Vientos sostenidos de más de 150 kilómetros por hora, marejadas y lluvias torrenciales. Así describen lo que trae Iota, el huracán que el lunes 16 de noviembre devastó la isla de Providencia, hasta dejar el 98% de su infraestructura destruida y a prácticamente todos sus habitantes sin hogar.

La Gobernación del departamento declaró toque de queda y, durante más de 8 horas, la isla estuvo completamente incomunicada. Desde la lejana Bogotá, a 1.200 km de distancia, el Gobierno central no supo qué sucedía en uno de sus territorios mientras los isleños lo perdieron todo. Este es un escenario que se repite a menudo y que parece ser la fórmula para los desastres en Colombia: territorios abandonados por el Estado, lo que los deja vulnerables ante todo, incluidos los desastres naturales.

Tierra de huracanes

En Centro y Suramérica prácticamente cada año se da una temporada de huracanes, que va desde Junio 1 a Noviembre 30 y las áreas que incluye son: El Océano Atlántico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) define a un huracán como "un ciclón tropical con una velocidad sostenida de 74 millas por hora (119 kilómetros por hora) o más." Los huracanes están clasificados según la intensidad sostenida de sus vientos, según la escala de Vientos Huracanados Saffir- Simpson que va de 1 a 5, y de acuerdo a los daños de la infraestructura. Cualquier huracán que pertenezca a la categoría 3 o por encima se considera catastrófico.

Para evitar los daños que uno de estos titanes puede ocasionar, el NHC recomienda tener un sistema de monitoreo constante que muestre si una región específica puede sufrir el paso de algún huracán en las próximas 48 horas, y una alarma de huracán que alerte si los pobladores pueden estar expuestos a vientos sostenidos de más de 100 kilómetros por hora en las 36 horas siguientes.

Según las predicciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica (NOAA por sus siglas en inglés), desde noviembre 6 de este año, Iota comenzó a fortalecerse en el Caribe y desde noviembre 13 se advirtió a la región entera que era una tormenta tropical. Sin embargo, para noviembre 15 alcanzó la categoría de huracán.

El martes 17, Iota alcanzó una fuerza de categoría 5, pero tocó tierra cerca de la ciudad de Haulover, Nicaragua, a las 10:40 pm, hora de Miami, como categoría 4, con vientos máximos sostenidos cercanos a 250 kilómetro por hora. Desde entonces se ha debilitado.

En Honduras, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advirtió que las lluvias serán “peligrosas y mortales” pese a que Iota baje de categoría. Pronostican que las bandas nubosas y la circulación asociadas al fenómeno estarán produciendo lluvias y chubascos intermitentes y generalizados en la mayor parte del país. Finalmente, en Guatemala ya hay 124 municipios en riesgo alto o medio de inundación por el huracán.

El sistema de predicción funciona, no así el de prevención. Este es el drama humanitario ante el que los gobiernos parecen impotentes, aunque en realidad sean incompetentes.

El caso Colombia

Siempre que ocurre un desastre natural en Colombia, se concluye lo mismo: que todas eran tragedias anunciadas y, por lo tanto, evitables. El mejor ejemplo es la avalancha de Armero, ocurrida en 1985 y que causó la muerte de 23.000 personas, 4.400 heridas y más de 230.000 damnificadas. En su momento existían documentos e informes que advertían del deshielo del nevado y posibles avalanchas. El entonces ministro de minas y energía, Iván Duque Escobar, padre del actual presidente, retiró del territorio a los técnicos encargados de monitorear el volcán alegando falta de presupuesto. También retiró cuatro sensores que habrían podido prevenir la erupción.

Algunas otras de las tragedias que, según las alertas tempranas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pudieron evitarse son: el deslizamiento en Buenaventura en 2006 en el que murieron 38 personas; el deslizamiento en Manizales en 2011 en el que murieron 48 personas; otro deslizamiento en Mocoa, Putumayo, en 2017 en el que murieron 333 personas; y, más recientemente, el deslizamiento en Rosas, Cauca, en el que murieron 19 personas.

Lo cierto es que la falta de planeación sistémica para evitar estos desastres muestra el vacío estructural del gobierno colombiano y su ineficiencia para actualizar su sistema de riesgo que, paradójicamente, fue uno de los primeros en la región.

Por eso, y al ver los efectos sobre la isla, quedan dudas sobre si se pudo haber minimizado el impacto de Iota sobre Providencia y por qué no se evacuó a los habitantes si, desde varios días atrás se sabía que la isla, al igual que San Andrés y los Cayos, probablemente serían azotados por una peligrosa tormenta tropical.

Aunque el presidente Iván Duque afirmó que Colombia tenía un protocolo para enfrentar la temporada de ciclones tropicales, hizo caso omiso de la alerta que lanzó el 13 de noviembre el Centro Nacional de Huracanes en la que especificaba la magnitud del impacto que podría tener Iota si se convertía en un huracán de mayor categoría. Así mismo, advertía que el paso por San Andrés, Providencia y Santa Catalina era inminente.

La inacción del gobierno fue tal que hasta el domingo 15 aterrizaron varios vuelos en el archipiélago con centenares de turistas, ajenos al peligro inminente que llegaría al día siguiente. Fueron alrededor de 930 pasajeros los que arribaron a San Andrés ese día, antes de que las operaciones del aeropuerto fueran suspendidas.

“Un huracán de esta magnitud no lo puede prever nadie”, se excusó el mandatario, aunque la magnitud del huracán Eta, que ya arrasó Honduras y Nicaragua a principios de mes, hacía prever una temporada de alto riesgo. No obstante, en Colombia, donde se han vivido grandes desastres naturales, la gestión integral del riesgo de desastres tiene que considerar los peores escenarios, incluso un huracán categoría 5.

El huracán del olvido

Más allá de la lentitud del Gobierno para hacer llegar ayuda eficientemente a los habitantes de Providencia, sorprende el olvido estatal al que ha estado sometida la isla por años.

En otra declaración, Duque dijo que en Providencia “hay una destrucción de infraestructura del 98 %, muy similar a la que se vio en el año 2005 con el huracán Beta, la diferencia es que este era categoría 1”. Es decir, pasaron 15 años y la isla y sus habitantes siguieron indefensos ante cualquier huracán, sin importar la categoría.

Es significativo que, si las alertas se hubieran encendido a tiempo en el gobierno, tal vez se habría podido hacer algo. Sin embargo, que el 98% de la infraestructura haya quedado destruida es una muestra clara de imprevisión.

A pesar de ser un destino turístico singular, Providencia ha sido desatendida por los últimos gobiernos. La Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos del Dane, presentada en febrero de este año, evidencia que apenas el 4,2 % de las viviendas de la isla cuenta con servicio de acueducto los siete días de la semana. Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 señalan que la cobertura de acueducto para todo el archipiélago de San Andrés y Providencia es de 36,7 %, mientras que el promedio nacional es de 86,4 %. Y la cobertura del servicio de alcantarillado llega apenas al 16,6 %, muy lejos del promedio nacional, que es de 76,6 %.

Aunque lo anterior no mejora o empeora las consecuencias del huracán, deja claro que si la isla quedó incomunicada por casi un día, nadie evacuó y nadie prendió alarmas que ya habían sido encendidas por otros países, fue porque este gobierno, como los anteriores, no se preocupa por entender y solucionar las problemáticas de sus habitantes: una comunidad raizal única. Así, se lograron todos los ingredientes para el desastre. Una isla olvidada, con necesidades desatendidas y con un huracán acercándose no tenía otro destino, tristemente, que sucumbir.

Cada vez más estudios señalan que el aumento de la frecuencia y magnitud de los huracanes en el Caribe y Centroamérica tiene que ver con la crisis climática desatada por la actividad extractiva e industrial descontrolada. Los gobiernos deberían luchar en dos frentes al mismo tiempo: la mitigación del cambio climático y la protección efectiva de las poblaciones más vulnerables a sus consecuencias.