Para entender como se ha llegado a esta enésima etapa de la tormenta financiera empezada hace un año en el Rio de la Plata es necesario partir desde los cruciales acaecimientos de agosto-octubre 2018, en particular aclarando el papel clave (y nefasto) jugado por el FMI.

El 20 de junio de 2018 el Fondo y el gobierno argentino firmaron el acuerdo de stand-by más grande de la historia. A cambio de un pronto rescate financiero de 50mil millones de dólares, el gobierno argentino se comprometía a cumplir a rajatabla tres tipos de metas: una meta fiscal (drástica reducción del déficit publico), una meta de inflación y finalmente una meta de oscilación máxima y mínima del valor de la divisa nacional.

Sin embargo, el desempeño de las autoridades económicas argentinas fue tan malo que ya en agosto de 2018 el país reprobó la primera inspección de los técnicos del Fondo, hecho inédito en la historia argentina.

El incumplimiento determinó la suspensión inmediata del acuerdo y su renegociación, anticipada por la renuncia del entonces director del banco central Caputo.

En un contexto ordinario, hubiese sido esperable un endurecimiento de la postura del Fondo, a raíz de la escasa seriedad mostrada por el país deudor. Sin embargo, la redefinición del acuerdo anunciada en octubre de 2018 contenía un conjunto de medidas inéditas y sorpresivas.

En primer lugar, como insólito premio por su desastroso desempeño, Argentina recibía un monto final más alto del original (57 mil millones de dólares). En segundo lugar, se eliminaban por completo las metas de inflación y la banda de oscilación del tipo de cambio.

Finalmente, se permitía explícitamente al banco central de intervenir en el mercado cambiario, vendiendo reservas en dólares para defender el tipo de cambio.

Vale la pena destacar que tan disparatada fue esta ultima medida, dado que equivalía a financiar con los dólares del FMI la poderosa fuga de capitales que, mientras tanto, caracterizaba la economía argentina.

De esta manera, la medida representaba una clara violación del articulo VI del estatuto del Fondo, que impide al FMI de financiar la fuga de capitales con sus préstamos.

Si todo esto no fuera suficiente, la versión revisitada del acuerdo modificaba por completo el cronograma de los pagos. El 90% de los recursos prestados a Argentina se anticipaban al año 2019, es decir a un año electoral, para que lo pudiera utilizar casi exclusivamente el gobierno de Macri. Viceversa, Argentina tenia que empezar a devolver la plata recibida solo a partir de 2021.

Dicho de otra manera, es evidente que en octubre de 2018 el FMI ha tomado una decisión clara y radical: convertirse en un actor político clave que creara todas las condiciones necesarias para la relección del presidente Macri.

De hecho, los meses sucesivos se han caracterizado por una inusual estabilidad del tipo de cambio, que ha llevado a muchos observadores a vaticinar que la crisis estaba terminando y que Macri se encaminaba hacia una fácil victoria.

Sin embargo, las cosas estaban bastante más complicadas.

La que a primera vista se podía confundir con una bonanza era, ni mas ni menos, el ojo de la tormenta.

Los actores económicos y financieros seguían desconfiando del país, pero aceptaban moderar sus conductas a raíz del apoyo político incondicional garantizado a la administración Macri por el FMI.

De esa manera, la inédita actuación del Fondo introducía un ulterior elemento de fragilidad financiera en Argentina: si el FMI garantizaba su apoyo incondicional solo a la administración Macri, cualquier revés electoral sufrido por el oficialismo hubiese implicado una inmediata corrida cambiaria, dado que los actores económicos habrían asociado el fin de Macri con el fin de la ayuda del Fondo y, por ende, con el abrupto aumento de la probabilidad de un default argentino.

Cuando el 11 de agosto el candidato opositor Alberto Fernandez ganó las PASO con una amplia ventaja de más de 15 puntos dicho riesgo se materializó.

El lunes empezó una tormenta cambiaria y financiera que llevó el peso a una depreciación de casi el 30%, con un aumento enorme del riesgo país (hoy en 1879 puntos) y un desplome de los activos financieros argentinos.

La reacción descabellada del presidente Macri (que ha inicialmente culpado a los electores argentinos por la crisis y luego pedido disculpas, justificándose por la ausencia de sueño) no es el elemento mas grave en el escenario post electoral.

El verdadero problema es que en el medio del caos Macri ha anunciado un conjunto de medidas extraordinarias finalizadas a sostener el poder adquisitivo de los ciudadanos: aumento del 5% del sueldo de los estatales, drástica reducción del impuesto a la ganancia y eliminación completa del IVA para los bienes de consumo básicos.

Dichas medidas implican un fuerte aumento del gasto público y por lo tanto significan incumplir con la única meta prevista por la segunda versión del acuerdo con el FMI: la meta fiscal.

Dicho de otra manera, Argentina acaba de dinamitar el acuerdo con el FMI, en el medio de una gravísima crisis económica y política, como demuestra la renuncia del ministro de Hacienda Nicolas Dujovne, garante del pacto con el Fondo.

Si y en qué términos será posible renegociar un tercer acuerdo con el Fondo es imposible de decir en el escenario actual.

La única certeza es que la conducta partisana e irresponsable del FMI ha contribuido al desastre en el cual el país se encuentra. Si no se logrará tranquilizar a los actores económicos y reducir drásticamente la volatilidad financiera en términos muy breves, este podría ser solo el comienzo de una crisis terminal para Argentina.