La presencia de más de 300 barcos pesqueros con bandera china en las proximidades de las Islas Galápagos, y luego a lo largo de las aguas del Océano Pacífico sudamericano, entre julio y octubre de 2020, puso en alerta máxima a los gobiernos de la región y a las organizaciones ambientales a nivel mundial.
Esta flota gigantesca, que sigue la llamada “ruta del calamar” bordeando el continente por el sur desde el Atlántico argentino hasta la costa ecuatoriana, viene creciendo desde 2016 y provoca cada año mayor preocupación por su impacto en la población de especies marinas y sus flujos de reproducción, lo cual afecta seriamente a los ecosistemas y la economía de los países costeros.
Pero también es motivo de tensión por la forma irregular en la que opera: muy cerca de los límites de la Zona Económica Exclusiva de Ecuador, Perú, Chile y Argentina y de las áreas de conservación marina de estos países, apagando intermitentemente sus radares para evitar ser localizada, sin observadores científicos a bordo y realizando traspasos de carga entre los buques, prácticas consideradas como ilegales de acuerdo con la reglamentación internacional de los mares.
