democraciaAbierta: Analysis

Gobierno y oposición en Venezuela deben volver a negociar

Urge superar la fractura global sobre Venezuela y salir del estancamiento político que hunde al país en la angustia socioeconómica

International Crisis Group
18 febrero 2022, 9.36am
detalle de la mano de un niño pequeño en la bandera venezolana durante la marcha en apoyo del 'presidente interino' Juan Guaidó en Abril 2019
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Más de dos décadas de agitación política en Venezuela han resultado involucrando a gran parte del mundo. La disputa entre los gobiernos del autoproclamado socialista Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor Nicolás Maduro, por un lado, y una alianza de oposición por el otro, se propagó primero por América Latina y desde entonces se ha convertido en una disputa global. A principios de 2019, el presidente de EE. UU., Donald Trump, con el apoyo de la principal corriente de oposición, intentó abiertamente derrocar a Maduro a través de la estrategia de “máxima presión”: sanciones económicas severas, aislamiento diplomático y vagas amenazas de intervención militar.

El intento fracasó. Pero trazó una clara línea divisoria entre los Estados que apoyan a Maduro, incluidos Rusia y China, y casi 60 otros países que respaldaron la iniciativa estadounidense y la “presidencia interina” del líder opositor Juan Guaidó. Tres años después, el país vive un estancamiento político y una fuerte crisis humanitaria. Pero las dos partes volvieron a la mesa de negociación en 2021. Los aliados extranjeros de ambos lados deben respaldar con urgencia los posibles esfuerzos, actualmente suspendidos, para lograr una solución negociada para Venezuela.

Chávez, un consumado populista carismático, se valió del petróleo barato, generosas finanzas y actos de solidaridad para cultivar un círculo de aliados cercanos en América Latina y el mundo, entre los que destaca Cuba. Al mismo tiempo, satanizó a quienes se oponían a su gobierno, en particular a EE. UU. y sus acólitos. Pero poco después de su muerte en 2013, el inicio de una devastadora recesión económica intensificó el conflicto político interno venezolano y lo extendió mucho más allá de sus fronteras.

Los países vecinos absorbieron la mayor parte del masivo éxodo de migrantes, actualmente estimado en seis millones de personas, quienes huían de la pobreza y del colapso de los servicios públicos. Mientras tanto, el crimen organizado y grupos armados colombianos intentaron obtener ganancias en negocios ilícitos y la complicidad de las desfinanciadas fuerzas de seguridad del otro lado de la frontera, lo que desató la ira de Bogotá. Los dos Estados rompieron relaciones en 2019.

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El gobierno venezolano afinó su aparato de seguridad estatal y adoptó una postura más represiva, por lo que EE. UU. endureció sus sanciones a partir de 2015 contra funcionarios estatales y posteriormente las amplió para dirigirlas a sectores económicos completos. Múltiples países de Europa y América Latina se unieron a esta causa después de que Maduro fuera reelecto en 2018 en medio de unas elecciones boicoteadas por la oposición y acusaciones de fraude. Estos eventos llevaron a la Asamblea Nacional controlada por la oposición a nombrar a Guaidó como jefe de Estado en enero de 2019. Decenas de Estados reconocieron su nuevo “gobierno interino”.

Los partidarios de Maduro lo defendieron de inmediato, lo que provocó un enardecido enfrentamiento en la escena internacional. Moscú, que ya respaldaba financiera, militar y diplomáticamente a Caracas, le ayudó a evadir las sanciones y bloqueó las iniciativas de EE. UU. con las que pretendía promover medidas punitivas en el Consejo de Seguridad de la ONU. Beijing también ha invertido mucho en Venezuela, a menudo a su pesar, pero de igual manera se sumó a los esfuerzos para proteger al gobierno de Maduro. Turquía e Irán, por su parte, se convirtieron en socios económicos cruciales del agobiado Estado sudamericano.

Los gobiernos extranjeros pueden estar ahora posicionados para fomentar, en lugar de obstaculizar, una solución pacífica para la crisis.

Tres años después de que Guaidó reclamara la presidencia y los aliados internacionales de Venezuela se dividieran en bloques rivales, los gobiernos extranjeros pueden estar ahora posicionados para fomentar, en lugar de obstaculizar, una solución pacífica para la crisis. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones facilitadas por Noruega en agosto de 2021 en Ciudad de México, aunque el gobierno suspendió su participación dos meses después.

La participación de la comunidad internacional está contemplada explícitamente en el memorando de entendimiento firmado al inicio de las conversaciones. Rusia y los Países Bajos han sido invitados como “acompañantes” del proceso. También está previsto un Grupo de Amigos, compuesto por un número igual de aliados de cada parte; sin embargo, aún no se ha definido la composición de este grupo ni el papel que desempeñarán los países que lo integren.

Los diálogos comenzaron en medio de un clima internacional que es, de algún modo, más favorable para un acuerdo que en cualquier otro momento del pasado reciente. Bajo la presidencia de Joe Biden, Washington adoptó una postura más multilateral y modificó la política de “máxima presión” de Trump, lo que ha permitido una alineación mucho más estrecha entre EE. UU., Canadá y la UE con respecto a Venezuela. América Latina está dividida más equitativamente que antes y, con algunas excepciones, menos decidida a expulsar a Maduro de su cargo. Con cada vez menos apoyo a la reivindicación de Guaidó a la presidencia interina y el colapso del gobierno aparentemente improbable, Rusia y China pueden estar menos preocupadas por el cambio de régimen y los efectos que pueda tener en su posición global, y más interesadas en rescatar sus devaluadas inversiones.

Aun así, lograr un consenso a través de la división que genera la crisis venezolana no es nada fácil dadas las tensas relaciones entre las principales potencias, que sólo han empeorado por el enfrentamiento sobre Ucrania. EE. UU. percibe la creciente presencia de Rusia y China en América Latina como una amenaza. Ni Moscú ni Beijing están dispuestos a contemplar un acuerdo que represente una clara ganancia estratégica para Washington, en especial si además perjudica sus intereses económicos.

Para lograr que las distintas potencias extranjeras hagan concesiones será necesario adaptarse a sus principales intereses y límites. EE. UU. tiene un pequeño pero influyente grupo de cabildeo sobre Venezuela que se opondrá activamente a cualquier acuerdo que considere demasiado indulgente con Maduro. Cuba y otras naciones del Caribe necesitarán garantías de que sus necesidades energéticas serán satisfechas. Rusia y China intentarán obtener garantías para sus inversiones, especialmente en el sector energético, y para el pago de las deudas bilaterales. Bogotá estará inconforme con cualquier acuerdo que no aborde el tema del refugio que los grupos armados dedicados a la economía ilícita en Colombia han encontrado en Venezuela.

Pero estas dificultades no deben ocultar el evidente interés de los aliados de ambas partes por encontrar una salida para el estancamiento. Con este objetivo, ellos deben exhortar a sus pares venezolanos a volver a la mesa de negociaciones y trabajar de buena fe para lograr un acuerdo; y deben ofrece incentivos, en especial al lado del gobierno, para alcanzarlo. También deben estar preparados para prestar distintos tipos de asistencia para sortear obstáculos y garantizar el progreso de las conversaciones, desde paquetes de ayuda financiera hasta apoyo a reformas de seguridad interna o justicia, o comprometiéndose a verificar el cumplimiento de un acuerdo final.

La fractura geopolítica ha hecho que sea fácil para ambas partes en Venezuela recurrir a sus aliados extranjeros en busca de apoyo, en lugar de hacer concesiones a sus opositores nacionales. Pero mientras el país esté sumido en una emergencia socioeconómica extrema, todos los interesados tienen más que ganar con una solución pacífica y negociada a esta prolongada crisis.

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Lea el informe completo sobre Venezuela de International Crisis Group aquí.

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