama de malversación de los salarios de los empleados conocida como la rachadinha (la tajada). La transacción en efectivo, el medio de intercambio más común en el comercio internacional de drogas, tiene la ventaja de la privacidad, el anonimato y la protección contra la recopilación de grandes datos. El espectáculo del hombre del maletín es también un cultivo deliberado de la imagen de mafioso, que Jair Bolsonaro confirmó obligatoriamente cuando un periodista le preguntó por qué su esposa Michelle había recibido unos 87.000 dólares del ex policía militar Fabrício José Carlos de Queiroz, otrora chófer del hijo de Bolsonaro, Flávio: "Me dan ganas de cerrarle la boca de un puñetazo".

Resulta que Queiroz era cercano al sicario Adriano de Nóbrega, amigo de la familia Bolsonaro, sospechoso de asesinar a la concejala de Río Marielle Franco y a su chófer Anderson Gomes en 2018, y no tan casualmente abatido él mismo en febrero de 2020. Como informó en su momento el periodista Dom Phillips, recientemente asesinado, "Nóbrega, su esposa y su madre son nombrados en una investigación criminal sobre acusaciones de malversación, lavado de dinero y chantaje que involucran al hijo de Bolsonaro, Flávio, al ex policía Fabrício Queiroz y a otros".

Pero gran parte de la información sobre las propiedades de Bolsonaro se ha fijado en los extraños pagos en efectivo en sí mismos, sin indagar en los porqués de esta anomalía, que en realidad llevaría a hablar de asesinato. Un nuevo libro, O negócio do Jair (El negocio de Jair), está a punto de desvelar cómo el clan Bolsonaro malversó millones de reales para construir el proyecto político homicida regresivo que lo llevó al control definitivo del país. La regresión y la violencia es lo que marca a este candidato.

Por último, la tercera pesadilla reciente de Bolsonaro es que alguien que no lo quiere se apropió del sitio web oficial de la familia, la URL bolsonaro.com.br, para retratarlo como "un cretino, servil, incompetente, doble, corrupto y tirano mentiroso lleno de odio". Felicitaciones para el activista de Internet. Esto está bien para un burla malintencionada, pero existe el antecedente aterrador de una campaña de desinformación masiva en las redes sociales, la que llevó a Bolsonaro al poder en 2018, cuando el 56 por ciento de las imágenes políticas más compartidas eran engañosas, mientras que -y este aspecto tiende a ser pasado por alto en todo el ruido mediático- los mensajes también amenazaban a los supervivientes de la tortura de la dictadura militar, así como a los activistas de derechos humanos más jóvenes.

Para Steve Bannon, Bolsonaro "fue una especie de Trump a la décima potencia en las redes sociales". Ahora, si gana la reelección, puede elegir otros dos jueces para el Tribunal Supremo, eliminando así todos los controles y equilibrios. También está preparando otro tipo de batalla, afirmando que los resultados de las elecciones no serán fiables, que serán amañados por el Tribunal Supremo. Al igual que Trump, tiene muchos seguidores fascistoides que le creerán. La amenaza también aparece en la declaración conjunta publicada por los líderes de los influyentes clubes de fuerzas armadas que critican la "falta de transparencia" del sistema electoral. Aquí es donde el "negocio de Jair" pasa de ser un proyecto político regresivo a ser amenazante.

Es amenazante porque el "pasado", no tan pasado, ha vuelto a corroer, especialmente como el espectro revivido de la dictadura militar apoyada por Estados Unidos que duró de 1964 a 1985. La periodista Eliane Brum previó, antes de que Jair Messías Bolsonaro fuera elegido presidente en 2018, que éste es "el producto monstruoso del silencio del país sobre los crímenes cometidos por su antigua dictadura".

Inmediatamente después, Human Rights Watch advirtió que Bolsonaro no aceptaría los resultados si no ganaba, amenazando con que "fusilaremos a los simpatizantes del Partido de los Trabajadores", mientras su compañero de candidatura, el general del ejército Antônio Hamilton Mourão, hablaba de un "autogolpe" con apoyo de las fuerzas armadas en caso de "anarquía".

Esta vez, Bolsonaro está tratando de utilizar a las fuerzas armadas con un desfile militar en el Día de la Independencia, el 7 de septiembre, para impulsar su imagen. Aunque algunos mandos militares dicen que vincular un desfile militar con las elecciones es inaceptable, Bolsonaro sabe que puede contar con muchos otros.

Se aseguró de ello en 2021 cuando despidió a su ministro de Defensa, y los tres principales comandantes de las fuerzas armadas fueron empujados a dimitir porque se negaron a hacer demostraciones públicas de su apoyo. Sus aduladores uniformados fueron recompensados con sueldos que se dispararon hasta los 200.000 dólares en el momento álgido de la pandemia, además de otorgar todo tipo de prebendas como abundante Viagra para potenciar su machismo en caso de que alguien empezara a sentirse flácido.

Mucha gente no ha olvidado que, en abril de 2018, el entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Dias da Costa Villas Boas, tuiteó que los militares estaban "atentos a su misión institucional" y "repudian la impunidad", el día antes de que el Tribunal Supremo dictara una sentencia que podría haber salvado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de pasar más de un año en prisión por cargos inventados de soborno.

Sea cual sea el efecto del tuit en la sentencia, el mensaje subyacente se refería al regreso de los militares a la política. El principal rival del capitán Bolsonaro fue eliminado, pero, además, esta injerencia jugó un papel clave en su éxito.

En la traumática historia reciente de Brasil, la impunidad es una palabra clave. El informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) (2012-2014), de 3.383 páginas, estipula que las fuerzas armadas deben reconocer su responsabilidad en los graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, que debe suspenderse la amnistía general concedida en la Ley de Amnistía de 1979 para los crímenes contra la humanidad (CNV 964-5), que deben aplicarse reformas en las fuerzas armadas, las fuerzas del orden y los sistemas de justicia penal, y que debe separarse la policía militar de la estatal.

Pero, como no se pusieron en práctica las truculentas conclusiones del informe, las representaciones oficiales de la dictadura se han perpetuado como un revisionismo paralizante. Otro efecto del CNV fue que los generales tomaron su informe como un "insulto a nuestro honor" que dañaría su reputación (y su presupuesto) en el caso de que no volviesen a ser políticamente activos.

Cualesquiera que sean sus divisiones internas, los militares de hoy plantean otro problema, a saber, que "pueden ser capaces de dar un paso al frente independientemente de quién llegue al poder", porque han llegado a ser una especie de Estado profundo que controla el aparato de inteligencia y su "gran cantidad de información que puede comprometer a casi todos los políticos".

La tan cacareada transición a la democracia es un mito porque nunca se garantizaron los derechos humanos. Este ejercicio de "política de memoria fracasada" resultó ser un proyecto exitoso de desmantelamiento de las instituciones democráticas mientras se militarizaba el gobierno dentro de "un proceso formalmente democrático". Más de un tercio de los altos cargos del gobierno están ocupados por ex militares o militares en activo, y otros por evangélicos de ultraderecha como la alucinantemente paródica Damares Alves, ministra de Familia, Mujer y Derechos Humanos, quien llegó a decir que "las niñas de familias pobres son violadas porque no llevan bragas".

Hasta cierto punto, Bolsonaro se salió con la suya porque la perversa descripción de los militares de la Ley de Amnistía de 1979, que ofrece una "amnistía recíproca" que beneficia a "torturadores y víctimas por igual", ha sido aceptada sin ambages en la sociedad en general, incluso por políticos y artistas de izquierda.

Sin embargo, no contento con utilizar esta amnistía lógica y legalmente imposible para correr un velo sobre el brutal pasado, está animando a las fuerzas armadas a celebrar descaradamente la dictadura. En 2019 les ordenó conmemorar el cincuenta y cinco aniversario del golpe de 1964֫: 4.841 representantes electos destituidos, 20.000 personas torturadas, 434 personas asesinadas o desaparecidas (los aproximadamente 8.000 indígenas muertos no figuran en el recuento habitual). Bolsonaro desestimó el informe de la CNV como un "disparate" y alabó al sádico torturador coronel Carlos Alberto Ustra como "héroe nacional", lo que coincide con sus elogios al dictador paraguayo Alfredo Stroessner como "visionario, estadista", y a Augusto Pinochet que, en interés del país, "tuvo que provocar un baño de sangre".

Mientras tanto, los indultos presidenciales, que garantizan más impunidad para las violaciones de los derechos humanos, siguen en marcha, por lo que en los barrios pobres de Río de Janeiro, por ejemplo, los asesinatos policiales impunes representaron el 30% del total de homicidios en el primer semestre de 2019. Si los gobiernos anteriores hubieran aplicado las conclusiones de la Comisión de la Verdad, Bolsonaro nunca podría haberse presentado a las elecciones, ni en 2018 ni en la actualidad.

Otro factor de esta diabólica reconversión de un matón en un jefe de Estado muy poco señorial es una larga tradición de secretismo al más alto nivel donde, por ejemplo, los archivos relacionados con la represión interna en el siglo XIX siguen siendo inaccesibles y, tras el fin de la esclavitud en la década de 1890, todos los documentos relevantes fueron incinerados.

El enfermizo Informe Figuereido de 1967 sobre las atrocidades cometidas contra los grupos indígenas entre 1940 y 1980 (y que arroja luz sobre las actuales políticas agrarias) desapareció durante 40 años, hizo una breve reaparición en 2013 y, a todos los efectos, volvió a desaparecer (y, por cierto, Figuereido murió en un "sospechoso" accidente en 1974). Mientras tanto, el silencio sobre sus políticas de tortura y asesinatos selectivos permitió a los ideólogos militares consolidar una "doctrina de seguridad nacional" que se convirtió en la base de la protección de sus privilegios y afirmaciones de estar implementando una transición gradual y segura al gobierno civil.

De hecho, los militares están ahora más involucrados en la política que en cualquier otro momento desde 1985. Dado que apenas ha habido intentos oficiales de informar al público sobre los crímenes militares o de incorporar la sombría historia a los programas escolares, los mitos han permanecido incontestados. Parece que los gobiernos posteriores a la dictadura han pasado de puntillas sobre la cuestión de la impunidad porque temían que la sociedad en general se opusiera a la confrontación con las fuerzas armadas así blanqueadas.

Esta aversión a condenar la dictadura militar de una vez por todas, esta casi nostalgia por la violencia en nombre de la seguridad es lo que Bolsonaro está aprovechando, y también lo que Lula tendrá que encarar de frente si gana las elecciones de este año.

Todo se reduce a un gigantesco problema de derechos humanos. En los dos mandatos anteriores de Lula, el 49% de los ministros eran ex guerrilleros o líderes estudiantiles contrarios al régimen, pero este problema no se abordó, a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2010 sobre el caso de la "Guerrilla de Araguaia", referido a la desaparición de setenta personas en la región de Araguaia, en el estado de Pará, entre 1972 y 1975; a pesar de la condena de la CIDH a la inacción de Brasil respecto a un proceso de justicia transicional; a su violación de la Convención Americana de Derechos Humanos; y a la negativa, en abril de 2010, del Tribunal Supremo de Brasil a revocar la Ley de Amnistía de 1979. Lo más importante es que la CIDH estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados. Como no se hizo nada, la impunidad envenenó la política brasileña durante otros doce años.

La memoria histórica varía según el grupo social. Mientras que los sectores más acomodados de la sociedad pueden sentir que la doctrina de la seguridad nacional (protección de privilegios) se aplica positivamente a ellos, los pueblos indígenas de Brasil no se hacen esa ilusión. Para ellos, la dictadura no fue nada nuevo, sino algo que ya existía, porque durante mucho tiempo se les consideró infrahumanos, esclavos por naturaleza, que más tarde se convertirían en rebeldes y obstáculos cuando la dictadura los "modernizó" con proyectos como las autopistas Transamazónica y Perimetral Norte, y las centrales hidroeléctricas de Belo Monte e Itaipú, con mano de obra indígena sometida a presión y apropiación de tierras y recursos.

Este legado, habitualmente ignorado, incluye graves abusos contra los pueblos tenharim, jiahui, arara, prakanã, krenak y yanomami, la masacre de Cintas-Larga, la expulsión del pueblo kadiweus de su territorio, el exterminio del 36% de la población indígena que vive a lo largo del río Xingu, las epidemias entre el grupo étnico carajás y la desnutrición infantil, por nombrar algunos. Su situación no ha hecho más que empeorar en la llamada transición democrática. Para ellos, la dictadura es un capítulo más de una historia de horror civilizatorio.

Se especula mucho sobre la maniobra que hará el autoproclamado "Trump del trópico" para ser reelegido el mes que viene, que va desde un golpe de Estado para salvar al país de la gente que él mismo armó, hasta decretar un aplazamiento de las elecciones sine die, lo que le vendría muy bien al más del 50% de los congresistas que corren el riesgo de perder sus escaños. Esto se combina con faroles de hombre fuerte como "tomaremos las medidas que sean necesarias porque cada día cuento con un ejército que se acerca a los 200 millones".

Haga lo que haga, tratará de azuzar los siempre acechantes problemas de los asesinatos impunes de la policía militar y sus milicias, que funcionan según el principio de que el terror arbitrario es el terror total, y los derivados de la desigualdad cada vez mayor, basada en un racismo profundamente arraigado y en la violación de los derechos humanos, todo lo cual favorece, en medio de la crisis económica, al menos entre los votantes más privilegiados, la amnesia política y el abrazo de las políticas autoritarias de "seguridad nacional". Votar por las balas sólo puede traer más balas y una reactivación con esteroides de una historia violenta.

Este es el pasado con el que Lula tendrá que lidiar si gana las elecciones. Y si va a asumir este reto, tendrá que situar las cuestiones de la memoria histórica, la desigualdad, el racismo y el ecocidio en el centro de sus políticas. El único marco suficientemente transversal para abordar todo esto son los derechos humanos, lo que implica políticas claras y firmes sobre cómo introducirlos, implementarlos, consolidarlos y protegerlos.

Creemos que sus dos mejores opciones son una renta básica universal para hacer frente a la desigualdad (una política de "seguridad nacional" decente) y un ministerio de derechos humanos potente y verdaderamente representativo. De hecho, se trata de un superministerio que sería consultado y participaría en los proyectos y leyes de los demás ministerios, y que incluiría un proyecto de defensa de la Amazonia como parte de un esfuerzo internacional para respetar los bosques tropicales del mundo y sus pueblos.

En las votaciones del próximo mes, la elección es entre esta frágil esperanza global y una versión provinciana de la incultura del siglo XXI.