¿Qué hay de nuevo? En el 2019, México volvió a enfrentar la tasa de homicidios más alta de su historia. El crimen organizado, después de sobrevivir a los ataques militares del gobierno y corromper a un gran número de funcionarios, se ha dividido en grupos más pequeños que se dedican a diferentes negocios ilícitos. En respuesta, han surgido grupos armados de “autodefensas”, pero incluso algunos de estos tienen vínculos criminales.

¿Por qué importa? En ninguna otra parte pueden verse estas tendencias tan marcadas, y con un rastro tan sangriento, como en Guerrero, al oeste de Ciudad de México. Este estado presenta el mayor desafío para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su apuesta por reducir la violencia criminal sin usar la fuerza militar. La competencia criminal es feroz, la corrupción es generalizada y la colusión policial desenfrenada.

¿Qué se debería hacer? El gobierno mexicano debe desarrollar planes regionales de intervención que combinen medidas a corto plazo para proteger a las poblaciones vulnerables, reformas para fortalecer a la policía e impulsar el crecimiento económico, e iniciativas de construcción de paz adaptadas a su contexto. Concentrar recursos en las regiones más violentas del país, como Guerrero, mejoraría las posibilidades de mitigar el conflicto.

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Guerrero tiene mala fama entre los estados mexicanos por su historia de violencia y mal gobierno. Ubicado entre Ciudad de México y la costa del Pacífico, el estado sufrió una de las represiones contrainsurgentes más severas del país durante la Guerra Fría y una de las peores atrocidades en la historia mexicana reciente: la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa en el 2014.

Hoy, es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país. Al menos 40 grupos luchan por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión.

Con altísimas tasas de impunidad para delitos graves (varios jueces y policías de alto rango son acusados ​​de complicidad en actividades delictivas) Guerrero representa el mayor reto para la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de traer paz a México. Una reforma a la policía civil, la protección de las poblaciones vulnerables y el desarme de grupos violentos son tareas esenciales para que el estado salga de su guerra crónica.

Sin embargo, al igual que a lo largo de todo México, las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en Guerrero son desalentadoras, especialmente en un momento en el que la pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos amenazan con acaparar la atención oficial y drenar los recursos públicos.

El problema es la gran proliferación de organizaciones criminales: mientras que antes había menos de doce organizaciones criminales que controlaban la mayor parte del dinero y las armas, a medida que la “guerra contra las drogas” se expandió desde el 2006, éstos se han dividido en una infinidad de grupos más pequeños e inclusive más violentos.

En Guerrero, esta fragmentación se remonta al asesinato del capo Arturo Beltrán Leyva en 2009 por parte de las fuerzas federales. Desde entonces, el crimen organizado en el estado se ha extendido geográficamente, ha ampliado su gama de acciones y se ha vuelto más peligroso para los locales, sobre todo para aquellos que son objeto de extorsiones o sospechosos de ayudar a los rivales.

Una ola continua de asesinatos, desapariciones, desapariciones forzadas y desplazamientos internos evidencia cómo la violencia criminal se ha transformado en conflictos armados locales de los cuales los civiles son las principales víctimas. Las primeras señales indican que estos grupos rivales no tienen intención de cesar sus actividades ante la amenaza del coronavirus.

Sin embargo, la violencia de Guerrero no puede atribuirse exclusivamente al crimen organizado. Muchos de los actores armados no estatales más nuevos comenzaron como rondas ciudadanas que se alzaron en armas para defender a comunidades indígenas de los depredadores criminales, alegando que el Estado no tenía la voluntad o la capacidad para hacerlo.

Los enfrentamientos entre grupos de autodefensa y grupos criminales ahora representan una parte importante de la violencia que afecta a Guerrero. Pero al tomarse territorios y hacer uso de la violencia extrema, algunas de las autodefensas han comenzado a parecerse a los criminales.

La proliferación de grupos de autodefensas refleja la gran falta de confianza en las autoridades estatales y las fuerzas de seguridad de Guerrero. Los límites entre el Estado y el crimen son confusos en toda la región. No todos los policías actúan en complicidad con el crimen organizado, pero según funcionarios de la institución, más del 80 por ciento se involucran en actividades “ilegales”.

Las consecuencias son evidentes. Municipios como Acapulco han desmontado sus fuerzas policiales debido a la infiltración criminal. La evidencia en la investigación sobre las desapariciones de Ayotzinapa (empañada por el presunto mal manejo de pruebas y testimonios) apunta a la culpabilidad conjunta de la policía y el crimen organizado. Los comandantes de la policía que se atreven a hacer cumplir la ley desafiando a los grupos criminales se enfrentan a la posibilidad de represalias violentas, incluso a ataques con explosivos, para obligarlos a someterse a la voluntad criminal.

El presidente López Obrador obtuvo una victoria arrasadora en julio de 2018, en parte debido al descontento público por la “guerra contra las drogas”, la campaña militarizada que falló repetidamente en la reducción del crimen. Prometió en cambio abordar las raíces socioeconómicas del reclutamiento criminal (un credo enmarcado en el mantra “abrazos, no balazos”), y enfrentar la epidemia de corrupción.

Como presidente, sin embargo, su enfoque ha sido errático. Su iniciativa de seguridad emblemática, la Guardia Nacional fundada a mediados de 2019, no tiene presupuesto propio y deriva la mayor parte de su personal y equipos de las Fuerzas Armadas. Sus programas sociales destinados a hacer menos atractivo el mundo criminal han dado poco resultado hasta la fecha. Sus planes para limpiar las fuerzas de seguridad continúan en el aire. Los continuos problemas de Guerrero sugieren que sus políticas también resultarán inadecuadas para luchar contra el crimen.

Una solución rápida no es posible. Anteriores reformas a la policía, al sistema de seguridad y al sector judicial fallaron en parte porque eran demasiado ambiciosas. Un punto de partida más prometedor sería adaptar planes de intervención específicos para puntos críticos como Guerrero, priorizando la reducción de la violencia extrema a la que están expuestos poblaciones civiles indefensas y romper los lazos que vinculan a los funcionarios estatales y las fuerzas de seguridad con el crimen organizado.

La prioridad de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad debería ser la protección de poblaciones vulnerables atrapadas en el fuego cruzado y ayudar a crear las condiciones necesarias para un desarrollo económico lícito, especialmente para los agricultores locales. En el mediano plazo, el gobierno debería enfocarse en restaurar la credibilidad de la policía civil, asegurando una supervisión externa estricta para frenar la corrupción institucional.

El gobierno federal de México también debería retomar su propuesta inicial de fomentar la paz a través de la mediación entre actores armados en conflicto. Experiencias locales de este tipo han demostrado ser prometedoras y podrían, con el apoyo adecuado, allanar el camino para el desarme de los grupos criminales y de autodefensa que están en conflicto en Guerrero, reintegrando a sus miembros a la sociedad sin causar divisiones aún más violentas.

El gobierno debe proveer los recursos y la protección física para permitir que la sociedad civil local, tal como las organizaciones de víctimas, asuman roles de liderazgo en estos procesos.

Dichas iniciativas aún tienen que ganarse el respaldo de la opinión pública. Pero el gobierno debería otorgarles la inversión continua que requieren. Ya no puede seguir reaccionando ante la agonía de Guerrero y otros estados con los remedios fallidos del pasado o con simples lamentos sobre delincuentes empeñados en la subversión.

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