Lenin Moreno. Carlos Rodríguez/ANDES. Some rights reserved.

Quizás haya sido ésta la primera vez desde los años 20 en que la presidencia del Ecuador cambia de manos pero no de partido y eso en sí mismo ya significa algo. Pero dudo de que alguien haya visto nunca algo parecido al espectáculo que se montó el 24 de mayo para la entrega de poder de Rafael Correa a Lenin Moreno.

Una apoteosis teatral sería una buena manera de describirlo, pero no fue la del jefe de Estado entrante sino del saliente, Rafael Correa, objeto de la celebración con fuegos artificiales, coros y múltiples testimonios de su grandeza. No hay duda de que, como político, ha sido uno de los más eficaces que hemos tenido en Ecuador. Por otra parte, todos menos los más sesgados deberían admitir que tenía también su lado oscuro. Pero ya sea santo o pecador, todo el montaje era algo excesivo, confirmando tal vez aquella teoría de Mario Vargas Llosa de la "civilización del espectáculo".

Dudo de que alguien haya visto nunca algo parecido al espectáculo que se montó el 24 de mayo para la entrega de poder de Rafael Correa a Lenin Moreno

Hubo cosas positivas. Una de ellas fue que para transmitir en directo el homenaje de media hora al ahora ex presidente, la dirección nacional de comunicaciones interrumpió la emisión de la teleserie antichavista El Comandante. La serie ha sido prohibida en Venezuela, lo que no es nada sorprendente dada su parcialidad y la actual situación de intranquilidad en aquel país. Y aunque sus propios autores admiten que no se trata de un documental, siembra dudas lo que hay de verdad y de falso en él. La serie es básicamente propagandística, pero al mismo tiempo muestra claramente la guerra que la derecha venezolana, con la ayuda de los Estados Unidos, ha estado librando desde el principio contra el chavismo. Lo que está sucediendo en estos momentos es, simplemente, un violento fin de juego. Pero esa es otra historia.

Rafael Correa salió de la ceremonia y se fue directamente al hospital, aquejado de neumonía, probablemente por agotamiento, mientras el nuevo líder de la 'Revolución Ciudadana', Lenin Moreno, tomaba el manto. No deja de ser notable que haya sido capaz de llegar a presidente un hombre como él, confinado a una silla de ruedas, lo que sin duda dice algo positivo de Ecuador. Queda por ver si será capaz de dar la talla y crecer en el cargo. La mayoría de la población está por esperar y ver.

Lo que está sucediendo en estos momentos es, simplemente, un violento fin de juego.

La mayoría, pero no todos. A algunos simplemente no les convence Moreno, de quien no esperan nada más que continuidad con las políticas del pasado, tal vez con un rostro más suave. Guillermo Lasso, el candidato perdedor en la segunda vuelta de las elecciones, se muestra ahora algo más circunspecto que hace un mes, en el fragor del recuento final. Lasso ha vuelto a la escena pública con una retórica más moderada, a la vez que prometiendo continuar la lucha. No está claro lo que eso significa. Ojalá que a lo que no se refiera sea a un escenario a la venezolana, en el que oposición y polarización sean el pan de cada día y en el que arraigue la violencia. Nadie, es probable que ni siquiera Lasso, quiere eso.

Diálogo y más diálogo, ¿y luego qué?

Moreno, por su parte, ha ido pidiendo diálogo, cantando sus canciones y prometiendo indultos a los activistas comunitarios que están acusados de delitos como sabotaje o terrorismo por bloquear calles y llevar a cabo acciones similares durante el desarrollo de manifestaciones. Esta "criminalización de la protesta", como se ha dado en llamarla, es una cuestión que figura en lo más alto de la lista de prioridades políticas de la confederación indígena CONAIE (muchos de sus miembros se encuentran afectados por ella) y la Asamblea Nacional está tramitando una demanda de amnistía para estos “delitos”. Se trata, sin duda, de un signo prometedor, aunque seguramente Moreno y su gente lo sopesarán cuidadosamente. Aunque sea una demanda justa, al menos en la mayoría de los casos, acceder a ella demasiado rápido sería interpretado como un signo de debilidad, algo que la nueva administración no puede permitirse. Otra cosa sería cambiar las políticas que motivan las protestas y los cargos.

Para ser francos, un cambio de políticas no parece nada probable. Las explotaciones mineras seguirán adelante allá donde sea posible, a pesar de las consecuencias ambientales y sociales. Hay una mina en el sur del país que ha sido especialmente polémica por los serios problemas que ha creado con los indígenas Shuar, un pueblo que se ha movilizado y que es muy poco probable que vaya a volver tranquilamente a su casa. La mina, operada por una empresa china, se ubica en un territorio cercano a sus tierras ancestrales – unas tierras que los Shuar consideran esenciales para su modo de vida, que está protegido por una serie de tratados internacionales. Los Shuar llevan la razón, pero el proyecto de la mina ha seguido adelante de todos modos: se han desplazado comunidades y ha habido víctimas, como el caso del asesinato de un activista cuya muerte sigue sin resolverse. No está nada claro cómo Moreno planea lidiar con esto. La CONAIE está manteniendo la presión y es más que probable que la gente del presidente esté en conversaciones "informales" con ella, con la esperanza de contener el tema al menos durante un tiempo.

Moreno, por su parte, ha ido pidiendo diálogo, cantando sus canciones y prometiendo indultos a los activistas comunitarios que están acusados de delitos como sabotaje o terrorismo por bloquear calles.

Moreno podría tener más suerte con otros proyectos mineros, en particular los de minería de cobre: el precio de este metal ha registrado una fuerte caída debido a la menor demanda china y parece poco probable que vaya a recuperarse en un futuro próximo. Es muy probable que dichos proyectos no salgan adelante, al menos durante el mandato de Moreno. En cuanto al petróleo, el plan ante la bajada de los precios consiste en aumentar la producción en los campos con menores costos de producción y reducirla en los más antiguos. Entre los primeros se encuentra el altamente contencioso Bloque 43 (en el Parque Nacional Yasuní), cuya producción está previsto que aumente a 70.000 barriles diarios en 2018.

La minería y el petróleo no son los únicos problemas. La CONAIE ha sido noticia también por su amenaza de "disciplinar" a uno de sus ex directores, Humberto Cholango, recién nombrado jefe de la Autoridad del Agua (SENAGUA). Pero la cuestión va más allá de quién esté al mando de dicha autoridad. Se trata de un desempeño difícil: el control sobre la distribución del agua es un tema importante para las comunidades indígenas y ha sido motivo de grandes enfrentamientos en el pasado. Agua para minas y flores (o para la Coca Cola), o agua para la producción a pequeña escala de alimentos para consumo local: esta es la cuestión. Y no es difícil adivinar de qué lado están los grupos indígenas. Cholango hará bien en intentar evitar que las partes se declaren la guerra, pero, para ser francos, su puesto se parece más a un cáliz envenenado que a cualquier otra cosa.

La libertad de expresión, como el libre comercio

En cuanto a guerras, el gobierno de Correa abrió varios frentes durante sus diez años de mandato. Uno de sus principales objetivos fueron los grandes medios de comunicación privados. Correa era un duro adversario para sus opositores: los casos judiciales (que era evidente que no iba a perder nunca), las sanciones y las amenazas directas les hacían a muchos la vida muy incómoda. Y mientras ganaba batallas, también creaba muchos enemigos, muchos de los cuales fueron entrevistados en un artículo reciente de The Guardian. No se trata precisamente de un gran reportaje. En él se acepta sin casi cuestionar la idea de que, bajo Correa, la libertad de opinión en Ecuador era prácticamente inexistente y que los que intentaban expresarla eran perseguidos sistemáticamente – con lo que el corolario sería que los que se encuentran hoy bajo la amenaza de acciones legales son simplemente unos pobres inocentes que estaban en desacuerdo con la política del gobierno y a los que, como dicen aquí, se les persigue simplemente por "pensar de manera diferente". La realidad es, sin duda, mucho más compleja. El caso de la mayoría de las personas citadas por el Guardian tiene que ver con el abandono de la imparcialidad periodística para hacer campaña contra el ex presidente.

En cuanto a guerras, el gobierno de Correa abrió varios frentes durante sus diez años de mandato.

El gobierno de Correa respondió claramente en especie a la propaganda de la oposición, creando así una polarización y un clima de información dudosa del que era difícil escapar. Por otro lado, el Superintendente de Comunicaciones impuso sanciones que desafiaban la credibilidad: a siete publicaciones les fueron impuestas multas por no haber publicado durante la campaña electoral una investigación argentina sobre las finanzas extraterritoriales de Guillermo Lasso. Se trata de una cuestión peliaguda, otra más, relacionada con la diferencia entre activismo político y libertad de prensa. Moreno declaró que no estaba de acuerdo con las multas, pero eso fue antes de ser investido presidente. Es obvio que ahora no puede dejar que los medios privados dominen su agenda.

La idea de que el contencioso puede resolverse derogando la actual legislación sobre medios de comunicación, como defiende la gente de Lasso, carece de lógica y es más que probable que si su candidato hubiese ganado, la habrían mantenido vigente. Para cualquier persona relacionada con la izquierda, el problema tiene más enjundia. La libertad de expresión se asemeja en muchos aspectos al libre comercio: no es nada libre, siempre hay alguien que lo controla. En el caso de los medios de comunicación, las personas que los controlan, casi sin excepción, se oponen a las políticas económicas progresistas. Puede que en algunos casos sean liberales, pero lo que seguro que no son es socialistas. Se precisaba crear cierto equilibrio, y en gran medida se logró, aunque ese equilibrio se convirtió en una especie de "club de lucha" en el que se perdió la imparcialidad y las posiciones intermedias. Es fácil ver cómo, al combatir un monstruo, el estado puede convertirse en otro.

No hay duda de que la ley necesita reformarse. Sin embargo, existe un problema subyacente: el de un poder judicial controlado casi totalmente por el gobierno. Hasta que esto no cambie, las disputas relacionadas con la distinción entre libertad de prensa y campañas políticas serán imposibles de resolver de manera ecuánime.

El lado positivo

Un cambio inmediato - y muy popular - es la cancelación del Plan Familia, un programa para luchar contra el embarazo de las adolescentes dirigido por un miembro de la organización católica derechista Opus Dei. Otro cambio es la creación de una Comisión Anticorrupción, tras años de alarmante inacción en este tema - los casos Odebrecht y PetroEcuador son excepciones que, por su enorme dimensión, no podían contenerse. La composición de la Comisión ha sido objeto de críticas, ya que la presencia de varias personas vinculadas al anterior gobierno pone en duda su legitimidad. Más cuestionable es el hecho que dicha Comisión, o 'Frente Anti Corrupción', no tiene poder para investigar, sino que más bien supervisará las políticas públicas, y será el Fiscal General quien tendrá la responsabilidad de inspeccionar y procesar. No es algo que inspire mucha confianza.

Lo que ha ocurrido más rápidamente de lo esperado es que se han producido registros domiciliarios y en oficinas y detenciones de varias personas relacionadas con el escándalo Odebrecht. Uno de los sospechosos es tío del vicepresidente Jorge Glass, mientras que otra persona bajo sospecha es el fiscal del Estado, Carlos Polit, quien extrañamente se encuentra fuera del país debido a 'problemas de salud'. La esperanza es que no sea este un caso aislado y que el nuevo gobierno sea tan duro con la corrupción como ha prometido Moreno.

La composición de la Comisión ha sido objeto de críticas, ya que la presencia de varias personas vinculadas al anterior gobierno pone en duda su legitimidad.

A Jorge Glass la acusación contra su tío le ha pillado a contrapié y se ha visto forzado a defenderse una vez más contra los rumores de corrupción. El hecho de que su pariente sea el único de los cinco detenidos a quien se le ha concedido arresto domiciliario no le ayuda. Se dice que Moreno ha relegado a Glass, lo que por supuesto ambos niegan, pero lo cierto es que el Vicepresidente no forma parte del círculo íntimo del nuevo Presidente, en el que sí figura la esposa de Moreno, una mujer independiente y articulada que será sin duda uno de sus activos más valiosos.

En lo económico, el uso del dólar como moneda nacional no sólo tiene el respaldo decidido del sector empresarial (cuyas deudas están denominadas en dólares), sino que incluso se reforzará, según dice el nuevo Ministro de Economía, Carlos de la Torre. En eso anda simplemente repitiendo el mantra: dado el clima político actual, se considera que proponer la creación de una nueva moneda nacional sería suicida - a pesar de los problemas que el dólar fuerte está causando a los exportadores y a la balanza de pagos del país. La necesidad de ingresos en dólares significa que la política agrícola seguirá dando prioridad a las exportaciones y a la industria agraria. Es probable que exista una manera de salir de la trampa del dólar, aunque no será fácil. Pero lo imposible será encontrar el camino correcto sin diálogo.

El futuro: la economía

En cuanto al futuro del nuevo gobierno, todo es cuestión de dinero. Y en cuanto a dinero en efectivo, un reciente informe de JP Morgan sugiere que el relevo de Moreno se está produciendo en tiempos difíciles. Las condiciones no son en absoluto ideales: el dólar fuerte afecta a las exportaciones; no existe la posibilidad de devaluar como en otros países latinoamericanos; el precio del petróleo es relativamente bajo; y el déficit público y la deuda están empezando a crear problemas. Si la economía se estabiliza, y hay algún signo en este sentido, casi todos serán felices - de lo contrario, el viaje va a ser duro. Habrá recortes - los megaproyectos en infraestructuras serán los primeros en caer -, con los consiguientes riesgos derivados para la economía en su conjunto. Los recortes en personal, sin embargo, no serán inmediatos: el Ministerio de Finanzas ha llevado a cabo recientemente una emisión de bonos para posponer el problema. A la vez que existe la esperanza de que la economía se arregle en un futuro próximo, existe el temor de que los recortes socaven a un gobierno ya de por si débil - lo que significa que probablemente tendremos que esperar unos meses para averiguar qué nos depara realmente el futuro.