Rute Zúñiga, Victoria Vigo, Josefina Quispe, Francisca Llantoy son solo algunos de los nombres de las mujeres que, desde 1990 hasta 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, fueron esterilizadas en contra de su voluntad.

Hasta 2015 el caso de las esterilizaciones forzadas fue elevado a "asunto de interés nacional de Perú" por un decreto emitido por el entonces presidente Ollanta Humala.

La comisión del Congreso peruano que investigó los casos de anticoncepción quirúrgica en 2002, concluyó que 314.605 mujeres fueron esterilizadas en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno de Alberto Fujimori. Según el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem), concluyó que de esa cifra solo el 10% tuvo "consentimiento genuino".

Hoy, dos décadas después, miles de mujeres que fueron sometidas a ser esterilizadas sin su consentimiento a ligaduras de trompas tendrán derecho a una reparación por parte del Estado peruano. La indeminización fue aprobada gracias a una campaña que promovió la excongresista indígena Tania Pariona junto a la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).

Durante su mandato Fujimori promovió el programa como un "programa de planificación familiar" y como una medida para combatir la pobreza. La realidad es que los procedimientos eran traumáticos, muchas veces sin anestesia, y fueron llevados a cabo en hombres y mujeres. La mayoría de las víctimas eran indígenas de origen humilde y hablantes de quechua, que firmaron documentos en español que ni siquiera entendían.

Después de los procedimientos, muchas mujeres y hombres tuvieron secuelas físicas y, en algunos casos, complicaciones que les causaron la muerte. A eso se suman secuelas psicológicas y el hecho de que, en el caso de las mujeres, muchas fueron abandonadas por sus maridos por no poder tener más hijos.

El proceso legal contra Fujimori y sus exministros de Salud comenzó hace más de una década. Sin embargo, no ha habido avances significativos. El 1 de marzo de 2021 habrá una audiencia en la que la Fiscalía tendrá que presentar su acusación final contra los imputados. De encontrarlos culpables, la pena se añadirá a los 25 años que cumple Fujimori por crímenes de lesa humanidad. Aunque todavía no se conoce el monto de las indemnizaciones es, sin duda, un avance para un delito que lleva más de 20 años impune.

Métodos coercitivos

Testimonios e investigaciones hechos por organizaciones como Amnistía Internacional, Cladem y el Congreso peruano han enumerado los métodos de hostigamiento y chantaje que empleaba el personal de salud peruano para practicar ligaduras forzadas. Algunos eran:

• Chantaje a madres que habían dado a luz hacía poco de no inscribir a sus hijos en el registro civil.
• Amenazas de realizar abortos a las mujeres embarazadas que no aceptaran ser esterilizadas.
• Presión psicológica con argumentos sobre la irresponsabilidad o inestabilidad económica de los maridos para que las mujeres optaran por la anticoncepción quirúrgica.
• Visitas casa por casa de enfermeras que amenazaban con volver "con la Policía" si las mujeres no aceptaban acudir al centro de salud.
• Festivales y campañas destinadas a convencer a las mujeres de que el mejor método de anticoncepción es la ligadura de trompas en lugar de otras formas de planificación familiar no definitivas.
• Recorridos de ambulancias casa por casa para recoger a mujeres.
• Pago de "incentivos" económicos a los maridos para que firmen una autorización para que la mujer sea sometida a una esterilización "voluntaria".
• Ofrecimiento de alimentos y medicinas como mecanismo de captación de mujeres de escasos recursos o con necesidades urgentes.
• Uso de la fuerza física para llevar a las mujeres a los centros de salud.

Ayudar a contar la propia historia

Como lo mencionamos antes, las mujeres y hombres que fueron sometidos a las esterilizaciones forzadas eran, en su gran mayoría, de origen humilde, hablantes indígenas de quechua, que firmaron documentos legales que no comprenden. Fujimori había anunciado que el programa iba a ser progresivo y que ofrecía una gama de métodos anticonceptivos.

La realidad era que el programa tenía objetivos y cuotas claras y unos números de esterilizaciones que el personal de salud tenía que llevar a cabo.

A raíz de que todavía hay muchas personas que no han sido capaces de denunciar o de contar sus historias nació Proyecto Quipu. Una plataforma web en el que se recogen miles de historias de esterilizaciones forzadas en mensajes de voz. Para alimentar la página personas de todo Perú pueden usar una línea telefónica gratuita en la que hablan y oyen testimonios de otras personas. Incluso pueden dejar respuestas para otras víctimas.

Una vez grabados, los mensajes se traducen en quechua, español e inglés y se suben al sitio web del proyecto donde se pueden escuchar desde cualquier parte del mundo.

El nombre del proyecto nace de los quipus, que eran un antiguo sistema de registro usando hilos y nudos usados por los incas. Así, Proyecto Quipu tiene hilos entre las víctimas y crea nudos que dejan, en la tradición oral, testimonio de lo que vivieron y de que ninguno dio su consentimiento cuando fue esterilizado.

Este tipo de proyectos ayudan a darle voz a las víctimas y a que se conecten entre ellas. Muchas tienen consecuencias psicológicas y físicas tan grandes que no han podido volver a trabajar. Señalan, además, que nunca recibieron cuidados posteriores y señalan que haber logrado una indeminzación es un triunfo, más allá de las sumas, porque lo que hizo el gobierno Fujimori fue un acto de abuso y discriminación, al aprovecharse y decidir por las poblaciones más pobres y vulnerables, que debe ser saldado.