A pesar de no ser el país más grande ni más rico de América Latina, México ha ido consolidando su camino hacia la dependencia de los combustibles fósiles en los últimos 20 años.

Como en todas las naciones de la región, el petróleo contribuyó al crecimiento económico de México. Sin embargo, en la última década la generación eólica y solar se ha triplicado en los últimos cinco años y podría ser una opción viable al petróleo a largo plazo.

La administración anterior había posicionado a México como un actor importante en las negociaciones sobre el clima; fue una de las primeras naciones en introducir una legislación sobre el cambio climático.

En febrero de 2021, AMLO presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley (que se tramitó por la vía rápida debido a la COVID-19) llamada Proyecto de Ley de la Industria Eléctrica, que proponía revertir la regulación actual, creada en la reforma energética de 2013, y que frenaba la inversión privada en energía en el país, priorizando las centrales eléctricas propias, envejecidas y alimentadas con combustibles fósiles. También otorgaba el poder total sobre la generación eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Este proyecto de ley supuso un claro retroceso en el camino de las energías limpias, ya que privilegiaba los combustibles fósiles y otorgaba a la CFE el monopolio total de la gestión de la energía eléctrica en el país. Sin embargo, el gobierno mexicano dijo que la pandemia provocó una caída en la demanda de electricidad, y, debido a la naturaleza intermitente de los proyectos de energía renovable, no podían arriesgarse a una oscilación en el sistema eléctrico.

Cuando se debatía la ley, ambientalistas, activistas climáticos y académicos, decían que si se aprobaba, sería el equivalente a que México le diera la espalda al Acuerdo de París, porque tenía altos costos económicos y ambientales. Además, establecía un escenario en el que el país dependería significativamente de los combustibles fósiles como el carbón y el petróleo.

Sin tener en cuenta las nefastas consecuencias que podría acarrear, el proyecto de ley se aprobó en marzo de 2021, y la puerta a la dependencia de los combustibles fósiles se abrió al 100%.

En este contexto, es fácil imaginar por qué, en el camino a la COP26, México es definitivamente una gran preocupación. Aunque firmó el Acuerdo de París y ha dicho de forma reiterativa que definirá NDCs o Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional más ambiciosas, sus políticas y compromisos climáticos no son coherentes y han provocado un aumento, en lugar de una disminución, de las emisiones.

Pero esto no es una sorpresa; aunque México presentó una línea base de NDC en 2016 desde 2013, ha reportado continuamente sus emisiones históricas a niveles más altos que las proyecciones de emisiones en la línea base.

Además, el gobierno de AMLO ha anunciado que no tiene planes de aumentar su ambición de mitigación para 2030, en contra de los requisitos de los Acuerdos de París de que cada NDC sucesiva debe representar una progresión en sus esfuerzos de mitigación.

Lo cierto es que si AMLO no introduce medidas permanentes para impulsar cambios estructurales que permitan al país transitar a una economía de bajas emisiones, nada cambiará.

Con la decisión de su gobierno de favorecer a los combustibles fósiles frente a las energías renovables, especialmente la decisión de seguir invirtiendo en carbón, México está en un camino opuesto a los objetivos de 1.5°C del Acuerdo de París.

La cruda realidad es que si todos los países siguieran los pasos de México, el calentamiento global se elevaría no sólo a 2°C sino a 3 o incluso 4°C; una triste situación para el país que, hace cinco años, fue el primer país en desarrollo en presentar un plan de recorte de emisiones de carbono camino a la COP21 de París.