Esta semana, la la Confederación Sudamericana de Fútbo (Conmebol) tomó partido. Tanto el miércoles 12 de mayo, como el jueves,13, demostró que, además de incompetente, algo que los sudamericanos conocemos desde hace tiempo, también es partidista y cómplice de las violaciones de derechos humanos en Colombia.
Lo demostró el miércoles cuando permitió que el partido de la copa Libertadores entre el Junior y el River Plate se llevará a cabo en Barranquilla, uno de los principales escenarios de las protestas ciudadanas que han sido brutalmente reprimidas en Colombia desde principios de mes. Ya son al menos 40 ciudadanos muertos a manos de la policía. Al menos 313 víctimas de violencia física a manos de la fuerza pública. Al menos 1,003 detenciones arbitrarias. Han sido dos semanas de un paro nacional que no da señales de terminar. Colombia está en llamas, y estas llamas se daban a las afueras del estadio Romelio Martínez, donde los equipos colombiano y argentino se enfrentaron en la fase de grupos.
El sonido de las bombas y los disparos resonó a través de los altavoces del terreno de juego y de los canales de retransmisión deportiva. El gas lacrimógeno invadió el campo mientras los atletas intentaban implementar sus estrategias de juego y se frotaban los ojos irritados por el gas al mismo tiempo. Hasta ese momento podíamos afirmar que, bueno, la Conmebol fue incompetente, incapaz, de tomar la decisión correcta en un momento confuso. No sería la primera vez que la confederación deportiva organiza un evento y es incapaz de implementar las medidas de seguridad adecuadas, como vimos en 2018 en la final entre el River Plate y el Boca Juniors, que tuvo que ser trasladada a Madrid p de violencia en Buenos Aires.
