El martes 15 de diciembre de 2020, el Congreso Nacional de Chile aprobó un proyecto de ley que asegura que grupos indígenas participen en la próxima Asamblea Constituyente. De los 155 escaños en la asamblea, que en abril comenzará el proceso de reescritura de la Constitución para su posterior ratificación por referéndum, 17 estarán reservados para pueblos indígenas.

Las protestas sociales a nivel nacional en octubre de 2019 han transformado el panorama político en Chile, ofreciendo destellos de esperanza para aquellos que, durante mucho tiempo, han estado presionando por un cambio constitucional muy necesario. Las protestas denunciaron la creciente desigualdad, la degradación ambiental, la violencia de género y la impunidad de las élites. Estos movimientos populares presionaron al gobierno y, el 15 de noviembre de 2019, se firmó el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” por representantes de un total de 10 partidos de gobierno y oposición.

La actual constitución de Chile fue redactada en 1980 bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Siguiendo una historia continua de violencia y discriminación contra las comunidades indígenas respaldada por el Estado, la actual Constitución borra efectivamente sus luchas, vidas y demandas. Aunque el gobierno chileno adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2008, Chile sigue siendo el único país de América Latina que no reconoce a sus pueblos indígenas en su Constitución nacional.

Por lo tanto, la decisión de la semana pasada representa cierto progreso. Reconoce a 10 grupos indígenas; los mapuche, aymara, atacameño o licán antai, colla, quechua, rapa nui, yámana o yagán, kawashkar / kawésqar, diaguita, y chango. Los escaños de la asamblea se han asignado en un intento de reflejar su participación en la población nacional. Los mapuche son la nacionalidad indígena más grande de Chile, y ocuparán siete escaños. A los aymara se les han asignado dos asientos, y los otros ocho grupos recibirán uno cada uno.

Sin embargo, esta decisión no es lo que los activistas indígenas y sus aliados buscaban originalmente. El censo de 2017 registró 2.185.729 personas como pertenecientes a un pueblo indígena o originario, lo que representa el 12,8% de la población nacional. De esta cifra, el 79,8% se identifica como mapuche, el 7,2% como aymara y el 4,1% como diaguita. En este censo, el pueblo mapuche representaba el 9,9% de la población nacional. Sobre la base de estas cifras del censo, la solicitud original era de 23 o 25 escaños, que deberían sumarse a los 155 escaños ya acordados. Otros habían propuesto incluir un escaño para cada uno de los pueblos chango y selk'nam.

De esa forma, el aparente progreso de la semana pasada también revela obstáculos persistentes para el cambio. La decisión refleja cómo el gobierno de derecha actual no sólo limitó el número total de escaños (a 17 dentro de los 155, en lugar de añadirlos), sino que también rechazó las propuestas de incluir a la comunidad indígena selk'nam (que actualmente está en proceso de finalizar el reconocimiento oficial del Estado) y rechazó de manera similar los escaños reservados para los afrochilenos, que fueron reconocidos formalmente por el Estado como pueblo tribal en 2019.

No obstante, grupos de todo el país están participando en esta oportunidad, lograda con tanto esfuerzo, de reformar la Constitución de Chile, entre ellos movimientos sociales, académicos, comunidades indígenas y afrochilenas y otros activistas. El proceso de reescritura de la Constitución es incierto y requerirá la formación de nuevas alianzas para tener éxito. Sin duda, exigirá nuevos compromisos.

El periodista y autor mapuche Pedro Cayuqueo dijo en un tuit que, aunque el pueblo mapuche constituye el 80% de la población indígena de Chile, aceptó sólo siete escaños en la asamblea, representando el 40% del total, en lo que describió como una "generosidad política" que merece ser destacada en el actual clima político. También hizo referencia al valor cultural mapuche del "kelluwün" o apoyo mutuo, "la sabia reciprocidad de los antepasados". A medida que diversos intereses se unen dentro del proceso de la Asamblea Constituyente – reuniendo las demandas de representación regional, una mayor participación indígena y afrochilena, la protección de los derechos de la naturaleza, los derechos de los LGBTQ+ y otras preocupaciones – la importancia de la generosidad y la reciprocidad dentro de los esfuerzos colectivos es más necesaria que nunca.