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Redadas, ataques y homofobia electoral hacen temer peores tiempos a grupos LGBTIQ+ en Guatemala

Los dos candidatos presidenciales que se enfrentarán el domingo 11 en segunda vuelta se sumaron a campañas homofóbicas. “Es la estrategia de Bolsonaro”, dice un activista. English.

Aisling Walsh
9 August 2019
Ciudadanos llegan a un centro de votación en Quetzaltenango, Guatemala, 2019.
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Hiroko Tanaka/Zuma Press/PA Images. Todos los derechos reservados.

El 20 de julio, una persona no identificada lanzó gas pimienta en el baño de varones de un salón histórico del movimiento sindical en Ciudad de Guatemala. En el lugar se celebraba una fiesta de aniversario de un grupo de activistas por los derechos transgénero luego del XIX Desfile anual de la Diversidad Sexual e Identidad de Género en la ciudad. Dos activistas que se encontraban en el baño sufrieron directamente el efecto del gas. Varias personas abandonaron el festejo con irritación en ojos y gargantas.

Tres horas más tarde, a las 01:15 de Guatemala, ocho agentes policiales entraron por la fuerza en otra actividad post-Desfile del Orgullo en la sede de Gente Positiva, que promueve el acceso a medicamentos esenciales para personas que viven con VIH. Los policías irrumpieron sin orden judicial, alegando que el horario límite para la venta de bebidas alcohólicas (que no se aplica para actos privados) terminaba a la una de la mañana, intimidaron a los presentes y presionaron a los organizadores para que pusieran fin a la fiesta, me relataron testigos.

“Esto que estaban haciendo es ilegal, los policías fueron muy violentos, con armas de alto calibre”, dijo Aldo Dávila, la segunda persona abiertamente LGBTIQ+ que llega al Congreso de este país. Dávila, quien fue elegido en junio y asumirá su escaño en enero, es integrante del comité organizador del Desfile del Orgullo y exdirector del grupo que organizaba la fiesta. Por eso estaba esa noche allí.

La policía, me relató Dávila, anunció que estaba buscando “al diputado”, pero a pesar de que él se presentó y se identificó, los agentes se quedaron en el recinto otra media hora intentando poner fin a la fiesta, tras lo cual rociaron con gas pimienta el lugar. La gente se dispersó, y varias ambulancias trasladaron a algunas personas a un hospital cercano.

“Ellos necesitan un enemigo… y nuestra comunidad es un blanco fácil”

Aldo Dávila, diputado

La homosexualidad no es ilegal en Guatemala, y a partir de la década de 1990, junto con el final de una guerra civil de 36 años, la comunidad LGBTIQ+ se hizo socialmente más visible. Pero no se permiten ni las uniones civiles ni los matrimonios con personas del mismo sexo. La diversidad sexual no se encuentra incluida de forma específica en la mayoría de las leyes contra la discriminación, los grupos religiosos ultraconservadores tienen una gran influencia política y los crímenes de odio siguen cobrando víctimas en la comunidad.

La misma noche del 20 de julio, la policía también acosó a un grupo de personas que estaban en la calle, frente a un bar conocido por recibir clientes LGBTIQ+.

Todos estos incidentes son observados por activistas con los que hablé como parte de un agravamiento extremo de las agresiones contra la diversidad sexual, en un contexto electoral marcado por un discurso homofóbico y de odio.

Resulta especialmente preocupante el papel que jugó la policía en la noche del Orgullo, según las fuentes, que advierten sin embargo que lo peor está por venir luego de que la ciudadanía concurra el domingo 11 de agosto a votar en la segunda ronda presidencial.

Es que los dos postulantes -Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y Alejandro Giammattei, del partido Vamos- han adoptado posiciones públicas contra los derechos de las personas LGBTIQ+.

Torres y Giammattei se comprometieron en sus respectivas campañas a promulgar la llamada “Ley de protección de la vida y la familia” que prohíbe toda posibilidad de matrimonio igualitario, legaliza la homofobia, criminaliza la “sodomía” y todo tipo de educación sobre diversidad sexual y amenaza con la cárcel a mujeres que sufran abortos espontáneos. El proyecto, redactado por grupos evangélicos, debe pasar su tercera y última votación en el Congreso para volverse ley.

Durante 2018 esta iniciativa se convirtió en un “partido de fútbol político”, dijo Sandra Morán, la primera legisladora abiertamente lesbiana de Guatemala que dejará su escaño a fines de este año pues no se presentó a la reelección por su partido.

Morán me comentó que el proyecto se colocó varias veces en la agenda legislativa, siempre en momentos políticos clave, para distraer a la ciudadanía de otros asuntos, como la lucha contra la corrupción, o para galvanizar el apoyo conservador hacia el actual gobierno.

Dávila, el segundo miembro de la comunidad LGBTIQ* electo para el Congreso, también aseguró que el discurso de odio hacia la diversidad sexual se usa para crear divisiones y atraer votos para los grupos políticos de línea más dura. Estos sectores “necesitan un enemigo interno” para mantener “dividida a la población” y ahora, “que ya no estamos en guerra, nuestra comunidad es un blanco fácil”, dijo Dávila.

“Es la estrategia Bolsonaro”

Jorge López Sologaistoa, organizador del Orgullo

“Somos grupos organizados y articulados y por eso buscan silenciarnos usando a la policía”, agregó Lola Vásquez, subdirectora del grupo OTRANS, cuya fiesta de 15 aniversario fue interrumpida el mes pasado por el ataque con gas pimienta. “Ponen en persecución a nuestra comunidad con fines políticos”, me dijo Vásquez, pero advirtió que “hay vidas de por medio”.

Para Jorge López Sologaistoa, otro organizador del Desfile del Orgullo y director de OASIS, un grupo de apoyo LGBTIQ+, el primero de su tipo, fundado a inicios de los años 90 se trata de “la estrategia Bolsonaro”, en referencia al homófobo presidente de Brasil. Es un fenómeno “continental, del Norte al Sur”, que comenzó con la elección de Donald Trump en Estados Unidos y siguió con el ascenso de dirigentes conservadores, extremistas o populistas en Brasil, así como en El Salvador y Costa Rica, alegó.

Todos esos dirigentes tenían “plataformas fuertemente religiosas” contra “el aborto y el matrimonio gay” y emplearon un discurso “conservador y de odio contra la comunidad LGBTIQ+ para consolidar apoyo”, dijo López. Además, responden a la inestabilidad económica con “políticas de seguridad de mano dura”. No es solo en Guatemala, “está pasando en toda la región”, insistió.

Trump y Bolsonaro en una rueda de prensa conjunta en Washington, Estados Unidos, este año. | Chris Kleponis/DPA/PA Image. Todos los derechos reservados.

Poco antes del Desfile del Orgullo de este año, la comunidad LGBTIQ+ recibió ataques públicos de casi todo el arco político y de influyentes grupos religiosos.

Esos discursos se amplificaron en las redes sociales, donde se encuentran comentarios “aun más violentos” así como “amenazas de ataques y de muerte” a personas de la comunidad, explicó Vásquez. También hubo denuncias de violencia física extrema.

En marzo, José Roberto Díaz, un voluntario de 18 años del grupo LGBTIQ+ Trabajando Unidos, fue asesinado en la ciudad de Huehuetenango, en la zona montañosa del oeste de Guatemala. Al mes siguiente corrieron la misma suerte Esmeralda Có Sagastume (de 18 años) y Kelli Maritza Villagrán (de 26), una pareja lesbiana asesinada en El Progreso, a una hora por carretera de Ciudad de Guatemala. En los tres crímenes los cuerpos estaban marcados con mensajes homofóbicos.

La diputada Morán explicó que, como los crímenes de odio contra la diversidad sexual no están tipificados en el Código Penal, las autoridades no llevan un registro de esos delitos y existe muy poco apoyo político para iniciativas de prevención. Monitoreos de la sociedad civil indican que en 2018 se cometieron entre 24 y 33 asesinatos de personas LGBTIQ+ en Guatemala.

Dávila denunció también seguimientos, allanamientos ilegales y acoso a las oficinas de grupos como Gente Positiva, la organización que celebraba la fiesta del 20 de julio en la que irrumpió la policía, pese a instrucciones precisas dadas por la oficina del Procurador de Derechos Humanos que dispuso medidas de protección y garantías para ese grupo.

Desfile del Orgullo en Ciudad de Guatemala, Guatemala, 2019. | Hiroko Tanaka/Zuma Press/PA Images. Todos los derechos reservados.

Cuando llegó la fecha del Orgullo, había nerviosismo. Activistas con los que hablé temían que las iglesias evangélicas y los grupos de presión conservadores conseguirían cancelar la marcha. Había rumores de que se organizaban actos de provocación y de que la policía podía optar por reprimir con gases y dispersar el desfile.

La Constitución de Guatemala protege el derecho a manifestarse, y la sociedad civil no necesita pedir permiso para celebrar asambleas o manifestaciones, pero debe informar al Ministerio del Interior las fechas, horas y rutas previstas.

También se puede solicitar apoyo en materia de seguridad a la Policía Nacional Civil, como suelen hacer los organizadores del Orgullo. La respuesta oficial demora en general entre dos y tres días, según activistas con los que hablé. Pero este año pasaron dos semanas sin que el Ministerio del Interior contestara.

El Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rojas, solicitó y obtuvo de la Corte de Constitucionalidad una resolución de apoyo explícito al libre desplazamiento del Desfile del Orgullo por la ciudad, apenas unos días antes del 20 de julio.

La marcha finalmente se desarrolló como estaba planificada y casi sin interrupciones ni enfrentamientos, con apoyo público y presencia de agencias de Naciones Unidas y de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Al contrario de lo que ocurriría por la noche.

Luego de la redada policial en la fiesta de Gente Positiva, los agentes permanecieron fuera del edificio durante una hora y solo se retiraron antes de que llegara personal de la oficina del ombudsman.

Tres días después, numerosos grupos LGBTIQ+ denunciaron formalmente los hechos de esa noche al PDH y a la Fiscalía Adjunta de Derechos Humanos del Ministerio Público, según me comentaron activistas.

Las celebraciones del Orgullo de este año serán recordadas en Guatemala no por sus habituales manifestaciones de alegría, sino por los ataques desplegados en el centro histórico de la capital contra las personas y organizaciones de la diversidad sexual.

Los activistas con los que hablé prevén mayores amenazas a los derechos y a la igualdad en los próximos meses, entre otras razones por la posibilidad inminente de que el Congreso y el futuro gobierno promulguen la ley de “protección a la vida y la familia”, revirtiendo muchos avances de derechos humanos que Guatemala consiguió desde la firma de los acuerdos de paz en 1996.

*Translation by Diana Cariboni

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