Mientras Brasil se consolida en la infame posición de epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, poco se discute sobre uno de los segmentos de la población más afectados: los presos o, por usar terminología de derechos humanos, las personas privadas de la libertad.
En medio de la crisis por la Covid-19, muchos observadores señalan que el gobierno brasileño está condenando a muerte a la población encarcelada. Es importante señalar que Brasil tiene actualmente la tercera mayor población carcelaria del mundo – 773.151 presos – y algunas prisiones que funcionan por encima de su capacidad en un 300%. Incluso antes de la pandemia, ya existía una gran brecha en las condiciones de vida de la población carcelaria.
El panorama actual de la pandemia en las cárceles brasileñas puede leerse como la continuación de la plataforma de campaña del presidente Jair Bolsonaro – la de la necropolítica, en la que el Estado decide quién vive pero, sobre todo, quién muere. En un proyecto necropolítico, algunas vidas se consideran "desechables". Sólo hace falta recordar que uno de los lemas de la campaña de Bolsonaro en 2018, era "bandido bueno es bandido muerto".
