Colombia ha recibido a millones de venezolanos que huyen de su patria, pero muchos siguen en riesgo al llegar a este país. Los venezolanos se han dispersado por todo el continente americano, pero la mayoría, cerca de 2,5 millones, se han asentado en Colombia, donde gobiernos solidarios con las dificultades que enfrentan del otro lado de la frontera y distanciados de los líderes en Caracas les han ofrecido residencia y acceso a servicios sociales.
Estas políticas se destacan por su solidaridad, pero no van acompañadas de suficiente apoyo económico o de otros tipos. Las migrantes y refugiadas sin recursos están expuestas a la explotación sexual. Muchos no tienen más remedio que recurrir al trabajo informal y se exponen a ser reclutados por grupos armados o bandas callejeras.
A medida que el papel de los venezolanos en los grupos criminales se ha vuelto más significativo, la xenofobia en su contra también ha aumentado. Para romper este ciclo, las autoridades colombianas deben trabajar con sus socios para ofrecer una mayor protección a los venezolanos y fortalecer las oportunidades económicas legales.
El plan del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, de restablecer el diálogo con Caracas será esencial para garantizar que los migrantes puedan transitar de manera segura entre los dos países.
Intentando escapar de una enorme contracción económica, la creciente inseguridad, el colapso de los servicios públicos y la represión política, más de seis millones de migrantes y refugiados venezolanos han buscado una nueva vida más segura en el extranjero durante la última década; la mayoría ha salido de su país a partir de 2017.
Desde la perspectiva de estos venezolanos, Colombia cuenta con varios atractivos como destino: comparte una porosa frontera de 2200 km con Venezuela, lo que hace posible, aunque peligroso, cruzar incluso cuando las fronteras oficiales están cerradas; los gobiernos han sido muy críticos de Caracas, y ha ofrecido residencia y acceso a servicios sociales a los recién llegados. Además, hasta el inicio del COVID-19, su economía gozaba de un crecimiento constante, con mercados laborales prósperos en sus principales ciudades.
Pero en otros aspectos, Colombia es uno de los países latinoamericanos menos aptos para recibir un masivo éxodo migratorio. Durante décadas, distintos frentes de una cruenta guerra interna provocaron que el país sufriera una de las tasas de desplazamiento forzado interno más altas del mundo, y la salida de millones de migrantes y refugiados.
Colombia no tiene experiencia en ofrecer refugio y protección a tantos migrantes, y su falta de conocimiento técnico y capacidad es evidente. La economía informal del país, basada en dinero en efectivo, representa cerca de la mitad de todos los empleos y se caracteriza por una remuneración ínfima y volátil, en particular para los venezolanos, quienes, por falta de alternativas formales, a menudo aceptan salarios considerablemente más bajos que los que reciben los locales.
En zonas rurales pobres, tanto cerca de la frontera con Venezuela como en rincones remotos del país, el empleo más fácil de conseguir suele encontrarse en las actividades ilícitas y los grupos armados y criminales.
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