Mientras Brasil se consolida en la infame posición de epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, poco se discute sobre uno de los segmentos de la población más afectados: los presos o, por usar terminología de derechos humanos, las personas privadas de la libertad.

En medio de la crisis por la Covid-19, muchos observadores señalan que el gobierno brasileño está condenando a muerte a la población encarcelada. Es importante señalar que Brasil tiene actualmente la tercera mayor población carcelaria del mundo – 773.151 presos – y algunas prisiones que funcionan por encima de su capacidad en un 300%. Incluso antes de la pandemia, ya existía una gran brecha en las condiciones de vida de la población carcelaria.

El panorama actual de la pandemia en las cárceles brasileñas puede leerse como la continuación de la plataforma de campaña del presidente Jair Bolsonaro – la de la necropolítica, en la que el Estado decide quién vive pero, sobre todo, quién muere. En un proyecto necropolítico, algunas vidas se consideran "desechables". Sólo hace falta recordar que uno de los lemas de la campaña de Bolsonaro en 2018, era "bandido bueno es bandido muerto".

Las cárceles son un duro retrato de la estructura social brasileña, en la que la gran mayoría de los presos son negros, de bajos ingresos y residentes de las periferias. Este mismo segmento de la población también ha sido el más afectado por la Covid-19. Dentro de la prisión, la situación es aún más devastadora. Sólo considerando el mes de mayo, los casos de coronavirus en las prisiones brasileñas han aumentado en un 800%– unos 2200 presos dieron positivo para el nuevo coronavirus, según el Consejo Nacional de Justicia. Sin embargo, hasta ahora las pruebas se han llevado a cabo en sólo el 1% de la población privada de libertad.

Este año el número de muertes en las cárceles ha aumentado en un 50% en comparación con el 2019. Los datos disponibles sobre el coronavirus en las prisiones reflejan una situación de subregistro y falta de información.

Además, la estructura física de las prisiones acelera la propagación del virus: son ambientes cerrados y mal ventilados. Mientras que en condiciones normales, una persona transmite el virus a otras tres, en las prisiones, se espera que un caso afecte a otros diez.

Como señaló Bruno Shimizu, un defensor público brasileño, "El manejo de la pandemia en las prisiones ha sido el de un proyecto necropolítico, dejar morir, no producir datos y trabajar con subregistro, para hacer menos evidente este genocidio". Las políticas públicas presentadas hasta ahora han sido ineficaces para proteger a la población carcelaria, un descuido que ha sido fatal.

Aunque se han prohibido las visitas durante la pandemia, se sigue encarcelando a la gente y llevando el virus a las prisiones. Debido a la falta de espacio, el Ministerio de Justicia sugirió que los prisioneros con la Covid-19 fueran aislados en las celdas por cortinas o líneas en el suelo – medidas que no tienen respaldo médico ni prueba de efectividad para detener el contagio.

Reconociendo la gravedad del problema, el Consejo Nacional de Justicia recomendó a los jueces que liberaran a los presos que se encontraban en el grupo de riesgo para la Covid-19. Sin embargo, la oficina del defensor público señaló que de los 35.000 presos de la ciudad de São Paulo que cumplen los criterios para su liberación, sólo 700 han sido aceptados por el tribunal.

Aunque la facultad de liberar a los prisioneros pertenece a los jueces, Bolsonaro se ha pronunciado personalmente contra la liberación de los prisioneros y se abstiene de buscar medidas más eficaces para garantizar la protección de este grupo. A finales de marzo de este año, Bolsonaro declaró que no creía que los prisioneros debieran ser liberados durante la pandemia, ya que estaban "más seguros en el interior". Por absurda que pueda parecer esta declaración, es de hecho consistente con una colección de posiciones previas de Bolsonaro.

En 2019, en relación con un caso en el que cuatro prisioneros murieron asfixiados en una viatura policial durante un traslado, Bolsonaro respondió a la prensa que "problemas ocurren". En esa misma ocasión, Bolsonaro aprovechó la cobertura mediática para defender el trabajo forzado para las personas privadas de libertad. Esta práctica, sin embargo, es considerada ilegal por la constitución brasileña.

Estos episodios reafirman que no hay nada sorprendente en la postura actual de Bolsonaro con respecto al riesgo de la vida de los prisioneros durante la pandemia. En sus discursos como parlamentario, como candidato y, finalmente, como presidente, Bolsonaro siempre ha sostenido que "bandidos buenos son bandidos muertos". Me atrevo a defender que la posición de Bolsonaro también es coherente con varias declaraciones contra los derechos de la mujer, de carácter racista y homófobo, y con su postura general hacia la Covid-19.

La negligencia en la promoción de políticas públicas para proteger a los privados de libertad no es el resultado de la falta de preparación del Estado frente a la pandemia, sino de la persistencia del proyecto necropolítico de Bolsonaro. El virus afecta desproporcionadamente a los más pobres, ya que la tasa de contagio es mayor en las periferias debido a las deficiencias de infraestructura y a la falta de materiales como el agua y el jabón.

Las minorías son el grupo más afectado por la pandemia desde fuera del sistema penitenciario brasileño, pero también desde dentro, en donde se replica las estructuras de desigualdad social en las que los negros y las personas de bajos ingresos son la mayoría de la población encarcelada.

El contagio masivo de la Covid-19 entre las personas privadas de libertad en Brasil es un tema crítico y sus efectos afectarán al país, tanto en un futuro próximo como en un futuro no muy lejano. La consecuencia más clara e irreparable de la crisis de la Covid-19 en las prisiones es el costo humano: cientos de personas son condenadas a muerte y familias pierden a sus seres queridos. Como otra consecuencia grave, hay que reconocer que el descuido de la situación en las prisiones puede endurecer el discurso punitivo en la sociedad brasileña. Esto puede normalizar un discurso como el del "bandido muerto" y alejar cada vez más al país de un sistema de justicia capaz de adoptar la resocialización en lugar del castigo.