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Una comunidad indígena se enfrenta a una hidroeléctrica gigante en Paraguay

La comunidad indígena Tekoha Sauce, que fueron desplazados por el gigante hidroeléctrico Itaipú hace 37 años en Paraguay, luchan por recuperar sus tierras y no sufrir un segundo desalojo. English Português

William Costa
5 August 2019
La comunidad Tekoha Sauce mantiene una fuerte conexión cultural y espiritual con el agua / Imagen William Costa

“Éramos muy felices cuando vivíamos a la orilla del río Paraná. Teníamos nuestras casas, teníamos nuestros animales y nuestros cultivos de menta, que vendíamos en el lado brasilero”, dice Carmen Martínez.

Con evidente melancolía, la mujer de 84 años declara que no sabe cómo empezar a hablar de los incontables recuerdos que tiene de su antiguo hogar en el este de Paraguay junto al Paraná—uno de los grandes ríos de Sudamérica—y las dificultades que le ha tocado vivir desde que su comunidad indígena, Tekoha Sauce, fue desalojada durante la construcción de la enorme represa de Itaipú en 1982.

Carmen está sentada en una silla de plástico en el borde de un camino de tierra. De un lado de esta carretera angosta hay un interminable campo empleado para agricultura mecanizada. Del otro lado está la Reserva Biológica Limoy: un área de espeso bosque que cubre 13.3 km2.

La reserva la administra la Itaipú Binacional, una institución que el Estado paraguayo y el Estado brasileño poseen conjuntamente y que también es responsable de la represa de Itaipú. La estrecha franja de tierra entre estos dos paisajes dispares es, actualmente, el hogar temporal de las 43 familias de Tekoha Sauce.

Al lado de Carmen está su nieta Amada Martínez, una lideresa de la comunidad. Amada explica que Tekoha Sauce es uno de muchos grupos indígenas del este de Paraguay—todos pertenecientes al pueblo ava guaraní—que perdieron sus territorios ancestrales como consecuencia de la construcción de Itaipú. Ahora, afirma Amada, las familias de Tekoha Sauce están luchando por recuperar sus tierras mientras también enfrentan la amenaza inminente de un segundo desalojo por parte de la Itaipú Binacional: esta vez de su asentamiento provisional en Limoy.

NoneAmada y Carmen Martínez /Imagen: William Costa

El precio del progreso

La represa hidroeléctrica de Itaipú se construyó como proyecto conjunto de Paraguay y Brasil—ambos estados controlados en aquel momento por dictaduras militares—durante el período 1973-84.

Este símbolo del progreso se edificó sobre el río Paraná—el río marca la frontera entre los dos países—y, en esa época, era la planta hidroeléctrica más grande del planeta (actualmente, es la segunda más grande del mundo en cuanto a su capacidad—la represa de las Tres Gargantas en China es la más grande—pero conserva su posición como la planta que más energía produce).

Dentro del marco de este proyecto de ingeniería sin precedentes, el gobierno paraguayo expropió un área de 1650 km2. La zona expropiada incluía espacio para acomodar parte del enorme embalse de la planta, que cubre un total de 144 km2 en los dos países—tan grande que cambió el mapa de Sudamérica—y aproximadamente 100 km2 para la creación de reservas naturales.

Mariblanca Barón, una investigadora que ha escrito sobre cómo Itaipú ha afectado a los ava guaraní, afirma que 38 comunidades indígenas, compuestas de aproximadamente 688 familias, se vieron obligadas a abandonar sus tierras ancestrales en el margen paraguayo del Paraná como resultado de la expropiación.

Declara que esta acción violó tratados internacionales e incluso la ley paraguaya, la cual declara que “el consentimiento libre y expreso de la comunidad indígena será esencial para su asentimiento en sitios distintos al de sus territorios habituales” y que los indígenas “serán proporcionadas tierras aptas y por lo menos de igual calidad a las que ocupaban”.

NoneLes han prohibido cazar, pescar, construir y buscar leña en Limoy / William Costa

En su libro Los Ava Guaraní Paranaenses Barón demuestra que desde el principio del proceso de desalojo hubo irregularidades. Escribe que un estudio que encargó la Itaipú Binacional en 1977, el cual empleó para coordinar el traslado de las comunidades indígenas, contenía documentación incompleta de los habitantes del área y provisiones inadecuadas.

El eminente antropólogo Bartomeu Melià, uno de los tres académicos que realizó el informe, ha denunciado el trabajo como insuficiente—“muy a medias lo hicimos”—y ha dicho que, contrario a la postura de la Itaipú Binacional, de ninguna manera se puede usar para justificar el desalojo de los ava guaraní.

Un informe que publicó este año la Fiscalía Federal de Brasil afirma que también se violaron los derechos de grupos ava guaraní en ese país durante la construcción de Itaipú. El Estado paraguayo aún no ha producido ningún informe sobre el caso.

Desarraigo de una comunidad

Las experiencias de Tekoha Sauce demuestran de forma clara las violaciones de los derechos de las comunidades indígenas en Paraguay. Carmen Martínez afirma que los funcionarios de la Itaipú Binacional les notificaron que las aguas del nuevo embalse inundarían completamente su territorio ancestral y que luego fueron trasladados, juntos a miembros de otras comunidades, a un terreno que el Estado había destinado para su reubicacción.

Afirma que esta nueva locación, una zona que se llama Jekyry, era completamente inapropiada. No había animales silvestres para la caza y no había río. Más allá de la importancia de la pesca para su subsistencia, los ava guaraní paranaenses han desarrollado una relación espiritual con el agua de suma importancia a través de su contacto milenario con el Paraná: no era posible preservar esta relación en Jekyry.

Carmen cuenta que poco después del traslado, muchos de los miembros de la comunidad murieron de tristeza: “Perdimos todo: nuestras tierras, nuestras casas y nuestra forma de vivir”.

Amada describe la experiencia de sus abuelos y sus padres: “Nunca se les consultó si querían irse para allá. Los llevaron a la fuerza y, como ellos no tenían otra opción, se quedaron”.

La joven lideresa menciona que el hecho de que la comunidad no tuviera título para la tierra ha complicado su situación legal: “Eran tierras fiscales. En esa época no había que tener título, sino simplemente ocupar la tierra. Siempre estaban los indígenas. Siempre eran las tierras de los indígenas”.

“Antes creíamos en la palabra; para nosotros la palabra era lo máximo. Ahora los guaraníes hemos aprendido lo importantes que son los papeles”.

Con el apoyo de una coalición de ONGs nacionales e internacionales Tekoha Sauce se ha convertido en la primera de las 38 comunidades desplazadas por le represa de Itaipú en emprender una lucha jurídica por recuperar su territorio perdido o recibir otras tierras adecuadas.

La Itaipú Binacional por su parte niega que haya incumplido la ley (esta también ha sido su reacción ante las recriminaciones expuestas en el informe de la Fiscalía Federal de Brasil). En una carta que la institución mandó al Senado paraguayo en mayo de este año, sostiene que cumplió con sus obligaciones legales al trasladar a los miembros de Tekoha Sauce en 1982.

Lucía Sandoval, miembro del equipo de abogadas que representa a la comunidad, disputa esta versión de los hechos. Sostiene que la muy baja calidad de las tierras a las que llevaron a las familias de Tekoha Sauce implica una violación de la ley: “El Estado estaba obligado a proporcionarles tierra de igual calidad a la que ellos habitaban para que pudieran desarrollarse allí nuevamente como familias, practicando su cultura, sin perder sus tradiciones. Eso es lo que dice la Ley 904, y eso no se respetó para nada”.

El equipo jurídico de Tekoha Sauce está esperando actualmente la decisión final de las autoridades paraguayas. Si esta decisión no es favorable, el caso se llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Leti Galeano, coordinadora de la coalición de ONGs que apoya a la comunidad, dice que “Tiene todos los requisitos jurídicos para pasar a la Corte Interamericana. Primero, agotaremos todas las opciones aquí en Paraguay, pero sabemos que acá no se soluciona nada. Ya está empezando a ser el momento de pasar a instancias internacionales”.

En los últimos años, tres comunidades indígenas de otras regiones de Paraguay han ganado casos de conflictos por la tierra en la CIDH.

NoneAmada Martínez, una lideresa de Tekoha Sauce / Imagen: William Costa

Tekoha Sauce es uno de los muchos grupos originarios que enfrentan problemas relacionados con la tenencia de la tierra en Paraguay. La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, escribe que, del alrededor de 500 comunidades indígenas que hay en el país, 134 no tienen tierras y otras 145 tienen problemas relacionados a la tenencia de la tierra, tales como conflictos con el Estado o empresas privadas.

El territorio no está bajo agua

Antes de emprender su lucha jurídica actual, las familias de Tekoha Sauce ya buscaban la forma de recuperar du patrimonio perdido. Amada cuenta, “Yo desde chiquita siempre escuchaba historias sobre lo que pasó. La gente de Sauce nunca dejó de pertenecer a ese sitio”.

Amada menciona que los miembros de la comunidad solían volver a la zona de su hogar ancestral, y que a través de estas visitas descubrieron que su territorio no se había inundado completamente como les habían dicho las autoridades.

Encontraron que una parte de sus tierras había sido designada como una reserva natural protegida—lograron ubicar su antiguo cementerio dentro de esta reserva—y otra extensa sección se había convertido en un área de agricultura mecanizada.

Esta transferencia irregular de tierras a empresas privadas no es única. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner—que duró de 1954 a 1989—se regalaron 6,744 km2 de tierras públicas ilegalmente a amigos y aliados del régimen.

Aunque no ha sido posible determinar cómo las tierras de Tekoha Sauce terminaron en manos de sojeros, las mismas autoridades han sido cómplices en muchos casos parecidos. El diario paraguayo Última Hora actualmente está publicando una serie de artículos sobre el uso ilícito de muchas de las tierras expropiadas durante la construcción de Itaipú.

Dadas estas condiciones, en 2015, la comunidad decidió tomar acción. Bajo el liderazgo de Amada y su padre Cristóbal Martínez, volvieron a sus antiguas tierras. Un gran grupo de familias se instaló en la plantación de soja y empezaron a establecer un asentamiento.

Esta ocupación terminó siendo muy corta: en septiembre de 2016, se emitió una orden de desalojo contra los indígenas. Un grupo que consistía en policía montada, empleados de la empresas sojeras y representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)—la institución encargada de velar por los intereses de los pueblos indígenas de Paraguay—participó en el desalojo. Según miembros de la comunidad, quemaron sus casas y llevaron y mataron sus animales.

Las abogadas de Tekoha Sauce afirman que este desalojo fue ilegal ya que la comunidad no recibió aviso previo de lo que iba a pasar, y actualmente están buscado la anulación de la orden de desalojo.

El apoyo que el Estado paraguayo brindó al sojero en cuestión, en detrimento de los intereses de las familias indígenas, forma parte de una tendencia histórica. Luis Rojas, un investigador en desarrollo rural, menciona que en Paraguay—el país con la mayor desigualdad de tenencia de la tierra del mundo, según el Banco Mundial—las leyes, los impuestos y el sistema jurídico suelen favorecer a la poderosa clase terrateniente y perjudicar a los grupos originarios y campesinos.

“Estamos acá porque no tenemos adónde ir”

Tras este desalojo violento, Amada cuenta que las familias de Tekoha Sauce no tuvieron otra opción que mudarse a su ubicación actual al lado de la Reserva Natural Limoy, a pocos kilómetros de su territorio ancestral.

Leti Galeano explica que, desde el principio, las familias han dejado muy claro que están ocupando este espacio por necesidad mientras continúan con la lucha jurídica por la recuperación de sus tierras. No obstante, la Itaipú Binacional, que administra la reserva, ha denunciado a los indígenas como invasores ilegales que amenazan la vida silvestre de la zona.

La institución binacional, mientras se niega a dialogar con los indígenas sobre la pérdida de sus tierras en 1982, ahora está activamente buscando una orden el desalojo para obligarles a abandonar su asentamiento actual en Limoy. Ya se emitió una medida cautelar que prohíbe que los miembros de Tekoha Sauce cacen, pesquen, construyan nuevas casas o recojan leña de la reserva. Margarita Heralsky, una de las abogadas de la comunidad, afirma que esta acción atenta contra los derechos humanos de las familias: “Les prohíbe hacer prácticamente cualquier actividad, incluso de subsistencia”.

NoneLa comunidad vive entre dos paisajes dispares: una zona de agricultura mecanizada y la Reserva Natural Limoy / Imagen: William Costa

El descubrimiento de que la Itaipú Binacional ha solicitado una orden de desalojo provocó que Amnistía Internacional publicara una carta urgente el 2 de julio de este año, solicitando a activistas de la organización y a la ciudadanía en general a que envíen cartas al presidente paraguayo Mario Abdo Benítez para que se involucre en el caso.

Luchando contra un gigante

Las 43 familias de Tekoha Sauce se enfrentan en dos frentes a la institución paraestatal responsable de la segunda represa hidroeléctrica más grande del mundo.

Por un lado, continúan luchando para que se les compense adecuadamente por las graves violaciones de sus derechos humanos sufridas cuando las autoridades les quitaron su territorio junto al Paraná. Por otro, resisten la amenaza de ser desalojados de su hogar temporal en Limoy.

Leti Galeno menciona que la extrema persecución experimentada por Tekoha Sauce podría indicar que Itaipú Binacional tiene miedo: si las familias originarias logran recuperar su territorio, se podría crear un precedente para la recuperación de las tierras de algunas de las otras 37 comunidades que fueron desalojadas durante la construcción de la represa, cada una con su propia historia de sufrimiento e injusticia.

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Este artículo se publicó previamente en Latin America Bureau. Lea el original aquí

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