Colombia ha recibido a millones de venezolanos que huyen de su patria, pero muchos siguen en riesgo al llegar a este país. Los venezolanos se han dispersado por todo el continente americano, pero la mayoría, cerca de 2,5 millones, se han asentado en Colombia, donde gobiernos solidarios con las dificultades que enfrentan del otro lado de la frontera y distanciados de los líderes en Caracas les han ofrecido residencia y acceso a servicios sociales.

Estas políticas se destacan por su solidaridad, pero no van acompañadas de suficiente apoyo económico o de otros tipos. Las migrantes y refugiadas sin recursos están expuestas a la explotación sexual. Muchos no tienen más remedio que recurrir al trabajo informal y se exponen a ser reclutados por grupos armados o bandas callejeras.

A medida que el papel de los venezolanos en los grupos criminales se ha vuelto más significativo, la xenofobia en su contra también ha aumentado. Para romper este ciclo, las autoridades colombianas deben trabajar con sus socios para ofrecer una mayor protección a los venezolanos y fortalecer las oportunidades económicas legales.

El plan del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, de restablecer el diálogo con Caracas será esencial para garantizar que los migrantes puedan transitar de manera segura entre los dos países.

Intentando escapar de una enorme contracción económica, la creciente inseguridad, el colapso de los servicios públicos y la represión política, más de seis millones de migrantes y refugiados venezolanos han buscado una nueva vida más segura en el extranjero durante la última década; la mayoría ha salido de su país a partir de 2017.

Desde la perspectiva de estos venezolanos, Colombia cuenta con varios atractivos como destino: comparte una porosa frontera de 2200 km con Venezuela, lo que hace posible, aunque peligroso, cruzar incluso cuando las fronteras oficiales están cerradas; los gobiernos han sido muy críticos de Caracas, y ha ofrecido residencia y acceso a servicios sociales a los recién llegados. Además, hasta el inicio del COVID-19, su economía gozaba de un crecimiento constante, con mercados laborales prósperos en sus principales ciudades.

Pero en otros aspectos, Colombia es uno de los países latinoamericanos menos aptos para recibir un masivo éxodo migratorio. Durante décadas, distintos frentes de una cruenta guerra interna provocaron que el país sufriera una de las tasas de desplazamiento forzado interno más altas del mundo, y la salida de millones de migrantes y refugiados.

Colombia no tiene experiencia en ofrecer refugio y protección a tantos migrantes, y su falta de conocimiento técnico y capacidad es evidente. La economía informal del país, basada en dinero en efectivo, representa cerca de la mitad de todos los empleos y se caracteriza por una remuneración ínfima y volátil, en particular para los venezolanos, quienes, por falta de alternativas formales, a menudo aceptan salarios considerablemente más bajos que los que reciben los locales.

En zonas rurales pobres, tanto cerca de la frontera con Venezuela como en rincones remotos del país, el empleo más fácil de conseguir suele encontrarse en las actividades ilícitas y los grupos armados y criminales.

A pesar del acuerdo de 2016 con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que puso fin a la mayor insurgencia del país y trazó una ruta hacia una paz duradera, los grupos disidentes y otras bandas armadas continúan coaccionando a las comunidades y perpetrando actos de violencia en gran parte del país.

Los migrantes se han visto inmersos en zonas de conflicto sin comprender las reglas no escritas para la supervivencia. La producción de coca y la minería ilegal se han convertido en importantes fuentes de trabajo para los venezolanos; el tráfico de personas y la explotación sexual asolan las ciudades fronterizas (al igual que las grandes ciudades), con especial riesgo para las mujeres y menores de edad. La violencia de género es particularmente común en los cruces fronterizos informales bajo control criminal, donde por lo general no existen medios para proteger a las víctimas.

Las principales ciudades colombianas, que enfrentan un alto nivel de desempleo, brotes de agitación social y, desde 2020, los efectos del COVID-19, también han demostrado ser inhóspitas. Decenas de miles de venezolanos resolvieron caminar de regreso a la frontera durante los primeros meses de la pandemia luego de que el Estado prohibiera el trabajo de los vendedores ambulantes, lo que provocó que muchos fueran desalojados de sus hacinados lugares de residencia.

Al igual que los grupos armados en el campo atraen a los reclutas venezolanos con pagos por vincularse, comida y alojamiento, las bandas urbanas se han enfocado en los migrantes desesperados, muchos de los cuales duermen a la intemperie (se estima que el 16 por ciento de las personas sin hogar en Colombia actualmente son venezolanas).

Empleados por bandas como parte de su creciente base de personal, los migrantes ofrecen mano de obra barata como asaltantes, distribuidores de drogas y sicarios. A pesar de que trabajan bajo las órdenes de grupos ilícitos colombianos, los crímenes de alta visibilidad perpetrados por migrantes han alimentado la xenofobia contra los venezolanos.

Los migrantes, explotados por su vulnerabilidad y pobreza, son habitualmente señalados por la opinión pública y políticos como los responsables de los bajos salarios, la inseguridad y el desorden público.

Evitar el reclutamiento de migrantes y refugiados por parte de grupos armados y criminales es esencial tanto para la seguridad de los venezolanos como para la causa más amplia de la paz y la seguridad en Colombia.

Las principales medidas para este fin deben incluir fortalecer los servicios de recepción de migrantes en la zona fronteriza o en las principales ciudades; mejorar el apoyo para todos los migrantes que buscan paso seguro a su destino, y sensibilizar a los migrantes sobre los peligros de la participación en el crimen organizado. También son necesarios más albergues a lo largo de la frontera para las mujeres y menores explotadas sexualmente y víctimas de la trata de personas.

Pero Colombia no puede hacer todo esto por sí sola. Sus socios extranjeros y los organismos internacionales que trabajan en el ámbito de la migración, el conflicto, asuntos de género y emergencias humanitarias deben ayudar al Estado colombiano, que cuenta con poco dinero, a cubrir los gastos.

En ciertas áreas, sin embargo, el gobierno entrante en Bogotá tendrá que asumir la principal responsabilidad. En los casos en los que los venezolanos han sido víctimas de la violencia, se les debe permitir registrarse como víctimas del conflicto colombiano, lo que legalmente los facultaría para recibir pagos de reparación y una atención judicial especial.

El Estado colombiano también debe esforzarse por resolver las dificultades que encuentran los migrantes venezolanos al tratar de incorporarse a la economía formal, adoptando medidas adicionales para reconocer sus calificaciones educativas y ofreciendo capacitación vocacional cuando sea necesario.

Una aplicación más estricta de la ley para garantizar que los empleados venezolanos no sean explotados o mal remunerados, afectando así las medidas laborales de protección para los colombianos, podría ayudar a aliviar las fricciones generadas por la ola migratoria en el mercado laboral.

Es urgente reparar los lazos rotos entre los gobiernos de Colombia y Venezuela, como lo propone Petro. Los canales de comunicación entre administraciones de las regiones fronterizas permitieron la reanudación del tráfico peatonal a través de los principales cruces formales a finales de 2021.

Pero el entrante gobierno colombiano ha dejado claro que desea restablecer plenamente las relaciones diplomáticas y consulares, mientras que el propio Petro ha enfatizado la necesidad de que los dos Estados trabajen juntos para mejorar la seguridad e impulsar el comercio formal a lo largo de la frontera.

La frágil estabilidad de la economía de Venezuela, impulsada en gran parte por el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal en el país, ha abierto posibilidades para que más migrantes decidan regresar voluntariamente a su país. Garantizar un paso seguro en ambas direcciones requerirá una mayor cooperación entre los dos Estados, así como el apoyo de las agencias internacionales.

El ofrecimiento de Colombia de ser un refugio seguro para los venezolanos es un gran gesto de solidaridad, pero también es una promesa que se le ha dificultado cumplir. Una mayor protección a la llegada de los migrantes, vías claras hacia el mercado laboral formal, restablecer los lazos bilaterales y garantizar una forma segura para que los que deseen regresar a casa puedan hacerlo son vitales para proteger a los migrantes de los atractivos y los riesgos de la delincuencia y la explotación, con todos los efectos nocivos que pueden acarrear.

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El presente texto es el resumen ejecutivo del informe publicado por International Crisis Group: lea el informe completoaquí