La lucha política contra la legislación antiabortista es también una lucha de clases.

La realidad es que el aborto solo es ilegal para las mujeres pobres. Las mujeres con recursos siempre pueden interrumpir sus embarazos no deseados. O conocen a un médico que realiza abortos médicos por un precio exorbitante para la mayoría, o cuentan con los recursos para viajar a un lugar donde el aborto es legal, o tienen medios para comprar una píldora abortiva, ya sea en su propio país o en otro lugar.

Restringir el acceso al aborto seguro mantiene a las mujeres pobres en la pobreza, perpetúa el ciclo que les impide la movilidad social y permite que la riqueza permanezca en manos de los ricos, particularmente en manos de hombres blancos.

Decidir si y cuándo tener un hijo es fundamental para el bienestar psicológico pero también económico de una mujer: tiene implicaciones para para su educación, para ingresar a la fuerza laboral o para permanecer en ella y desarrollar una carrera profesional.

En un estudio de 2018 basado en entrevistas a 813 mujeres en los Estados Unidos durante cinco años, los investigadores encontraron que las mujeres a quienes se les negó el derecho a tener un aborto tenían mayor probabilidad de encontrarse en situación de pobreza al cabo de seis meses en comparación con mujeres que pudieron interrumpir el embarazo.

Las mujeres a las que se les negó el aborto también tuvieron menos posibilidades de tener trabajo a tiempo completo y más posibilidades de depender de alguna forma de asistencia pública. Ambos efectos "siguieron siendo significativos durante 4 años".

El estudio concluye que "las mujeres a las que se les negó un aborto eran más propensas que las mujeres que pudieron abortar a experimentar dificultades económicas e inseguridad durante años. Las leyes que restringen el acceso al aborto pueden significar peores resultados económicos para las mujeres afectadas”.

América Latina

En América Latina, este escenario se ve exacerbado por la enorme desigualdad de la región, que hace que las mujeres pobres o pertenecientes a minorías sean invisibles ante las políticas públicas. Las mujeres indígenas, por ejemplo, se ven desproporcionadamente afectadas por las consecuencias adversas que afectan a su salud sexual y reproductiva.

Las tasas de embarazo no deseado y embarazo adolescente son altas en las poblaciones indígenas. Las mujeres indígenas se enfrentan mayores riesgos de sufrir complicaciones relacionadas con el aborto y la muerte que el público en general.

Son las mujeres pobres, jóvenes y de minorías étnicas las que sufren la mayor parte de los costos físicos y sociales que les imponen las restrictivas leyes antiaborto de América Latina.

América Latina alberga seis países que penalizan el aborto totalmente, incluso en situaciones donde la vida de la mujer está en riesgo. En El Salvador, República Dominicana, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam, las mujeres se ven obligadas a llevar un embarazo a término incluso si eso significa su muerte, lo que significa una violación explícita de sus derechos humanos.

Esto hace de América Latina la región del mundo que cuenta con la legislación antiaborto más estricta. Los únicos otros dos lugares que penalizan la terminación del embarazo, incluso si el procedimiento es médicamente necesario para salvar la vida de la mujer, son Malta y el Vaticano.

El Salvador fue noticia en 2019 cuando Evelyn Hernández fue absuelta de una condena por asesinato relacionada con la muerte de un feto. Había sido sentenciada a 40 años de prisión por dar la luz a un bebé muerto.

En El Salvador, al menos 159 mujeres han recibido sentencias de entre 12 y 40 años de prisión por violar las leyes antiaborto del país centroamericano. Unas 20 permanecen aún hoy en la cárcel.

Ninguna de esas mujeres proviene de un entorno rico. Todas son pobres.

El factor raza

El orden político-económico está conformado por muchas variables, pero la raza es una de las principales. En los Estados Unidos, las mujeres negras tienen las tasas más altas de aborto en el país. Esto es consecuencia de la grave brecha de riqueza entre las familias blancas y negras, que se mantiene incluso entre las familias pobres.

Una familia blanca que vive cerca de la línea de pobreza generalmente tiene alrededor de US$18,000 de riqueza media. Al mismo tiempo, familias negras en situaciones económicas similares suelen tener una riqueza media cercana a cero.

Mientras que todas las mujeres sufren las consecuencias de la batalla contra el aborto, la realidad de clase significa que las mujeres de color sienten los efectos de forma desproporcionada.

Una gran cantidad de estudios muestra que el acceso a abortos seguros en los Estados Unidos tuvo efectos positivos más visibles entre las mujeres negras. Después de la legalización del procedimiento, la entrada de mujeres negras en la fuerza laboral aumentó 6.9 puntos porcentuales, en comparación con 2 puntos porcentuales entre el total de las mujeres.

La legalización del aborto en los Estados Unidos redujo la fertilidad adolescente entre todas las mujeres. Sin embargo, las mujeres y niñas negras experimentaron un aumento en la tasa de graduación de la escuela secundaria y de ingreso a la universidad, mientras que la legalización no mejoró los resultados educativos para las mujeres y niñas blancas. Esta es otra indicación de cómo la desigualdad afecta desproporcionadamente a las mujeres de color.

Las leyes restrictivas no disminuyen los abortos

Las tasas más altas de aborto se encuentran en los países en vías de desarrollo, específicamente en América Latina. Liderando la lista está el Caribe, afectando a 59 de cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, seguido de Sudamérica, con 48.

Como era de esperar, las tasas más bajas se encuentran en América del Norte, con 17, y en Europa occidental y septentrional, con 16 y 18 por 1.000, respectivamente.

Dada la cantidad de evidencia científica fruto de la investigación que muestra cuán ineficaces son las leyes punitivas para frenar el número de abortos, es difícil imaginar que exista cualquier otra razón, si no la intención de mantener a las mujeres sistemáticamente discriminadas, fuera de la fuerza laboral y en la absoluta pobreza.