El pasado 21 de abril, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), emitió un nuevo fallo sobre la disputa territorial que enfrenta desde hace décadas a Colombia y Nicaragua en las aguas del Caribe occidental.

En su decisión más reciente, el tribunal ordenó a Colombia acatar el fallo de 2012 que le dio a Nicaragua la soberanía sobre cerca de 75.000 kilómetros cuadrados (km²) de mar, que Colombia antes consideraba como parte de su territorio. Esto se dio en respuesta a una demanda presentada por Managua en 2013, en la cual acusó a Colombia de incumplir el fallo y de violar los nuevos límites territoriales.

La defensa de Colombia —que aún mantiene la soberanía sobre las islas, cayos e islotes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las aguas de la plataforma continental que lo rodean— celebró el nuevo fallo como una “victoria” para el país, pues la Corte no lo condenó a pagar una multa a su vecino centroamericano ni redujo aún más su jurisdicción territorial.

Los grandes perdedores en este litigio, sin embargo, siguen siendo los raizales, el pueblo ancestral que habita el archipiélago desde antes que Colombia y Nicaragua existieran como Estados, y que enfrenta cada día mayores dificultades para sobrevivir.

El pleito en La Haya

En 1928, los gobiernos de Colombia y Nicaragua firmaron el tratado Esguerra-Bárcenas, con el cual buscaron resolver las disputas territoriales que mantenían sobre el archipiélago y la costa de Mosquitos desde su independencia de la Corona española.

Pero en 1980, el gobierno de Managua, encabezado por Daniel Ortega —quien todavía se mantiene en el poder—, anuló el tratado. El argumento principal para hacerlo fue que éste había sido negociado durante la ocupación estadounidense en el país, por lo cual no representa la voluntad soberana del pueblo de Nicaragua.

Adicionalmente, tras la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), en 1994, y su posterior ratificación por parte de Nicaragua, en 2000, el país centroamericano reclama su derecho a extender su soberanía hasta 200 millas náuticas desde su litoral en el Caribe. Esto le daría el control sobre el archipiélago, que se encuentra a 140 millas náuticas de su costa oriental.

Ante la negativa de los gobiernos colombianos de negociar, Managua demandó a su vecino sudamericano ante la Corte de La Haya en diciembre de 2001. En su defensa, Colombia —que todavía no ha ratificado la Convemar— argumenta que la anulación del Tratado Esguerra-Bárcenas representa un acto unilateral de Nicaragua que viola la legislación internacional, y que los límites entre las dos naciones sí quedaron definidos por él.

De hecho, Colombia ha delimitado su frontera con sus demás vecinos en el Caribe sobre el supuesto de que su soberanía se extiende hasta el meridiano 82 de Greenwich, a pesar de que no esto no es explícito en el tratado.

La defensa colombiana también alega que mientras Nicaragua nunca ha ejercido soberanía sobre el archipiélago, sí existen documentos que dan testimonio de su soberanía en las islas, por lo menos desde 1810, así como de la adhesión voluntaria de los nativos isleños al país en 1821.

Una relación complicada

En respuesta a una contrademanda presentada por Colombia en 2019, el último fallo de la Corte de La Haya ordenó a ambos países garantizar las actividades de los pescadores artesanales del archipiélago. Sin embargo, la defensa de los derechos de los raizales parece haber llegado demasiado tarde al litigio.

“Ellos [la defensa de Colombia] escondieron o negaron la existencia de la población raizal que vive en estos territorios. Nunca nos mencionaron”, afirma Luz Marina Livingston, periodista y líder social de la isla de Providencia, con quien conversamos después del fallo de abril pasado.

En efecto, antes del fallo de 2012, la defensa colombiana nunca mencionó que había un pueblo que dependía de estas aguas para su subsistencia, lo cual equivale a negar la existencia del pueblo raizal. De esta manera, dejó de lado un argumento de peso que probablemente habría cambiado el sentido del veredicto.

Esto desató la ira de la población local, frente a lo cual el gobierno colombiano incluyó algunos raizales en el equipo en La Haya. Sin embargo, de acuerdo con Luz Marina, los representantes fueron escogidos por su afinidad con el gobierno, mientras que “otros isleños, que habían sido convocados por la Cancillería, fueron descartados porque decían la verdad sobre cómo sentían que había sido el proceso desde un principio”.

La relación de los raizales con el gobierno central en Bogotá siempre ha sido problemática. La distancia geográfica —775 kilómetros separan al archipiélago de la costa noroccidental colombiana en el Caribe— ha propiciado una presencia estatal débil en el territorio. Las diferencias culturales han hecho que la inclusión de los raizales en la nación colombiana sea un proceso conflictivo, pues se ha fundamentado en el desconocimiento y la represión de la cultura autóctona.

Los raizales son en su mayoría descendientes de africanos traídos como esclavos por colonos británicos y holandeses, su lengua es un creole del inglés y su sistema de valores se asienta sobre la fe Bautista. Su historia y sus costumbres están mucho más ligadas a las de las demás islas del Caribe occidental que a las de la población continental colombiana, asentada mayoritariamente en la cordillera de los Andes.

“Por su ignorancia y por no reconocer el mar como fortaleza, los diferentes gobiernos han ido haciendo acuerdos que terminan lesionando los intereses del archipiélago, por no reconocer el valor y la importancia que tiene el mar para nosotros”, dice Luz Marina.

Un pueblo en peligro

En el fallo de 2012, la Corte de La Haya le dio a Nicaragua la soberanía sobre una franja de mar que separó a las tres islas más grandes y habitadas –San Andrés, Providencia y Santa Catalina– de los cayos e islotes del norte del archipiélago. Esto fragmentó el territorio ancestral de los raizales y los separó de las aguas que les ofrecían la pesca más rica y abundante.

Adicionalmente, la escalada de la tensión entre Colombia y Nicaragua y las ambigüedades del fallo de 2012 convirtieron este mar en una zona donde reinan la zozobra y la confusión. Esto ha limitado la capacidad de los raizales para moverse y pescar libremente, por lo cual deben conformarse con lo poco que encuentran en las 12 millas náuticas donde Colombia aún mantiene su soberanía, como parte de la plataforma continental del archipiélago.

Como denuncia Luz Marina, los pescadores raizales no sólo temen hostigamientos por parte de la Fuerza Naval de Nicaragua, sino que también enfrentan serios obstáculos para obtener los permisos de zarpe de las autoridades colombianas.

“Nosotros hemos perdido nuestros derechos de pesca y eso pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria. Cada metro menos es una amenaza para nuestra supervivencia”, agrega Luz Marina. A esto se suma el impacto devastador de la pesca industrial –legal e ilegal, nacional e internacional– tanto en territorio de Colombia como de Nicaragua, que genera mayor competencia por el alimento que es la base de la alimentación, la economía y la forma de vida de los raizales.

Esto tiene un agravante adicional. A partir de la declaratoria de la isla de San Andrés como puerto libre (zona franca) en 1953, el acelerado desarrollo del turismo y la inmigración masiva hicieron desaparecer las tierras donde antes cultivaban los raizales. Hoy, las islas tienen que importar prácticamente casi toda la comida que consumen, lo cual afecta a todos sus habitantes y ha agudizado su dependencia económica del continente.

Más allá del fallo

En su último veredicto, la Corte de La Haya señaló que la mejor manera para resolver la disputa entre los dos países es a través de una negociación bilateral. Pero, por el momento, esta opción parece descartada, pues el gobierno colombiano ha declarado que no dialogará con el gobierno de Managua, al que considera una dictadura.

Pero más allá del diferendo limítrofe, los problemas sociales y ambientales que vive el archipiélago son cada día más críticos: servicios públicos precarios; deterioro de la infraestructura; aumento acelerado del desempleo, la corrupción, la violencia y el narcotráfico; mala gestión de las basuras, costo de vida elevado, por nombrar sólo algunos.

Gran parte de estos problemas son producto de la sobrepoblación, a la que Luz Marina se refiere como “la madre de la mitad de la problemática que tiene San Andrés hoy día”. La isla más grande del archipiélago tiene un área de 26 km², pero en ella viven cerca de 80.000 personas, de las cuales sólo un tercio se reconocen como raizales. “En el futuro inmediato San Andrés va a ser inviable, va a colapsar, porque ya no hay espacio, la gente ya no aguanta, no se respira”, agrega Luz Marina.

La sobrepoblación ha exacerbado la competencia por los recursos y las oportunidades, la degradación del medio ambiente y el deterioro del tejido social. Adicionalmente, al haberse convertido en una minoría en su propio territorio, los raizales se ven cada vez más marginados del desarrollo económico y de la toma de decisiones que los afectan directamente.

Como si fuera poco, a esto hay que sumarle el impacto que genera la llegada de cerca de un millón de turistas cada año, que de acuerdo con Luz Marina “no representa muchos ingresos ni progreso para los raizales, pero que sí implica pobreza y sobreexplotación de los recursos naturales”.

En efecto, el turismo en la isla, especialmente el de los hoteles todo incluido, ha tenido un desarrollo depredador, que produce grandes ganancias para empresarios que no viven en la isla, pero que deja poco o nada para la población local. Por costos y afinidad cultural, la mayoría de estos hoteles emplea a trabajadores que llevan desde el continente, lo cual afecta las oportunidades laborales de todos los isleños.

Huracanes y petróleo

Para hacer todo más complicado, el paso devastador del huracán Iota en noviembre de 2020 damnificó a unas 6.000 personas y destruyó el 98 por ciento de la infraestructura de Providencia. El gobierno de Iván Duque prometió reconstruir la isla “en 100 días”, pero año y medio después aún son muchas las familias que viven en la precariedad que les dejó la tragedia.

“Es triste y lamentable que un 60% de la inversión que ha hecho el gobierno nacional en la reconstrucción se va en corrupción. Algunas casas están quedando bien, pero la gran mayoría no (…) Si vuelve a haber un huracán categoría 5, muchas casas se irían volando, incluso ahora más que antes”, alerta Luz Marina.

El futuro también parece incierto para el Seaflower, un área de 180.000 kilómetros cuadrados –la totalidad del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina– que fue declarada como Reserva de la Biósfera por la Unesco en 2000 por su valor estratégico para el medio ambiente de todo el planeta. El fallo de 2012 fragmentó la reserva, que antes estaba completamente bajo control colombiano, lo cual dificulta la conservación de sus ecosistemas y especies, que además sufren los efectos de las actividades humanas en el archipiélago y del cambio climático.

La reserva también está amenazada por los proyectos de Colombia y Nicaragua para explotar el gas y el petróleo que yacen bajo sus suelos. El último intento del gobierno colombiano fue suspendido gracias a la acción del pueblo raizal, en 2011. Pero, como advierte Luz Marina, “uno no se puede confiar, porque nunca se sabe cuáles son los planes de estos gobiernos, puede pasar cualquier cosa”.

La movilización de los raizales también fue clave para frenar otras iniciativas del gobierno colombiano, como la ampliación del aeropuerto de San Andrés o la construcción de una base de la Armada en una zona de manglar en Providencia, que no fueron consultadas previamente con la comunidad como lo ordena la ley.

Pero en las circunstancias actuales, poco podrán hacer los raizales para detener el viejo sueño de Nicaragua de construir un canal interoceánico que afectaría el archipiélago, el cual revivió recientemente con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Managua y Beijing.