El pasado 20, 21 y 22 de abril se celebró en Santiago de Chile la primera COP1 Escazú o Conferencia de las partes sobre el Acuerdo de Escazú, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina. La conferencia fué inaugurada por Gabriel Boric, presidente de Chile, y se celebró en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El evento, que buscaba definir un protocolo de implementación del Acuerdo, contó con la participación de representantes de los diferentes gobiernos de los países que adhirieron a este, y de representantes de la sociedad civil.

Una de las primeras decisiones de la COP 1 Escazú fue la elección de un presidente. El cargo fue otorgado a Marcelo Cousillas, director del departamento jurídico del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay

El Acuerdo de Escazú busca garantizar la aplicación efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental y de participación del público en la toma de decisiones sobre el medio ambiente para asegurar que haya una justicia ambiental y un ambiente sano. El Acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña lenca asesinada en el 2016.

A la fecha lo han ratificado 12 países. Su mayor utilidad estará, sin duda, en el ámbito de la protección de los defensores ambientales en una región de la que hacen parte países como Colombia, el lugar donde más asesinan defensores ambientales en el mundo.

Defensores ambientales, el centro de todo

Según el último reporte de Global Witness, entidad que rastrea cuántos defensores ambientales son asesinados en el mundo cada año, 65 defensores ambientales fueron asesinados en Colombia en 2020, y 227 en el resto del mundo. El segundo país en el listado fue México con 30 asesinatos ese año. Este reporte deja clara la necesidad de un acuerdo como Escazú, que tiene disposiciones específicas para la promoción y protección de quienes defienden el medio ambiente.

"[Los defensores están] en peligro porque se encuentran viviendo en o cerca de algo que alguna corporación está exigiendo. Esa exigencia -la exigencia del mayor beneficio posible, el plazo más rápido posible, la operación más barata posible- parece traducirse finalmente en el entendimiento, en algún lugar, de que el alborotador debe irse", declaró el ecologista estadounidense Bill McKibben en un artículo publicado en 2020 en The Guardian sobre el aumento de los asesinatos de activistas climáticos.

A lo largo de los años, las pruebas han demostrado que, a medida que la crisis climática se intensifica, los actos de violencia contra quienes tratan de proteger su territorio, y el planeta, no dejan de aumentar. El Acuerdo pretende hacer frente a esta situación, proporcionando protección y justicia a quienes se oponen a la explotación del medio ambiente.

"Ha quedado claro que la explotación y la codicia irresponsables que impulsan la crisis climática también están impulsando la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente", escribieron los periodistas de Global Witness.

En esta COP la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteraron de manera conjunta, la urgente necesidad de proteger a los defensores del ambiente y de implementar sin más preludios el Acuerdo de Escazú

“El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe”, afirmó durante la clausura del evento Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas

Además de garantizar la protección de los derechos de los defensores del medio ambiente, el Acuerdo también pretende asegurar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que los ataques contra los pueblos indígenas también han aumentado.

Vacíos estructurales

La conferencia para decidir cómo se llevará el Acuerdo al territorio duró tres días y confirmó la participación de seis representantes del público para dirigir la aplicación y la creación de un comité de cumplimiento que exija responsabilidades a cada Estado. Los diálogos, sin embargo, no fueron fáciles. Los representantes de Bolivia presentaron propuestas para modificar un párrafo relativo a la participación pública en el comité de dirección del Acuerdo, propuestas que fueron rechazadas por unanimidad.

Un vacío que se sintió fue la ausencia de dos países que fueron, en sus inicios, precursores del Acuerdo: Costa Rica y Chile. En la última acta de de las negociaciones del Acuerdo, que se hizo en 2018 en Costa Rica, se precisó que la Mesa Directiva del Comité de Negociación estaría integrada hasta la realización de la primera COP por Chile y Costa Rica, como copresidentes, y por Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.

El Acuerdo se adoptó en marzo de 2018 y en junio de ese mismo año, con motivo del Día Internacional del Ambiente, Chile y Costa Rica publicaron una declaración conjunta en la que dijeron:

“Ambas co-presidencias invitan a todos los treinta y tres gobiernos de la región a suscribir este importante tratado y contribuir por medio de su implementación a una protección más integral del ambiente y el fortalecimiento de los Derechos Humanos. Asimismo, reiteran que el Acuerdo de Escazú inaugura, desde las particularidades de América Latina y el Caribe, un nuevo estándar para la construcción y consolidación de la democracia ambiental. Costa Rica y Chile creen firmemente que la pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, será una señal inequívoca de la vocación de nuestra región para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y representa una importante contribución al multilateralismo“.

Este mensaje fue recibido con esperanza por los defensores ambientales de la región, sin embargo, han pasado cuatro años, ninguno de los dos países copresidentes han ratificado el Acuerdo y la esperanza se desvanece cada vez más.

Es importante recordar que una cosa es firmar el Acuerdo, un acto simbólico, y otra ratificarlo, lo que supone adquirir y ejecutar compromisos y responsabilidades.

Esta situación disminuyó las expectativas de la COP1 Escazú que tiene menos ratificantes de los que se esperaba, lo que deja en evidencia que el medio ambiente y quienes lo protegen no son prioridad para los gobiernos de la región.

Para Sandra Vilardy, profesora universitaria y directora de la iniciativa colombiana Parques cómo Vamos, afirmó que "acelerar con sentido de urgencia las transformaciones necesarias para enfrentar las crisis de biodiversidad, el cambio climático y sus consecuencias sólo se logrará si se ratifica el Acuerdo de Escazú".

Esta reflexión al parecer tuvo eco en las palabras de apertura del presidente chileno, que dijo: "El Acuerdo de Escazú nace como respuesta a las necesidades urgentes de nuestra región, que lamentablemente se ha convertido en la zona más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente. Y encarna profundos anhelos de los pueblos que viven en este rincón del Sur Global: anhelos de paz, anhelos de justicia, anhelos de acción decidida en medio de la crisis climática y la degradación ambiental que estamos enfrentando".

Esas palabras, sin embargo, no se reflejan en acciones. Chile no ha ratificado el Acuerdo y para completar el panorama sobre firmas, ratificaciones o futuras adhesiones, permanece sin registrarse la firma la de los siguientes Estados: Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela.

Ante este panorama los “Legisladores por el Ambiente” circularon un fuerte llamado a sus colegas en América Latina que aún no han logrado aprobar dicho instrumento, entre muchas iniciativas de muy diversa índole que incluyen las de varias ONGs y coordinadoras de comunidades indígenas, para que continúen trabajando en pro de conseguir la ratificación de los países que aún no lo han hecho.

Las delegaciones de Costa Rica y de Chile, al igual que las de Colombia y Perú, participaron en la cita en calidad de Estados observadores, invitados a presenciar el evento.

Colombia, por su parte, después de pocos días de haber terminado la COP1 Escazú, tuvo un primer avance en el Senado con relación a la aprobación del Acuerdo. La coincidencia de esta decisión con la presencia del Alto Emisario de la Unión Europea (UE) puede recordar que durante la COP26 en Glasgow, el Presidente colombiano, Iván Duque, radicó con carácter urgente el Acuerdo de Escazú en el Congreso para luego desentenderse de su suerte. Al igual que en otras instancias multilaterales, en Escazú, el papel lo aguanta todo.

Una realidad insostenible

Según Unicef, América Latina y el Caribe carecen gravemente de mecanismos de transparencia y acceso a la información medioambiental. En marzo de este año una auditoría realizada por OCEANA determinó que Belice tiene grandes carencias en materia de transparencia en relación con la industria pesquera y la pesca sostenible.

Es factible que, de mantenerse el nivel de violencia contra la vida de defensores ambientales, líderes comunitarios, campesinos, ecologistas e indígenas que alzan la voz en algunos países de América Latina, especialmente en Colombia, la Unión Europea (UE) recurra a condicionar algunas de sus acciones en el continente americano al grado de cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

Sin embargo, no es claro aún qué efecto podría tener en las importaciones de ciertos productos por parte de la UE, el hecho que sus principales cámaras productoras se opongan a un tratado regional que busca proteger los derechos de quienes defienden el ambiente.

Hay que recordar que el Acuerdo de Escazú de 2018 sigue de cerca, en cuanto a su contenido y a su estructura interna, a la Convención de Aarhus, adoptada para el continente europeo en 1998, con tres pilares principales: el primer pilar de Aarhus establece un conjunto de normas y requisitos para la divulgación por parte del Estado de información ambiental; el segundo pilar busca establecer un marco legal para la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter ambiental; y un último pilar es sobre el derecho a recurrir a la justicia en materia ambiental, en particular cuando hay algún incumplimiento de las obligaciones legales establecidas en el primer y segundo pilar.

¿Para qué sirvió esta primera COP?

A pocos días de concluida la primera COP en Colombia se registró una decisión en su Senado con relación a la aprobación del Acuerdo. Por el contrario, en Costa Rica no se observó ninguna iniciativa por parte de los legisladores salientes. Las nuevas autoridades ambientales electas, cuya designación generó reservas en el sector ambiental, al parecer no tienen buenas relaciones con el mundo ambiental costarricense, lo que pone en riego la ratificación del Acuerdo.

Pese a que el Acuerdo es no sólo un instrumento ambiental sino también de derechos humanos, y esa doble dimensión permitiría que los Estados que lo ratifiquen tengan un verdadero desarrollo sostenible, en varios países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), Sudamérica (Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela) y el Caribe (Bahamas, Barbados, Cuba, Haití, República Dominicana así como Trinidad y Tobago) aún no ratifican el Acuerdo.

Una pregunta que abre esta nueva serie de COP es si las instituciones multilaterales y el multilateralismo como tal están dando los resultados esperados; el multilateralismo tuvo un papel clave en la globalización, ya que logró que las naciones comenzaran a cooperar. Sin embargo, espacios como las COP son cada vez más escenarios de promesas políticas y no de acciones concretas.

Sin la ratificación del Acuerdo por parte de todos los países de la región no habrán elementos legales que permitan que los puntos del Acuerdo sean implementados en los territorios donde los defensores ambientales están siendo amenazados y asesinados. De nada sirven las COP sin el compromiso real de los Estados de la región.