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El pasado 20 de junio quince activistas angoleños fueron detenidos en Luanda, acusados de atentar contra el orden público y la seguridad nacional. Diecisiete de ellos fueron acusados formalmente de planear un golpe de estado para derrocar el presidente de Angola, si bien dos, Laurinda Gouveia y Rosa Conde, fueron puestas en libertad provisional.
Según el fiscal general, el general João María de Sousa, estos actos constituyen “un crimen contra la seguridad nacional de Angola y, consecuentemente, un delito de rebelión”. Por sus palabras podríamos pensar que los activistas distribuían armas o planeaban una revolución violenta. Nada más lejos de la realidad: intercambiaban opiniones sobre dos libros, una actividad aparentemente prohibida en Angola a día de hoy.
