democraciaAbierta: Opinion

El buen negocio de ser mal perdedor en Mexico

El poder (mal habido) de los candidatos derrotados en México.

Alejandro García Magos
26 August 2020
booking.com

“Este país no avanza con procesos electorales, avanza con movilizaciones sociales.”

-Andrés Manuel López Obrador


Las noches electorales marcan para los candidatos en liza el final de un ciclo político y el inicio de uno nuevo. Para el triunfador es el principio de facto de su gobierno. El perdedor, sin embargo, tiene dos opciones. Una es aceptar su derrota e irse a su casa sin más, a lamerse las heridas y jugar con los nietos. “¿A qué le supo la derrota?”, le preguntaron alguna vez a Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial derrotado en las elecciones mexicanas de 2000. “¿A dolor, tristeza?” “No. Me supo a tequila”, respondió. La otra opción para el perdedor es no conceder la derrota y retar el orden constitucional. “¡Al diablo con sus instituciones!”, exclamó en 2006 el hoy presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando el Tribunal Electoral confirmó su derrota en las elecciones de ese año. Sobre esta última opción versa este artículo.

El tema es de relevancia actual ante los temores de que el presidente estadounidense Donald Trump rechace su derrota (si es que se da, claro) en las elecciones de noviembre. Muchos hoy se preguntan qué sucedería en ese escenario inédito en la política de los Estados Unidos de América. Y bueno, algo de eso sabemos los mexicanos. Considérese que el presidente AMLO ostenta un récord de vergüenza ajena: en sus casi 45 años en política partidista nunca ha reconocido una derrota. En todas las elecciones en las que se ha presentado y todos los innumerables plebiscitos que ha organizado los ha ganado él — eso o ha acusado fraude.

Por principio de cuentas, hay que entender que el objetivo de no conceder una derrota no es otro que ganar en una mesa de negociación lo que no se ganó en las urnas. Ahora bien, las consecuencias de no conceder dependen en gran medida del tipo de régimen político en que los candidatos actúen.

En un régimen autoritario puro un mal perdedor puede llevar al régimen al descrédito internacional y en casos extremos precipitar un movimiento social. En la mayoría de los casos, sin embargo, nada de esto sucede. Ahí está el ejemplo de don Luis H. Álvarez del Partido Acción Nacional (PAN) mexicano, candidato presidencial en las elecciones de 1958 en tiempos del autoritarismo del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Don Luis fue un candidato quijotesco sin ninguna posibilidad de ganar, pero aun así fue perseguido y amenazado durante su campaña. El día de la elección la descalificó como lo que fue: un gran fraude. Nada de ello importó y ahí siguió el PRI otros 42 años en el poder, muy quitado de la pena.

Las cosas en un régimen en transición son, como es de esperarse, muy diferentes. El caso mexicano es particularmente ilustrativo y, para entenderlo bien, hay que echar la mirada un poco atrás en el tiempo. Como ya lo había adelantado, durante la mayor parte del siglo veinte, México fue un régimen autoritario del tipo de partido hegemónico. El PRI toleraba a los partidos de oposición pero no les permitía competir en igualdad de condiciones. La transición democrática inicia en 1977 a instancias del propio PRI que buscaba dotarse de una mínima pátina democrática. En esencia, la transición fue un proceso discontinuo en el que se sucedieron constantes negociaciones entre los gobiernos del PRI y los partidos de oposición en torno a la autonomía de las autoridades electorales. La transición culminó en 1996 cuando estas autoridades obtuvieron su total autonomía frente al poder ejecutivo.

En el periodo de transición (1977-1996), la oposición mexicana encabezada por el derechista PAN y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazaban de continuo sus derrotas. Lo hacían por dos motivos. Primeramente, porque las elecciones las organizaba el gobierno y por consiguiente los resultados no eran de fiar. Segundo, porque ello les daba bazas políticas en ulteriores negociaciones postelectorales con el PRI-gobierno.

Nótese lo que estoy diciendo: la oposición mexicana desconocía sus derrotas no porque se pensaran ganadores, sino por cálculo político. Hubo muchas elecciones que el PRI ganó legítimamente al movilizar su voto — aunque quizá con un resultado más abultado del que realmente merecían. Ganar por paliza era una estrategia deliberada del PRI: le daba un aire de partido invencible, evitaba rupturas internas e incrementaba su poder de negociación frente a la oposición.

El PAN y Fox se salían así con la suya, demostrando lo redituable que era durante la transición no conceder la derrota.

Estas negociaciones postelectorales entre la oposición y el PRI dieron origen a un concepto político autóctono: las concertacesiones, un neologismo que aglutina las palabras concertar y cesión. Concertar se usa en el medio político mexicano como eufemismo para negociar. Concertacesionar pues daba a entender que se negociaba la cesión de cargos públicos para solventar conflictos postelectorales.

Se le atribuye a Porfirio Muñoz Ledo haber acuñado el término en 1991 cuando estalló un conflicto postelectoral en el estado de Guanajuato. En aquella ocasión, Muñoz Ledo fue candidato a gobernador por el PRD, mientras que por el PRI lo fue Ramón Aguirre y por el PAN Vicente Fox Quesada (a la postre presidente de México entre 2000 y 2006). Fox quedó en segundo lugar por detrás de Aguirre, no concedió la derrota y organizó un gran alboroto al cerrar las principales carreteras del estado.

En medio de un ambiente muy tenso tanto en Guanajuato como en la Ciudad de México, el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se aprestó a desactivar el conflicto y entró en negociaciones con la dirigencia del PAN. Salinas no quería pleitos pues quería mostrarse como un presidente reformista de cara a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Y así, le propuso al PAN la primera concertacesión de varias que hubo en su gobierno. Fue aceptada. Los términos fueron los siguientes: se acordó que Aguirre sería declarado gobernador electo pero se abstendría de tomar posesión del cargo, tomaría un avión y se iría de embajador a Europa, el congreso local tomaría nota de ello y en ausencia de gobernador constitucional designaría a un gobernador provisional, mismo que sería un miembro del PAN. Un cachondeo total, como dicen en España. El PAN y Fox se salían así con la suya, demostrando lo redituable que era durante la transición no conceder la derrota.

Y el caso de Guanajuato es uno entre varios.

Algo similar sucedió en Tabasco en 1994 con AMLO como protagonista. Ese año el hoy presidente compitió por la gubernatura del estado, perdiendo contra Roberto Madrazo Pintado del PRI. Igual que Fox, AMLO rechazó los resultados y organizó una marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Su intención era llegar el día 1 de diciembre e interrumpir así la toma de posesión del presidente entrante Ernesto Zedillo (1994-2000). Para evitarlo, siguiendo el ejemplo de Salinas, Zedillo le ofreció a AMLO una concertacesión: la cabeza de Madrazo a cambio de detener a su gente. Al final el plan fracasó pues Madrazo y los líderes locales del PRI tabasqueño se rebelaron frente a la voluntad de un presidente que era percibido débil y sin apoyo en las bases del partido. Su lectura fue correcta. Pero AMLO no regresó a Tabasco con las manos vacías. Si bien no logró su objetivo que era organizar nuevas elecciones, consiguió para sí algo quizá más valioso: exhibió a Zedillo y se posicionó en la Ciudad de México como un político astuto. Esas fueron dos de las cartas con las que logró la bendición de Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del PRD, para asumir la presidencia del partido en 1996.

La renuencia del PAN y el PRD a reconocer sus derrotas durante el periodo de transición tuvo dos consecuencias positivas para las perspectivas democráticas del país. Por un lado, incrementó la representación de la oposición en congresos y gobiernos locales, y por el otro, aceleró la transición al forzar al PRI-gobierno a sentarse a negociar la autonomía de las autoridades electorales.

¿Qué pasó una vez que concluyó la transición en 1996? ¿Dejaron los partidos de oposición de ser malos perdedores una vez que las autoridades electorales adquirieron su total autonomía? Puede resultar sorprendente para algunos, pero la respuesta es no. Los partidos y candidatos en México continúan al día de hoy desconociendo los resultados electorales con el mismo objetivo de siempre: salvar los muebles e incrementar su poder de negociación. Una especie de balotaje infernal. Pero, contrario a lo que sucedía en el periodo de transición, la renuencia de los políticos mexicanos de hoy a aceptar sus derrotas está debilitando a las instituciones democráticas. Me refiero al Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Su obstinación le ha permitido ganarse un aura de víctima que no duda en utilizar cuando su partido es amonestado por las autoridades electorales.

El ejemplo más patético es, para variar, AMLO, quien a la fecha desconoce sus derrotas en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012. Su obstinación le ha permitido ganarse un aura de víctima que no duda en utilizar cuando su partido es amonestado por las autoridades electorales. Sucedió en 2018, poco después de su victoria electoral ese mismo año, cuando el INE detectó un esquema de financiación irregular en su campaña. De acuerdo con investigaciones del INE, millones de pesos de origen desconocido fueron desviados a operadores de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presumiblemente a cambio de votos (o quizá se los embolsaron, tanto da). Por toda respuesta, AMLO se declaró víctima de una “vil venganza” por parte del INE por haber ganado, esta vez sí, la elección presidencial.

Esto es como en el fútbol: ¿por qué los entrenadores abroncan siempre a los árbitros? Respuesta: porque saben que pueden influir sobre ellos. Los entrenadores, así como los políticos, son gente poderosa, incluso los hay ricos y famosos, y pueden intimidar a los árbitros — incluso cuando éstos toman la decisión correcta. Pep Guardiola, por ejemplo, se quejó una vez del “perfecto” arbitraje de Undiano Mallenco y la “vista privilegiada” de su juez de línea al anular un gol de Pedro en un ajustado fuera de juego. Póngase a pensarlo, querido lector: la decisión que tanto disgustó a Guardiola fue correcta, ¡era fuera de juego!

De igual forma, en el México democrático de hoy sigue siendo rentable abroncar a las autoridades electorales por sus decisiones. Igual que en el periodo de transición, no conceder una derrota es una forma de hacerse de bazas para posteriores negociaciones y procesos electorales. Para desgracia de nuestra democracia, continúa siendo buen negocio ser un mal perdedor.

¿Cómo hacer para que las cosas cambien y los candidatos perdedores concedan sus derrotas? De la única forma que entienden los tramposos: con firmeza y cosas claras. Usted, candidato, recibe dinero público para competir por un puesto de elección popular. Muy bien, pero ha de abstenerse de llamar ladronas a las autoridades electorales que rigen la competencia y le permiten participar en ella en primera instancia. Aquí, usted respeta a esas autoridades o le tocamos el bolsillo y se le expulsa del juego democrático. En España, eso hicieron con el brazo político de ETA, Herri Batasuna, que se había enquistado en las mismas instituciones democráticas que quería destruir. La Ley de Partidos Políticos aprobada en 2002 logró apartar a estos grupos filoterroristas, impidiendo así que “un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra [el] régimen democrático de libertades.”

No veo otra salida. De no hacerlo, las elecciones en México seguirán desnaturalizadas: no ya un punto final a un ciclo político, sino el punto de arranque de negociaciones en donde el objetivo es ganar en una mesa lo que no se ganó en buena lid en las urnas.


En memoria de mi mamá, Consuelo Magos Hernández 1948-2020

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