Mujer indígena brinda testimonio en una corte de Guatemala en 2012. Foto: Sandra Sebastián. todos los derechos reservados

La noche del miércoles 26 de septiembre, en una sala rebosante de gente, el Tribunal B de Mayor Riesgo declaró, por segunda vez en cinco años, que sí hubo genocidio en Guatemala.

Por los testimonios que escuchó, la evidencia forense y los peritajes presentados a lo largo del juicio que duró dos años y medio, el Tribunal pudo comprobar que el ejército de Guatemala cometió genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo Maya Ixil entre los años 1982 y 1983, una de las épocas más violentas de los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala.

Un ejército deshumanizado

En una lectura que duró un poco más de dos horas, el tribunal, conformado por tres jueces, leyó con detalle los hechos “aberrantes y repudiables” que les convencieron que el ejército Guatemalteco sí fue responsable del genocidio y de los crímenes contra la humanidad.

Las prácticas de tierra arrasada, implementadas por el ejército Guatemalteco en el área Ixil, destruyeron todas las formas de vida y tuvieron la intencionalidad del exterminar a la población indígena.

Comprobaron que hubo al menos 60 masacres en el área Ixil y un total de 50 aldeas del área fueron afectadas por la política contrainsurgente del ejército Guatemalteco. Esta política resultó en actos de violencia extrema y deshumanizada contra una población civil estigmatizada por su lucha en defensa de sus derechos, acusada de comunista y guerrillera, y declarada enemigo interno.

Las prácticas de tierra arrasada, implementadas por el ejército Guatemalteco en el área Ixil, destruyeron todas las formas de vida y tuvieron la intencionalidad del exterminar a la población IxiL. Hubo reclutamiento forzado de hombres Ixiles para las fuerzas armadas, las mujeres fueron víctimas de violencia sexual y los niños usados como botín.

El Tribunal pudo demostrar que existió una estructura militar que diseñó, planificó y ejecutó planes para la erradicación de los pueblos indígenas de Guatemala.

El tribunal encontró evidencia de detenciones arbitrarias, prácticas de interrogación y tortura, violaciones masivas y sistemáticas, esclavitud sexual, asesinatos y desaparición forzosa.

Relataron cómo los habitantes de las aldeas afectadas huyeron de la violencia buscando refugio en las montañas de Quiché, pero aun allí no encontraron paz. El ejército los persiguió en helicóptero, arrojando explosivos desde aire. Obligaron a la población acudir a las aldeas modelo, donde vivieron una especie de ‘reeducación’ y conversión religiosa y control y vigilancia constante por parte de las fuerzas armadas, y/o de las Patrullas de Auto-defensa Civil (PAC), una fuerza paramilitar.

Otros optaron por cruzar la frontera Mexicana en busca de asilo. Muchos permanecieron allí hasta después de la firma de los acuerdos de paz, en 1996.

El tribunal resaltó que estos actos de violencia se dieron en el contexto de una política contrainsurgente nacional que buscaba eliminar a la guerrilla comunista, declarada enemigo interno, y la doctrina de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos, que durante la guerra fría mantuvo una política de erradicación de la amenaza comunista en América Latina.

La violencia sufrida por el pueblo Ixil fue producto del racismo que marca las relaciones con los pueblos indígenas de Guatemala desde la época de la colonización

El Tribunal pudo demostrar que existió una estructura militar que diseñó, planificó y ejecutó planes para la erradicación de los pueblos indígenas de Guatemala. La corte analizó los hechos y concluyó que la violencia sufrida por el pueblo Ixil fue producto del racismo que marca las relaciones con los pueblos indígenas de Guatemala desde la época de la colonización.

Un proceso prolongado

Esta sentencia es la culminación de más de 18 años de investigaciones, recopilación de testimonios, evidencia forense, peritajes y audiencias frente a los tribunales nacionales, impulsado, sobre todo, por la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR), el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y el Bufete Jurídico de los Derechos Humanos en colaboración con el Ministerio Público. El juicio original abrió en 2013 contra dos acusados: el ex-jefe del Estado, General Efraín Ríos Montt, y exdirector de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez.

Fue la primera vez en la historia que un tribunal nacional juzgó a un jefe de Estado por el crimen de genocidio. En esa ocasión se logró una declaración condenatoria a Ríos Montt, sentenciándole a 80 años de prisión por los crímenes de genocidio y delitos contra la humanidad. Sin embargo, a los 10 días, la sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala por procedimientos técnicos, ordenando un nuevo proceso.

Después de múltiples recursos de amparo e intentos de obstaculizar el proceso, el nuevo juicio abrió el 16 de marzo 2016. Por el deterioro repentino en la salud de Ríos Montt, se decidió celebrar dos juicios separados, siendo el de Ríos Montt a puerta cerrada. Pero Ríos Montt murió a finales de marzo de 2018, sin que se pudiera concluir en juicio, lo que dejó cerrado el caso en su contra. El proceso contra Rodríguez Sánchez siguió adelante.

¿Justicia a medias?

Aunque en esta ocasión el Tribunal declaró de forma unánime que en Guatemala sí se cometieron genocidio y crímenes de lesa humanidad, absolvió de su responsabilidad por una mayoría de dos a uno a Rodríguez Sánchez, al carecer de suficientes pruebas vinculantes con los crímenes.

Además, no se ordenó al Estado guatemalteco a instruir un proceso para encontrar a los responsables de estos crímenes trascendentales, y tampoco se dio cabida a un proceso de reparación digna para las víctimas y supervivientes del genocidio.

En su opinión disidente, la jueza Sara Yoc Yoc declaró que a ella le había quedado más que claro que, como director de inteligencia militar, Rodríguez Sánchez fue responsable de la elaboración y supervisión de los operativos militares a nivel nacional y regional en la identificación del pueblo Ixil como ‘enemigo interno.’

"Lo que queremos es una sentencia que, al reconocer el genocidio, genere cambios en la sociedad. Esa es la cuestión más importante para nosotros".

Edwin Canil, presidente de la junta directiva de la Asociación de Justicia y Reconciliación, que representa siete grupos étnicos, víctimas del conflicto armado interno, reacción a esa decisión comentó que, “al principio pensamos que la sentencia era muy superficial. Estábamos decepcionados, queríamos ver a alguien esposado, que se llevaran a alguien a la cárcel. Pero después de un día de reflexión valoramos que lo que queremos es una sentencia que, al reconocer el genocidio, genere cambios en la sociedad. Esa es la cuestión más importante para nosotros.”

La cultura de impunidad

Canil reconoce que, aunque esperaban una condena para Rodríguez Sánchez, la sentencia deja clara la responsabilidad del Estado por los hechos: “El golpe más duro fue para el Estado, el poder militar y los empresarios, porque todos ellos están implicados” dice Canil.

En efecto, el jueves 27 el grupo de empresarios más poderoso del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), publicó un comunicado negando una vez más que hubiera habido genocidio en Guatemala y cuestionando otra vez la decisión de la corte más alta del Estado. Desde la sentencia original de 2013 han habido múltiples intentos de anular, negar y desvalorizar la decisión del Tribunal y ocultar la verdad a los propios ciudadanos y al mundo, y las organizaciones querellantes se han preparado para enfrentarse a este tipo de acciones de nuevo, y para hacer frente a posibles represalias a nivel nacional y a nivel local en el área Ixil.

La sentencia se produce en un momento en que Guatemala está sufriendo la crisis política más profunda de los últimos 20 años. El presidente Jimmy Morales, su partido conformado en gran parte por militares jubilados, y su gabinete, han amenazado con romper el orden constitucional con el fin de obstaculizar los procesos de investigación y acción judicial en los casos de corrupción vinculados al mismo presidente, a su partido y la a gran mayoría de los diputados del congreso nacional.

La Justicia Transicional sigue adelante

Para las organizaciones querellantes y para las víctimas, la sentencia de 2013, que condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel, sigue siendo el momento más importante y simbólico de esta lucha. Tienen claro que hubiera sido condenado por genocidio una segunda vez, si hubiera vivido. Aún queda pendiente la resolución de una petición frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría declarar inhábil la anulación de la sentencia de 2013.

Está claro que el presidente Ríos Montt hubiera sido condenado por genocidio una segunda vez, si hubiera vivido.

Durante los últimos dos años se han logrado dos sentencias condenatorias por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, con el caso Sepur Zarco y el caso Molina Theissen. Aún queda pendiente la apertura de juicios en los casos del genocidio Maya Achi, el caso contra Romeo Lucas García, el Caso CREOMPAZ y el caso de los Dos Erres.

Canil dice que “hay mucho camino por recorrer” para lograr justicia para las víctimas y los supervivientes del conflicto armado interno. Sin embargo, pone de relieve que esta nueva sentencia representa otra reivindicación para las víctimas quienes, durante 30 años, han insistido que en Guatemala sí hubo genocidio: “Nosotros no teníamos ninguna duda de que sí hubo genocidio, pero estamos sorprendidos de que ellos [la corte] lo hayan reconocido.”