La presencia de más de 300 barcos pesqueros con bandera china en las proximidades de las Islas Galápagos, y luego a lo largo de las aguas del Océano Pacífico sudamericano, entre julio y octubre de 2020, puso en alerta máxima a los gobiernos de la región y a las organizaciones ambientales a nivel mundial.

Esta flota gigantesca, que sigue la llamada “ruta del calamar” bordeando el continente por el sur desde el Atlántico argentino hasta la costa ecuatoriana, viene creciendo desde 2016 y provoca cada año mayor preocupación por su impacto en la población de especies marinas y sus flujos de reproducción, lo cual afecta seriamente a los ecosistemas y la economía de los países costeros.

Pero también es motivo de tensión por la forma irregular en la que opera: muy cerca de los límites de la Zona Económica Exclusiva de Ecuador, Perú, Chile y Argentina y de las áreas de conservación marina de estos países, apagando intermitentemente sus radares para evitar ser localizada, sin observadores científicos a bordo y realizando traspasos de carga entre los buques, prácticas consideradas como ilegales de acuerdo con la reglamentación internacional de los mares.

Un recurso cada vez más estratégico

La demanda mundial de peces, crustáceos, moluscos y otros animales marinos ha aumentado de forma exponencial en las últimas décadas: en 2018, el consumo promedio anual per cápita fue de 20.5 kilogramos, más del doble de la cifra registrada a finales de los años 60’s. Esto se explica, en gran medida, por la expansión de la clase media y la popularización del pescado como base de una alimentación saludable, promovida por la FAO como una alternativa de proteína menos contaminante que las fuentes terrestres, como la ganadería, para alimentar a la creciente población mundial, que se proyecta superará los 10.000 millones en 2050.

Al mismo tiempo, la sobreexplotación de las áreas cercanas a las costas, la creación de áreas marinas protegidas y los efectos del cambio climático en las poblaciones de peces han obligado a la industria pesquera a ir cada vez más lejos para cubrir esta jugosa demanda. En consecuencia, la pesca se está concentrando cada día más en aguas internacionales, que son algo así como una zona gris en el ordenamiento jurídico internacional, sobre la cual ningún Estado ejerce soberanía y donde el incumplimiento de las normas internacionales es una constante.

El instrumento multilateral más importante para la regulación del uso de los mares es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), conocida como “la Constitución de los océanos”, firmada en 1982 en Jamaica y vigente desde 1994. De ella hacen parte 168 Estados, incluyendo a todos los países de América y del Caribe con excepción de Estados Unidos, Venezuela y Perú, que no la firmaron, mientras que Colombia y El Salvador todavía no la han ratificado.

En lo que se refiere a la pesca, la CONVEMAR se aplica a través de Organismos Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), encargados de velar por la gestión sostenible de los recursos pesqueros y de asegurar que las medidas de explotación y conservación de los países miembros sean coherentes con las normas internacionales. Existen dos tipos de OROP: las que regulan los recursos marinos en general dentro de una región específica de las aguas internacionales, como la OROP del Pacífico Sur, y las que se enfocan en ciertas especies de peces altamente migratorias, como la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

Estos organismos son el principal instrumento intergubernamental para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR): establecen límites de capturas y obligaciones técnicas de control en alta mar, gestionan sistemas regionales de documentación y certificación de las capturas, intercambian información entre los países miembros para el seguimiento de las embarcaciones, elaboran listas de buques de pesca involucrados en pesca ilegal, y pueden dictar medidas para impedir el acceso del pescado INDNR a los mercados.

El problema es que la capacidad de las OROP no ha aumentado a la misma velocidad de la pesca y por el contrario se ha ido debilitando. Esto se debe, entre otras razones, a dificultades en su funcionamiento interno, como la condición de adoptar nuevos acuerdos por consenso y la falta de autonomía para tomar decisiones basadas en criterios científicos sin depender de las negociaciones políticas entre sus miembros.

La geopolítica del pescado

Con casi 17 mil embarcaciones, China tiene la mayor flota pesquera del mundo y es el mayor exportador de pescado del planeta con un 14% del total, además de controlar el 40% de los buques pesqueros en aguas distantes (DWF, por sus siglas en inglés). Y aunque su bandera no es la única que ondea en las embarcaciones implicadas en este flagelo, su flota es la que más contribuye a la pesca INDNR a nivel mundial.

El gigante asiático ha rechazado las acusaciones sobre cualquier violación a las normas internacionales por parte de su flota, y anunció recientemente la adopción de medidas para hacerla más sostenible, en un intento por limpiar su reputación tras la indignación que generó su presencia en la cercanía de las Islas Galápagos, la segunda reserva marina más grande del planeta. Sin embargo, varios expertos señalan la negligencia de las autoridades chinas para controlar las actividades de su industria pesquera, pese a que el gobierno participa directamente en varias de estas empresas y subsidia a otras tantas.

China también estaría utilizando su influencia sobre los gobiernos de la región, en particular Ecuador, uno de sus principales socios comerciales en América Latina, para disuadir a la OROP del Pacífico Sur de tomar medidas en su contra. Por su parte, Estados Unidos está aprovechando la situación para reforzar la imagen devoradora de su principal rival geopolítico con el objetivo de recuperar afectos perdidos en su histórico “patio trasero”.

A esto se suman las serias limitaciones que enfrentan las autoridades nacionales de los países sudamericanos para vigilar sus mares, las cuales se han agudizado por la desidia de algunos gobiernos, como el de Jair Bolsonaro en Brasil, y por los efectos de la pandemia de la Covid-19, que ha reducido aún más sus recursos y ha obstaculizado el despliegue del personal de patrullaje en los mares debido a las medidas de aislamiento social.

Más multilateralismo para el mar

Los mares y sus recursos son un bien colectivo que requiere de acciones multilaterales urgentes para su protección, pues lo que sucede en un lugar del océano tiene un impacto en todo el ecosistema marino, más allá de las fronteras de la soberanía de los Estados. Esto concierne a todos los países, incluso los que no tienen costa, debido al papel fundamental de los mares en la regulación del clima y el mantenimiento de la biodiversidad en el planeta.

Los gobiernos y la sociedad civil deben movilizarse para reforzar los instrumentos multilaterales, como las OROP, y para establecer mecanismos efectivos para penalizar el incumplimiento de las normas internacionales por parte de embarcaciones privadas y estatales. Este es un asunto de la más alta importancia, pues la competencia por los recursos pesqueros y el aumento descontrolado de la pesca ilegal se están convirtiendo en el caldo de cultivo de nuevos conflictos internacionales, los cuales pueden tornarse violentos como ya viene sucediendo en otras partes del mundo.

El desafío más grande es probablemente la vigilancia, pues el mar es un espacio geográfico vasto, con fronteras porosas y condiciones climáticas adversas que elevan los costos económicos y humanos del patrullaje. En este sentido, resultan alentadores los avances tecnológicos como el monitoreo satelital y el desarrollo de embarcaciones robot no tripuladas impulsadas por energía solar.

Pero también es necesario involucrar a la mayor cantidad de países y actores, como la industria pesquera legal y las embarcaciones de otros sectores como el petrolero, así como a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades locales para que haya, literalmente, muchos más ojos en el mar.