En junio de 2020, más de 200 organizaciones a nivel global lanzaron un comunicado denunciando que las empresas transnacionales mineras estaban ignorando la amenaza de la pandemia del Covid-19 y que continuaban operando con normalidad. El comunicado, basado en una amplia investigación, decía que los gobiernos estaban adoptando medidas extraordinarias para reprimir las protestas en contextos mineros, además de aprovechar la crisis para establecer nuevas normativas en favor de la industria minera.

Así como la minería transnacional no ingresó en cuarentena, tampoco lo hicieron los conflictos inherentes a ella. Una de las empresas que más noticias generó durante la pandemia fue la transnacional minera suiza Glencore, en relación a denuncias internacionales en torno a la minería de carbón en Colombia; violación de derechos humanos y niños con metales tóxicos en Perú; trabajo infantil y una millonaria demanda Inversionista - Estado en contra de Bolivia.

En noviembre de 2020, Glencore dijo que "funciona de acuerdo con los estándares internacionales" y tiene "tolerancia cero para el trabajo infantil". Agregó que estaba “orgulloso de ser miembro de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y del Consejo Internacional de Minería y Metales”, así como “un participante activo en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas".

Glencore es una de las transnacionales más grandes del mundo dedicada a la producción y comercialización de materias primas. Cotiza en la bolsa de valores de Londres. Tiene operaciones mineras en más de 50 países y sus ingresos el año 2019 superaron los 215 mil millones de dólares, cinco veces más que el PIB de Bolivia, 95% del PIB Peruano y dos tercios del PIB Colombiano para ese año. Actualmente, la empresa busca subirse al tren de la transición energética: limitar su extracción de carbón y centrarse en los minerales de transición (ej. para la infraestructura de energías renovables), aunque no cambia sus prácticas dañinas en los territorios.

Por esta razón es necesario apoyar los esfuerzos para construir instrumentos que puedan obligar a las transnacionales como Glencore a responsabilizarse plenamente por sus actividades. La Iniciativa de Responsabilidad Empresarial impulsada en Suiza en noviembre de 2020 y el Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos de la ONU, son dos de esas iniciativas.

Denuncias internacionales alrededor de la minería de carbón en Colombia

En La Guajira Colombiana, Glencore es accionista de la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, Cerrejón, una empresa conjunta cuyo paquete accionario se divide en partes iguales con otros gigantes mineros, Anglo American y BHP.

Los impactos de esta mina incluyen el despojo de más 25 comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes de sus territorios, degradación ambiental, y más de 20 arroyos locales secados o desviados, incluyendo el arroyo Bruno, del cual dependen varias comunidades para sobrevivir. Las explosiones mineras generan emisiones de partículas contaminantes, ruidos y olores que afectan a la salud de las comunidades. También se han profanado territorios sagrados con daños a nivel cultural y espiritual, perturbando incluso los sueños de los médicos espirituales que ya no pueden soñar y guiar a sus comunidades como consecuencia.

Las organizaciones en La Guajira también han recibido amenazas por la defensa de su territorio. Este no es un dato menor, considerando que Colombia es uno de los países más peligrosos para los defensores del territorio. Global Witness señala que 64 líderes comunitarios y sociales fueron asesinados en este país el año 2019.

En enero de 2021, organizaciones internacionales y colombianas presentaron quejas formales ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que cuenta con recomendaciones voluntarias para que las empresas multinacionales adopten una conducta empresarial responsable a nivel internacional.

Las quejas son en contra de Electricity Supply Board (ESB), una empresa estatal irlandesa que compra carbón de Cerrejón; Coal Marketing Company (CMC) con sede en Dublín, que comercializa el carbón de Cerrejón; y las tres propietarias, BHP, Anglo American y Glencore. El objetivo es que las empresas con sede en Irlanda suspendan sus relaciones comerciales con Cerrejón, y que las tres empresas dueñas reconozcan su responsabilidad y realicen acciones de reparación.

Las organizaciones impulsoras también alertan sobre los anuncios de las sociedades matrices de poner en venta sus acciones. “Es necesario que se haga una evaluación tanto de la conducta empresarial como de los pasivos ambientales y sociales que han dejado estas empresas antes de su salida del país para evitar que se consoliden escenarios de impunidad corporativa”, afirman.

En respuesta, Cerrejón publicó una declaración en la que dijo que "A lo largo de nuestros 30 años de operación hemos adoptado, según se han ido estableciendo, estándares sociales, ambientales y de Derechos Humanos, demostrando siempre nuestro compromiso, sin reservas, con los estándares internacionales. Este compromiso está incorporado en nuestra política de Derechos Humanos, que se alinea con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU), así como en nuestra Política de Gestión Social".

En enero, la Junta de Suministro de Electricidad de Irlanda le dijo al Financial Times que no tenía conocimiento de que se hubiera presentado ninguna queja conforme a las directrices de la OCDE.

“ESB confirma que compró carbón de la mina Cerrejón en el pasado. En el período 2015-2018, ESB compró poco más del dos por ciento de la producción de la mina de carbón. ESB no compró carbón de Cerrejón en 2019 o 2020 ”, se lee en la declaración.

Conflictividad, violación de Derechos Humanos y niños con metales en la sangre en Perú

Uno de los proyectos más importantes de Glencore en Perú es la operación minera Antapaccay, ubicada en la provincia de Espinar, Cusco. Esta mina produjo el año 2018 un total de 205,414 Toneladas de Cobre, 44,306 Kilogramos de plata y más de 4,1 millones de gramos de oro fino.

La actividad minera en Espinar comenzó hace más de 3 décadas, pero la provincia todavía sufre de carencias básicas. En todo ese tiempo se han suscitado una serie de conflictos debido a denuncias de contaminación de fuentes de agua, aire y suelos alrededor de las zonas de influencia de la mina. También se ha demostrado la presencia excesiva de metales tóxicos en la sangre de decenas de hombres, mujeres y niños de comunidades campesinas de la zona.

Durante años las comunidades y organizaciones sociales han exigido a los diferentes gobiernos la atención integral a sus demandas. Sin embargo, la apatía del estado y de la empresa han provocado conflictos de gran intensidad, principalmente los años 2012 y 2020.

El año 2012 los conflictos y la represión policial dejaron cuatro muertos, varios heridos y detenciones arbitrarias. Posteriormente, investigaciones demostraron la existencia de un convenio secreto de seguridad entre la policía y la empresa minera. Además, como consecuencia de estos conflictos, se criminalizó y enjuició injustamente a los líderes sociales.

Los últimos conflictos en Espinar se produjeron entre julio y agosto del año 2020. Además de la atención a sus demandas en cuanto a salud y medio ambiente, la población pedía un pago único de 1000 soles (265 Dólares aprox.) proveniente de los recursos del llamado “convenio marco” (por el que el 3% de las utilidades de la empresa minera se destinan a la provincia), para alivianar la crisis económica producto de la pandemia. Ante la negativa de la empresa, la población salió a protestar y fue brutalmente reprimida por la policía. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, denunció violación de Derechos Humanos, maltratos y torturas hacia la población por parte de la policía.

Actualmente Glencore tiene planes de expansión en Espinar a través de su nuevo proyecto “Coroccohuayco”, que no ha sido consultado adecuadamente con las comunidades locales y que implicaría otros 25 años de minería y potenciales conflictos.

Varios cientos de kilómetros al noroeste, se encuentra la localidad de Cerro de Pasco. El medio peruano Ojo Público reveló altos niveles de plomo en la sangre de los niños de la zona, cuadros de anemia, problemas de aprendizaje, dolores de cabeza, sangrado por la nariz e incluso leucemia. Las familias afectadas responsabilizan a la empresa Volcán, una compañía controlada por Glencore que extrae zinc, plomo, plata y cobre. Según el medio Deutsche Welle, hasta el 2018 se habrían registrado más de 3000 casos de niños afectados con hasta 14 metales pesados en la sangre.

Trabajo infantil, contaminación y una millonaria demanda ISDS en contra de Bolivia

Las operaciones de Glencore en Bolivia son administradas por las compañías mineras Sinchi Wayra e Illapa. Juntas controlan operaciones mineras de estaño, zinc, plata y plomo en los departamentos de Oruro y Potosí.

En noviembre de 2020, Public Eye de Suiza lanzó un reporte que describe la forma precaria y riesgosa en que las cooperativas mineras extraen zinc, plomo y plata de la mina de Porco, en Potosí. Parte de este mineral posteriormente es vendido a Illapa. Se sabe que en esta operación se emplea muchas veces mano de obra infantil y adolecente. Además, se trata de una modalidad de trabajo asimétrica, debido a que libera a Glencore de sus responsabilidades laborales y ambientales, que se externalizan hacia las cooperativas mineras. Los accidentes son muy comunes y durante los últimos cuatro años, en promedio, 20 mineros murieron cada año, incluidos algunos menores.

La mina también estaría contaminando el río local, afectando a la producción agrícola y la salud de la población. Muestras de laboratorio tomadas del río, confirman excesivas cantidades de Zinc, Hierro y Manganeso en el agua, que pueden provocar daños en los órganos vitales y problemas cognitivos en las personas que la consumen.

Algo interesante, es que Glencore estaría pensando vender varios de sus activos en Sudamérica, incluyendo Sinchi Wayra e Illapa. No existe confirmación de la empresa.

Glencore también tiene un caso de Arbitraje de diferencias Inversor- Estado (ISDS) en contra de Bolivia, bajo el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) entre Bolivia y el Reino Unido. Se trata de una demanda presentada el año 2016 por la reversión de dos activos de Sinchi Wayra: la empresa Metalúrgica de Vinto (2007) y el Proyecto Minero Colquiri (2012). Glencore exige una compensación de 675 millones de dólares, aunque algunos reportes indican que el monto habría ascendido a 778 millones, aproximadamente un cuarto del presupuesto 2021 destinado a la salud en el país, según cifras oficiales.

En abril de 2020, el gobierno boliviano solicitó a la CPA suspender los procedimientos explicando que no se pudo preparar la defensa a causa de la pandemia. La CPA lo denegó. El caso Boliviano fue recogido por una carta abierta firmada por más de 650 organizaciones de todo el mundo, como un ejemplo de que era necesario “suspender todos los casos de ISDS”, a fin de que los esfuerzos de los estados se centren en la respuesta a la pandemia.

Transición justa, responsabilidad corporativa y la Iniciativa Suiza

Glencore ya ha dicho que quiere limitar su extracción de carbón para reducir sus emisiones de carbono dada la creciente presión internacional de la crisis climática. La empresa busca subirse al tren de la transición energética. Su Director Ejecutivo saliente, Ivan Glasenberg, dijo que la demanda de cobre se multiplicará hasta el año 2050, al igual que el zinc, níquel y cobalto, metales necesarios para la transición y que la empresa ya produce en importantes cantidades. Pero una transición justa supone respetar el medio ambiente, los derechos humanos y de las comunidades.

Además, se requiere una transición que cuestione y replantee el modelo de producción y consumo excesivo que subyace a la crisis ecológica. De lo contrario, la transición energética es sólo un buen negocio. En el caso de Glencore, su práctica en el territorio lo dice todo.

Durante años se ha documentado, denunciado y tomado acciones en contra de los impactos de Glencore, pero no ha sido suficiente. Una vía importante para obligar a empresas como Glencore a que sean efectivamente responsables, es la construcción de instrumentos vinculantes a nivel nacional e internacional. Una de ellas, es la Iniciativa de Responsabilidad Empresarial en Suiza, llevada a referéndum popular en Noviembre de 2020.

El activista Suizo Stephan Suhner, de la organización Grupo de Trabajo Suiza Colombia ask!, afirma que la Iniciativa preveía medidas de “debida diligencia” para obligar a las empresas suizas a identificar, prevenir y rendir cuentas por los potenciales riesgos de violaciones de derechos humanos e impactos ambientales negativos que sus actividades puedan provocar.

Pese a que las autoridades llamaron a votar por el No, el 50,3% de los votantes dijeron que SÍ a la Iniciativa. Sin embargo, 17 de los 26 cantones votaron por el NO, por lo que la Iniciativa fue rechazada de acuerdo a la ley suiza. Sin embargo, existe una contrapropuesta del parlamento Suizo que, aunque con muchas limitaciones, puede brindar algunas oportunidades para vigilar a las empresas suizas como Glencore. Suhner también desea que Suiza adopte una postura más proactiva con respecto a otra iniciativa, el Tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos.

Tratado Vinculante en la ONU – ¿Cuál es el estado actual?

Este 2021 el Tratado Vinculante para Empresas Transnacionales en materia de Derechos Humanos de la ONU ingresa en su 7mo año de negociaciones. Raffaele Morgantini, activista del CETIM y de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo en la ONU, afirma que el principal desafío se encuentra en dotar al Tratado de contenidos que realmente le ayuden a cumplir los objetivos por el que fue impulsado.

Morgantini señala que actualmente se encuentra en la mesa de negociaciones “un borrador de Tratado cuyo contenido se acomoda a las propuestas e intereses de los lobbies de las transnacionales y de sus aliados políticos” y corre el riesgo de quedarse “sin dientes”.

Una de las cuestiones “es que el actual borrador de Tratado, no prevé obligaciones directas para las transnacionales, sino solamente obligaciones para los estados”. Esto sería un problema porque las empresas suelen ser más ricas y poderosas que los mismos estados; no existe la voluntad política o capacidad técnica suficiente para regular a las transnacionales; o finalmente ellas pueden escapar de la jurisdicción de los estados o incurrir en chantajes comerciales, etc.

“Tenemos que establecer obligaciones directas de respeto a los Derechos Humanos para las transnacionales”, dijo el activista. “Y en caso de no hacerlo, es necesario tener mecanismos jurídicos vinculantes para llevarlas a juicio y sancionarlas”. Para ello, la Campaña Global propone la creación de una Corte Internacional en donde los estados y las organizaciones de la sociedad civil, puedan presentar quejas contra las transnacionales sobre violaciones de derechos humanos. “Hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de ir rápido, debido a que las comunidades afectadas necesitan ese tratado”, señala Morgantini, “pero, al mismo tiempo, asegurarse de que el contenido del Tratado sea acorde y pueda realmente ayudar a las comunidades en los territorios”.

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