Para entender como se ha llegado a esta enésima etapa de la tormenta financiera empezada hace un año en el Rio de la Plata es necesario partir desde los cruciales acaecimientos de agosto-octubre 2018, en particular aclarando el papel clave (y nefasto) jugado por el FMI.
El 20 de junio de 2018 el Fondo y el gobierno argentino firmaron el acuerdo de stand-by más grande de la historia. A cambio de un pronto rescate financiero de 50mil millones de dólares, el gobierno argentino se comprometía a cumplir a rajatabla tres tipos de metas: una meta fiscal (drástica reducción del déficit publico), una meta de inflación y finalmente una meta de oscilación máxima y mínima del valor de la divisa nacional.
Sin embargo, el desempeño de las autoridades económicas argentinas fue tan malo que ya en agosto de 2018 el país reprobó la primera inspección de los técnicos del Fondo, hecho inédito en la historia argentina.
El incumplimiento determinó la suspensión inmediata del acuerdo y su renegociación, anticipada por la renuncia del entonces director del banco central Caputo.
En un contexto ordinario, hubiese sido esperable un endurecimiento de la postura del Fondo, a raíz de la escasa seriedad mostrada por el país deudor. Sin embargo, la redefinición del acuerdo anunciada en octubre de 2018 contenía un conjunto de medidas inéditas y sorpresivas.
En primer lugar, como insólito premio por su desastroso desempeño, Argentina recibía un monto final más alto del original (57 mil millones de dólares). En segundo lugar, se eliminaban por completo las metas de inflación y la banda de oscilación del tipo de cambio.
Finalmente, se permitía explícitamente al banco central de intervenir en el mercado cambiario, vendiendo reservas en dólares para defender el tipo de cambio.
Vale la pena destacar que tan disparatada fue esta ultima medida, dado que equivalía a financiar con los dólares del FMI la poderosa fuga de capitales que, mientras tanto, caracterizaba la economía argentina.
De esta manera, la medida representaba una clara violación del articulo VI del estatuto del Fondo, que impide al FMI de financiar la fuga de capitales con sus préstamos.
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