La democracia en México está retrocediendo y sólo hay un responsable: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No se trata de un acto deliberado de parte suya para cancelar las mejoras democráticas del país durante su transición (1977-1996). El problema es que sus principios políticos, a los que se refiere como “lo que estima más importante en la vida,” no son totalmente compatibles con el funcionamiento de una democracia moderna, esto es, una fórmula de resultado incierto para elegir gobiernos para un tiempo limitado.

Para entender esto, echemos la mirada atrás al desarrollo político reciente de México. Entre 1977 y 1996, el país transitó de un régimen autoritario bajo el hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una democracia multipartidista. Diferentes razones se han dado para ello. Primero, el contexto internacional marcado por los nuevos vientos democráticos que soplaron en el sur de Europa (Portugal y España), que luego soplarían con fuerza en América Latina y Europa del Este. En segundo lugar, la política interna del país marcada por la actividad guerrillera y el bochorno público que significó para el régimen del PRI que su candidato presidencial en 1976, José López Portillo, contendiera solo. En este contexto, el PRI permitió una modesta apertura política con la aprobación en 1977 de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE). Esta ley introdujo dos cambios importantes. Primero, cambió la fórmula de asignación de escaños en la cámara de diputados al introducir un sistema mixto de representación que garantizaba un mínimo de escaños a la oposición. En segundo lugar, otorgó reconocimiento legal a todos los partidos políticos —incluyendo al hasta entonces marginado Partido Comunista Mexicano— y los definió como “entidades de interés público.”

El objetivo del PRI al aprobar la LOPPE no era desencadenar una transición democrática, sino dotarse de un barniz democrático. Sin embargo, involuntariamente, este hito marca el comienzo de una transición que se alargó hasta 1996 y cuyo objetivo fue doble: quitarle la autoridad electoral al PRI-gobierno y ponerla en manos de un organismo autónomo. Esto se logró a través de casi dos décadas de negociaciones formales e informales entre el gobierno y la oposición. Los líderes de la oposición contaban con dos bazas a este fin: apoyo legislativo en las cámaras y capacidad de movilización callejera contra los continuos fraudes electorales en este período. La transición mexicana a la democracia, de hecho, puede resumirse como un círculo virtuoso entre fraude electoral, protestas callejeras, y reformas electorales. No es casualidad que las principales reformas se aprobaran en torno a una elección federal: 1986, 1989-1990, y 1993-1994. Finalmente, el ciclo de retroalimentación del círculo se cerró en 1996 con un cambio constitucional que otorgó en definitiva plena autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE) con respecto al poder ejecutivo.

AMLO llegó a la escena política nacional en ese mismo año de 1996 al asumir la presidencia del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), y lo hizo con un mensaje sorprendente: la verdadera democracia aún no ha llegado a México, y sólo lo hará a través de la movilización popular y no reformando las leyes electorales aquí y allá. Por “verdadera democracia,” AMLO no estaba hablando de un conjunto de reglas acordadas entre las élites políticas para competir por el poder en igualdad de condiciones. A lo que él se refería era que para que existiera una democracia “verdadera,” los cargos públicos electos deberían representar al pueblo (le peuple). Este concepto, le peuple, es intrincado y políticamente confuso, derivado de la idea de la voluntad general de Rousseau. De este modo, si la esencia de la democracia es la incertidumbre con respecto a los resultados electorales, la versión “verdadera” y rousseauniana de AMLO garantiza absoluta certeza.

Para comprender esto, necesitamos saber que AMLO cree firmemente en la existencia de un pueblo mexicano único y homogéneo con características específicas. Constantemente se refiere a él en sus discursos y no escatima halagos: bueno, admirable, con profundas raíces culturales, limpio, trabajador, virtuoso, mi ángel guardián, etc. Este “pueblo” mexicano sería una entidad uniforme cuyos miembros, aunque tal vez no lo sepan, en el fondo piensan, sienten y quieren las mismas cosas. Esta noción es difícil de encajar dentro de una democracia moderna, que es precisamente una forma de acomodar una diversidad de preferencias políticas. México es un ejemplo de ello: recordemos que el objetivo de la transición democrática era precisamente incorporar a la política institucional a actores marginados o que no compartían el credo nacional-revolucionario del PRI, por ejemplo, los comunistas. En contraste, la democracia “verdadera” de AMLO es en efecto una censura sobre la oposición basada en una pretendida superioridad moral.

Teniendo en cuenta los principios políticos de AMLO, tan estimados por él pero no del todo compatibles con el juego electoral, su vehemente reacción ante la derrota en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 no es ninguna sorpresa. En pocas palabras, para él, la voluntad general y los intereses del “pueblo” están por encima de cualquier resultado electoral —que puede que confirmen su primacía, pero de ninguna manera los invalida. “El pueblo no se equivoca” es una de sus líneas favoritas. Es por eso que siempre explica sus derrotas electorales en términos de trampas de sus adversarios. Otra de sus líneas favoritas es “primero los pobres.” El problema, por supuesto, es que en democracia ningún grupo o individuo es primero o segundo. Esa es su grandeza y su miseria.

Lo que AMLO más estima en su vida son sus principios políticos y, claramente, al “pueblo” de México. Lo ha dicho en todos los rincones del país. No parece que mienta. Tanto en la oposición como en el gobierno se ha enfrentado radicalmente y sin concesiones contra la desigualdad social en el país, al menos retóricamente. No hay forma de separarlo de ese discurso: “Para mí, ser de izquierda, además de tener amor al pueblo y ser honesto, implica luchar para transformar. Eso es ser radical. Lo contrario es conservadurismo.” En cierto modo, es una figura trágica: no es que tenga ideas equivocadas, sino que se mueve entre instituciones que fueron creadas para fines más modestos. Al mismo tiempo, no parece tener una clara comprensión de la importancia de estas instituciones para limitar poderes, procesar demandas, etc. Quizá no sea consciente, pero está expresando las ambigüedades en torno a la noción de la voluntad general, que se conceptualiza tanto como una abstracción, como el conjunto de preferencias políticas reales de la ciudadanía. Así las cosas, se avecina un tragedia institucional en México.