Lula dijo "no" a la petición de Scholz de suministrar munición de los depósitos del ejército brasileño para ser utilizada en los tanques Leopard suministrados a Ucrania. Lula también dijo "no" a la presión de sus socios del bloque BRICS para que se alineara con ellos en la votación de la Resolución nº ES-11/L.7 de la ONU.

El 16 de febrero, Brasil votó con los otros 140 Estados miembros de la ONU exigiendo la retirada "total, inmediata e incondicional" de los territorios ucranianos tomados por las tropas rusas. El voto del Estado brasileño fue acompañado por sus socios regionales con presidentes de centro-izquierda, como Argentina (bajo la presidencia del kirchnerista Alberto Fernández), Chile (Gabriel Boric), México (López Obrador) y Colombia (Gustavo Petro). Todos ellos votaron a favor de la resolución que condenaba a Rusia en términos perentorios.

Por el contrario, los miembros de los BRICS, China, India y Sudáfrica se abstuvieron en la votación de esta misma Resolución. El presidente perteneciente al Partido de los Trabajadores, recién investido para su tercer mandato tras cuatro años de gobierno de extrema derecha en Brasil, se debate entre la condena formal de la invasión rusa del pasado febrero y la negativa a participar en las sanciones económicas o a implicarse directa o indirectamente en la guerra de Ucrania.

Brasil a favor del multilateralismo

En la política exterior brasileña, la defensa de la multipolaridad en las relaciones internacionales significa históricamente la defensa de la propia ONU, como instancia pluralista para el arbitraje de disputas y la promoción del derecho internacional en cuestiones entre Estados.

El Estado brasileño viene defendiendo el fortalecimiento de la Asamblea General, así como la reforma de los poderes del Consejo de Seguridad. Además, Brasil aboga desde hace algunas décadas por su inclusión entre los miembros permanentes del Consejo.

El principal argumento es que en el siglo XXI, con la mayor distribución del poder de decisión en el mundo, ya no hay razón para que Estados como Francia y el Reino Unido sigan siendo miembros permanentes mientras que Brasil e India no lo sean.

Además de ser signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, el Estado brasileño también se adhiere al tratado de la Corte Penal Internacional -en el que, por cierto, el expresidente Bolsonaro (2019-22) fue recientemente acusado por crímenes contra poblaciones indígenas y ambientales en la Amazonía, cometidos durante su mandato presidencial-.

Independientemente de quién sea el presidente de turno, el cuerpo técnico de la cancillería brasileña, formado por diplomáticos de carrera, suele actuar como contrapeso a los exabruptos más político-ideológicos de la postura del jefe de Estado. Bolsonaro, un nostálgico del último periodo de la dictadura cívico-militar en Brasil (1964-85), comparte afinidades de valores con Putin, como el conservadurismo ultra religioso, la defensa de la familia nuclear y la reducción de la forma de hacer política al paradigma de la guerra.

En febrero de 2022, cuando Putin determinó una invasión a gran escala de la nación vecina, los medios organizados de la derecha brasileña comenzaron a presentar a Bolsonaro como un estratega genial al lado de Putin.

Aun así, la buena relación interpersonal entre los presidentes de Rusia y Brasil no fue suficiente para evitar que el Estado brasileño votara en contra de la invasión en marzo, en la resolución sobre la invasión (n. ES-11/1). En gran medida, la contención del alineamiento ideológico entre Putin y Bolsonaro se debió al prestigio y la capacidad de maniobra que posee el cuerpo diplomático brasileño.

Desde un punto de vista técnico, al buscar la equidistancia, Lula no deja de seguir principios tradicionales caros a las relaciones internacionales brasileñas: no intervención, solución pacífica de los conflictos y prevalencia de los derechos humanos, que incluso están inscritos como cláusulas pétreas de la Constitución Federal.

Aparte del posicionamiento de condena formal en la ONU, Lula intenta no tomar partido ni por Putin ni por Zelensky, posiblemente con la expectativa de establecerse como mediador. La calibración de la posición de Lula es similar al papel de mediador proyectado en 2009, cuando creó un grupo paralelo de negociadores con Turquía para negociar la reducción de las reservas iraníes de uranio enriquecido.

En una entrevista concedida a la revista Time en mayo de 2022, Lula afirmó que Zelensky también es culpable de la situación bélica y que el presidente ucraniano debe cambiar su actitud hacia la guerra. Este año, ya investido presidente, al negarse a suministrar municiones a los ucranianos, Lula apeló al proverbio popular de que "cuando uno no quiere, dos no pelean", dando a entender que ninguna de las partes está interesada en volver a la mesa de negociaciones.

Conforme a la plataforma anunciada de volver a colocar a Brasil en el mapa mundial de la diplomacia, revirtiendo así la tendencia aislacionista de los años de Bolsonaro, Lula propuso un "Club de la Paz". El grupo estaría compuesto por Estados "neutrales", con los líderes de China y Turquía, para facilitar la reanudación de las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania.

El anuncio lulista fue celebrado por los miembros del BRICS, incluida Rusia, así como por los miembros y simpatizantes del PT, que consideran a Lula un importante actor global que vuelve al servicio activo. Entre los aliados de los ucranianos, a primera vista, sólo Macron hizo un guiño a la propuesta de paz lulista. El presidente francés señaló en la reunión del G-20 en Nueva Delhi cómo el unilateralismo de las acciones de Europa y Estados Unidos en el apoyo económico y militar a Ucrania les ha llevado a "perder la confianza del Sur Global".

Interdependencia ruso-brasileña

Detrás de las declaraciones y del talante ideológico de Lula y Bolsonaro, existe una razón pragmática más profunda para la reticencia con la que el Estado brasileño se ha ido posicionando en el conflicto. Esto explica, en parte, la constante dosificación de las críticas a Putin y la limitación de las condenas a Rusia al ámbito formal y declarativo.

El anterior y el actual presidente de Brasil tienen entre sus bases parlamentarias importantes segmentos de interés vinculados al agronegocio, que corresponde nada menos que a cerca del 26% del PIB y al 48% del total de las exportaciones brasileñas o 160 mil millones de dólares/año. La productividad del agronegocio está condicionada a la aplicación masiva de fertilizantes, especialmente fertilizantes NPK (nitratos, fosfatos, sulfatos).

Con todo, Brasil es el mayor importador de NPK del mundo, y Rusia es actualmente el país de origen de la mayoría de las importaciones, satisfaciendo el 22% de la demanda, según datos de 2022. En las últimas dos décadas, la industria agropecuaria nacional no se ha preocupado por desarrollar la autosuficiencia en la producción de fertilizantes, porque siempre se ha considerado un bien de fácil acceso, siendo más barato comprarlo en el mercado globalizado que internalizar su cadena de producción.

Bolsonaro fue el último jefe de Estado en visitar oficialmente el Kremlin, el 15 de febrero de 2022, justo antes de la invasión, cuando la escalada de tensiones en la frontera ya apuntaba a la drástica actuación de Rusia. El gesto del ex presidente no fue sólo para expresar simpatía ideológica al correligionario ruso, sino también para garantizar el compromiso ruso-brasileño de mantener la relación comercial bilateral. Anticipándose al incidente de profundización de las sanciones económicas a la Federación Rusa, en crescendo desde la anexión de Crimea en 2014, Bolsonaro se ocupó del interés del agronegocio en asegurar la entrada de fertilizantes rusos, el punto número uno de la agenda del encuentro entre los dos países.

Además de importar una enorme cantidad de fertilizantes NPK de proveedores rusos, la agroindustria brasileña exporta alimentos a Rusia, equilibrando así la balanza comercial bilateral. En la ocasión, incluso cuando las tensiones internacionales estaban a punto de estallar, con la visible concentración de tropas rusas en las fronteras con Ucrania, Bolsonaro no tuvo reparos en destacar el "matrimonio perfecto" entre ambos. Bolsonaro destacó la interdependencia derivada de las ventajas comparativas recíprocas entre Brasil y Rusia. Es decir, a seis días del inicio de la mayor guerra europea desde 1945, iniciada por orden del presidente de Rusia, Bolsonaro aún señalaba que "Putin busca la paz".

Elegido por escaso margen en unas elecciones marcadas por una violenta polarización, el gobierno de Lula tiene una correlación de fuerzas desfavorable para enfrentarse a los intereses del agronegocio, con su considerable poder económico y político en todas las esferas de gobierno, nacionales o regionales. Incluso si no hubiera limitaciones políticas dada la situación de polarización, es probable que Lula no quisiera enfrentarse a estos intereses.

Durante sus dos primeros mandatos (2003-10), el auge de los precios de las materias primas fue crucial para expandir el gasto público. Con esta expansión, el gobierno de Lula pudo destinar parte del presupuesto a políticas masivas de transferencia directa de renta, como el programa social que se convirtió en su marca registrada, el Bolsa Família (Subsidio Familiar).

Hoy, en un escenario macroeconómico empeorado en relación a la década de 2000, además de ser políticamente más inestable, con una oposición enraizada en la sociedad y en las instituciones, impactar en el sector estratégico del agronegocio podría acelerar el desmantelamiento de las bases de la gobernabilidad.

Además, desde el punto de vista económico, sin los ingresos de las exportaciones del agronegocio, Lula difícilmente tendrá condiciones de reabrir un espacio fiscal para llevar a cabo políticas sociales y mejoras en los servicios públicos prestados a la población, que fueron promesas centrales de su campaña.

Politizar el Sur Global

Las limitaciones del gobierno brasileño son similares a las de otras economías emergentes con poblaciones más pobres. La principal reticencia de los gobiernos del Sur Global a implicarse en el conflicto proviene de la ausencia de margen político o socioeconómico para el sacrificio de sus propias sociedades, ya sea para apoyar a Ucrania o a Rusia.

La mayor parte de la población mundial se enfrenta a problemas concretos de atractivo más inmediato, como la miseria, el hambre, la falta de saneamiento básico, la crisis de salud pública, la inflación de los productos básicos y la escalada de los conflictos sociales.

Los Estados-nación del Sur Global, donde se encuentra la mayoría de las poblaciones vulnerables por la crisis, no pueden asumir los costes derivados de una guerra que ni sembraron ni están regando con armas y discurso beligerante. Ya se trate de costes directos, a través de las transferencias de material y armas o de eventuales apoyos financieros, o indirectos, derivados de los efectos colaterales de las sanciones o de las perturbaciones en la delicada malla de interdependencias, que presiona al alza de los precios en el mercado globalizado.

Para quienes viven en una sociedad llena de males y problemas endémicos, una caldera a punto de hervir, de hecho, la guerra de Ucrania parece un problema remoto.

La percepción enunciada por los dirigentes de los Estados del Sur Global es que los países más ricos del Norte monopolizan la agenda de las reuniones, encuentros e instancias internacionales, en detrimento de las prioridades de las poblaciones más necesitadas, que son mayoría y se concentran fuera de Europa.

Sus críticas se basan en un sentimiento común de consternación y abandono de las prioridades más inmediatas de las sociedades, mientras Europa y Estados Unidos drenan los esfuerzos internacionales para armar y ayudar a Ucrania. Por cierto, según los detractores más ácidos del esfuerzo occidental en apoyo de la resistencia ucraniana, si no se tratara de una guerra europea, librada en Europa y entre europeos, no habría sido aureolada con el mismo carácter sacrosanto con que la han tratado los medios de comunicación.

No sería, según esta objeción, tratada como un parteaguas entre un antes y un después del curso de la globalización, como si las otras conflagraciones mundiales, sus guerras civiles y catástrofes humanitarias en curso, se hubieran convertido, de un día para otro, en meros adjuntos de la confrontación principal.

En la línea de este razonamiento defensivo y reactivo, que habla en nombre de los pobres del Sur Global, Lula se adhiere a las críticas de Estados con un largo historial de intervenciones en otros países, como Estados Unidos y la Unión Europea, que no tendrían derecho moral a exigirle a él, presidente de Brasil, el sacrificio del "matrimonio perfecto" con Rusia, y mucho menos a desbaratar los planes brasileños de equilibrar el panel de sus alianzas participando en un bloque alternativo al hegemónico occidental.

Al decir "no" tanto a los socios del BRICS como a las peticiones de una implicación más incisiva procedentes de Scholz o Biden, Lula reabriría un espacio geopolítico cuyo análogo, en tiempos de la Guerra Fría, habían sido las iniciativas de Nehru o Sukarno, que condujeron a la conferencia de países no alineados de Bandung, en 1955.

El Estado brasileño, después de todo, es relativamente desarmado e históricamente pacífico en la esfera externa, sin aspiraciones de disputar la hegemonía. Su tradición, desde al menos la fundación de la ONU, consiste en contribuir a la construcción de un orden de Estados que, a largo plazo, favorezca la democratización de la gobernanza mundial y la reducción de las desigualdades regionales e internas.

Sin embargo, todo este bloque discursivo planteado por el Sur Global contiene una contradicción. Si bien es agudo para contraargumentar con los líderes de Estados Unidos, Alemania o Francia, no lo es tanto cuando se dirige a Ucrania. La joven república ucraniana, el país más pobre de Europa del Este y con un pasado colonial tan crudo como el de África o América Latina, no encaja como nación del Norte Global.

La solidaridad horizontal a manifestar entre Brasil y Ucrania sería una acción reconstructiva del eje Sur-Sur, independiente de la posición de las viejas potencias mundiales (EEUU) o aspirantes (China). Frente a la antigua metrópoli, Ucrania no deja de ser un país del Sur Global. En un artículo de 1991, E.P. Thompson advertía de cómo el uso de la expresión "Tercer Mundo" se había vaciado, convirtiéndose en un pretexto para el relativismo cultural, incluso sentimental.

En 2023, en lugar de apelar a la gramática del "Sur Global" para relativizar la brutalidad contra la disidencia y la cerrazón autoritaria de grupos dirigentes en Irán, Corea del Norte o Nicaragua -como a veces hacen el Partido de los Trabajadores y el propio Lula-, el caso es utilizar esta noción para politizar la guerra en Ucrania.

Esto significa abandonar la dicotomía Occidente x No-Occidente, tan conveniente para el discurso antioccidental del Estado agresor, para reconocer la existencia del pueblo ucraniano como sujeto histórico, capaz de elaborar un punto de vista sobre los procesos de opresión. El pueblo ucraniano es el más victimizado y, al mismo tiempo, el que llena de fuerza humana y moral la resistencia.

De este modo, la noción de Sur Global adquiriría un significado tangible, permitiendo al gobierno brasileño identificarse con otro pueblo periférico, que en diversos períodos de su historia sufrió los efectos del colonialismo y de la opresión extranjera.

Es decir, se sale de la dicotomía en diagonal hacia dos peores. Por un lado, se evita la oposición hipócrita entre democracias y autocracias, como si Turquía o Arabia Saudí, aliados de EEUU y la OTAN, fueran Estados democráticos de derecho. La segunda justifica la invalidación de la oposición interna y la cerrazón autoritaria del régimen de la República Popular China, con su Politburó de 25 hombres y ninguna mujer, en nombre de un mistificado "concepto chino" de democracia.

La gramática tercermundista de los años 70 se reciclaría así, de manera concreta, como "Sur Global", cuando se ve en la difícil y sufrida resistencia ucraniana una lucha por la liberación nacional. Es necesario solidarizarse primero con ella, en lugar de solidarizarse con la potencia invasora y agresora, que lleva a cabo una guerra enteramente en territorio ucraniano y contra la población ucraniana.

Esto permitiría a Brasil salir de la dicotomía vaciada entre Occidente y no Occidente y asumir así un papel protagonista, abriendo un espacio de formulación e intervención del que hasta ahora ha carecido. Además, sacaría a Ucrania de la condición de ausente del discurso predominante que ha sido elaborado por o en nombre de los Estados del "Sur Global", a veces reducida a víctima de una occidentalización perversa, a veces reducida a idiota útil para las fuerzas de la OTAN.

Tensiones y dilemas

A pesar de la apariencia de coherencia argumental, tensiones de todo tipo impregnan el posicionamiento calibrado por Brasil hasta ahora, con Bolsonaro y luego con Lula.

En primer lugar, es cada vez más difícil sostener la equidistancia entre Putin y Zelensky. Hasta cierto punto, la construcción narrativa descansa en el hecho de que, a pesar de que la invasión fue flagrantemente ilegal según el derecho internacional, en el momento en que recibió el apoyo militar de la OTAN, Ucrania habría logrado "nivelar el campo de juego".

En otras palabras, con el apoyo militar de los 30 países de la OTAN, el conflicto se habría vuelto simétrico, y ya no sería apropiado hablar de agresor y víctima, sino de dos partes beligerantes simétricas. A pesar de ello, la profundización de las investigaciones sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Rusia en Ucrania, como en Bucha, Borodyanka e Izyum, ha erosionado cualquier intento de equidistancia.

¿Cómo podría Lula presentarse como mensajero de la paz, al frente de un país históricamente comprometido con los derechos humanos, mientras se sitúa en el punto medio entre opresores y oprimidos?

Este dilema derivado de la asimetría de los crímenes cometidos repercute incluso internamente en Brasil, ya que uno de los principales temas de crítica a la izquierda de Lula consiste en criticar su pretensión de árbitro universal. Según esta lista de críticas, el ex sindicalista desempeñaría el papel de conciliador de clases en Brasil, buscando siempre un término medio entre explotadores y explotados. En lugar de representar a las capas populares, estaría ejerciendo más bien un papel de pacificador del conflicto social, detrás de un quimérico esquema win-win: ganan las élites, ganan los trabajadores.

En la guerra de Ucrania, este esquema de conciliación lulista chocaría frontalmente con la existencia de crímenes contra la humanidad, que no podrían ser simplemente olvidados por el bando cuya población los sufrió.

Además, si Brasil, desde la fundación de la ONU, defiende el multilateralismo y la mayor distribución de poderes, el discurso de Putin es abiertamente beligerante y multiimperialista. Sus pronunciamientos y artículos son ostentosos al impugnar el actual orden internacional como si no fuera más que una secreción de una unipolaridad hegemónica norteamericana.

En esta lógica, habría un predominio de los valores occidentales en el funcionamiento práctico de las instituciones y organismos internacionales, en detrimento de otras cosmovisiones, como la rusa, la china o la india. Basándose en este argumento culturalista, Putin cuestiona la legitimidad del mismo marco internacional y de derechos humanos del que el Estado brasileño es partidario desde 1945.

Coherentemente, Brasil defiende la puesta en práctica, es decir, la eficacia de las normas no aplicadas y su validez para todos, en lugar de deslegitimar las propias normas, como hace Putin. En la concepción enunciada por Putin del conflicto de civilizaciones, el mundo futuro debería ser rediseñado no por el multilateralismo, sino por un acuerdo entre las grandes potencias nucleares, que trazarían entre sí las nuevas líneas de zonas de influencia, como ocurrió en la Conferencia de Yalta (1945), en la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Ese futuro contenido en el imaginario putinista no interesa a Brasil, ya que estaría condenado a elegir en qué colonia se convertiría: China o EEUU.

Otra área de gran tensión dentro del discurso brasileño con Lula es la cuestión del agronegocio. Sin duda, la salud del comercio internacional de fertilizantes y alimentos es un elemento central para la estabilidad monetaria, la recuperación económica y la capacidad de inversión pública del gobierno en los próximos años.

Sin embargo, los márgenes de expansión del agronegocio han sido responsables del aumento de la deforestación en la Amazonia y de la destrucción de ecosistemas en el cerrado.

El avance del agronegocio también provoca pasivos vinculados a la seguridad alimentaria de la población y a la concentración de la tierra y de la renta en el campo. Por más que hoy exista un marketing millonario destinado a demostrar la conciliación virtuosa entre el agronegocio y el medio ambiente, los movimientos ecosocialistas brasileños discrepan y, por el contrario, proponen un cambio de paradigma.

La propuesta de la izquierda ambientalista es sustituir el régimen de colosales monocultivos por la matriz de pequeñas propiedades familiares; así como sustituir la presencia intensiva de transgénicos y fertilizantes en toda la cadena productiva, por la agricultura orgánica y sustentable.

Sin embargo, en esta coyuntura, cualquier cuestionamiento más directo al sector del agronegocio pondría al gobierno bajo presión tanto desde arriba, por parte de las élites agrocapitalistas y sus bancadas en el parlamento, como desde abajo, al comprometer el volumen de ingresos en divisas con el que el gobierno del PT cuenta para aumentar el nivel de inversión pública. La solución al dilema, obviamente, aún no está lista, y depende todavía de la creación de alternativas y luchas.

Dentro del gobierno Lula, líderes como la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, defensora de una propuesta más moderada de economía ecológica, es crítica del patrón de desarrollo que implica el agronegocio.

Aunque el problema socioambiental viene de antes, de gobiernos anteriores del PT, con Bolsonaro hubo una aceleración, cuando la industria recibió vía libre para devastar ecosistemas y violar comunidades indígenas.

Dentro del gobierno de Lula, dos tendencias presagian un futuro enfrentamiento: por un lado, quienes defienden un retorno a los "años felices", con la reproducción de la fórmula de éxito de la década de 2000, es decir, a través de la exportación de commodities para generar excedentes luego reinvertidos en políticas sociales; por otro, quienes defienden una reorientación reformista, apuntando a otro patrón de desarrollo después del Acuerdo de París, centrado en la bioeconomía, los créditos de carbono, las matrices renovables y el hidrógeno verde (en cuya investigación e implementación Alemania es socia).

Mientras tales tensiones no se resuelven como resultado de decisiones estratégicas y presiones políticas, Lula prefiere tener las dos cosas: el agronegocio de siempre centrado en las exportaciones y los defensores de la modernización a través de la economía verde. Esta disputa, que también implica luchas de movimientos ajenos al gobierno, definirá el destino de la interdependencia entre Brasil y Rusia (o China). Los grandes volúmenes de importación de fertilizantes y de exportación de alimentos son variables del tipo de desarrollo a seguir o revisar.

Cabe mencionar un último dilema para la posición de Lula sobre la guerra, de carácter más político-ideológico. Vinculada a la tradición de la izquierda nacional-desarrollista latinoamericana, la tendencia predominante en el Partido de los Trabajadores es identificar a Estados Unidos como el mayor riesgo para las pretensiones brasileñas de liderazgo regional y desarrollo autónomo. Estados Unidos sería el mayor enemigo, teniendo en cuenta el pasado de la Doctrina Monroe, las circunstancias del golpe de 1964 y las prescripciones derivadas de las teorías marxistas de la dependencia o del desarrollo desigual.

Sin embargo, es necesario hacer el análisis concreto de la situación concreta. En 2023, el mismo gobierno estadounidense contribuyó a desactivar la bomba de relojería montada por los aliados institucionales de Bolsonaro y una ultraderecha social radicalizada en caso de derrota electoral.

Tras vivir la invasión del Capitolio estadounidense por trumpistas radicalizados el 6 de enero de 2021, Biden se anticipó a la trama golpista en Brasil enviando aquí al propio director de la CIA y a otros emisarios. Entre 2021 y 2022, los enviados especiales del presidente demócrata se reunieron con miembros del Gobierno brasileño, generales del Ejército y el propio Bolsonaro, para disuadirles de planes golpistas.

Lula fue investido gracias a la victoria de una amplia coalición democrática, que adoptó un discurso en defensa de la democracia frente al estallido de una guerra civil, en muchos puntos similar al utilizado por Biden y el Partido Demócrata durante la feroz campaña electoral contra Trump.

Por una convergencia de coyuntura, pero con importantes desarrollos en los próximos años, Biden y Lula están del mismo lado en la defensa de las instituciones de la democracia liberal, en guardia contra el estallido de revueltas lideradas por la extrema derecha organizada (trumpista o bolsonarista). Al fin y al cabo, la emergencia de la nueva derecha es una tendencia mundial, con efectos transversales en EEUU y Brasil.

Como estaba previsto, el episodio brasileño del Capitolio tuvo lugar el 8 de enero de 2023, con la invasión y depredación de los edificios que albergan los poderes del Estado en Brasilia. Pero la montaña ha parido un ratón. Con el apoyo tímido e insuficiente de las fuerzas de seguridad o de los líderes políticos de la derecha, la insurrección de los bolsonaristas fue desmantelada y en pocos días reprimida.

Como contrapartida a la defensa de la legitimidad del resultado y del Estado de Derecho en Brasil, a principios de febrero, Lula visitó oficialmente la Casa Blanca para subrayar que, en lo que se refiere a la defensa de la democracia frente a la nueva derecha autoritaria, está con Biden y cuenta con él.

Con todo, hasta qué punto la reconfiguración de las esferas de acción externa e interna del tercer gobierno Lula alterará la postura de Brasil sobre la guerra en Ucrania es una cuestión abierta, además de ser terreno abonado para la repolitización del Sur Global y del significado de la democracia hoy, en medio de las tendencias y antagonismos de la globalización en crisis.