El próximo 4 de septiembre, Chile podría cambiar radicalmente el curso de su historia. Más de 15 millones de personas deberán votar, obligatoriamente, en un plebiscito para aprobar o rechazar la nueva Constitución, que se comenzó a escribir en julio de 2021 como respuesta a las masivas movilizaciones de finales de 2019, conocidas como el “estallido social”.

Si gana la opción Apruebo, el país finalmente pasará la página oscura de la dictadura, pues aunque ésta terminó oficialmente en 1990, el sistema político, económico y social vigente aún sigue anclado en la Constitución pinochetista de 1980.

Pero además, el nuevo texto constitucional crea normas, derechos y obligaciones para el Estado y la sociedad que podrían llevar a Chile a la vanguardia de la acción contra la crisis climática y ecológica, y que también podrían impulsar un cambio del modelo de desarrollo económico extractivista que ha devastado a América Latina.

Una transformación urgente

Chile es un país conocido en todo el mundo por sus abundantes recursos mineros (alberga las mayores reservas de cobre y litio), sus numerosos ríos, lagos y glaciares, y la riqueza pesquera de sus mares, que se extienden hasta la Antártida y la Isla de Pascua, a más de 3700 kilómetros de la costa en el Océano Pacífico.

Pero Chile también es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), publicado en febrero de 2022, alertó que el país se verá cada vez más afectado por el aumento drástico de la temperatura, la escasez de precipitaciones, el deshielo de glaciares y la erosión de las costas. A esto se suma la ocurrencia cada vez mayor de eventos extremos y desastres naturales como olas de calor, terremotos y tsunamis cada vez más devastadores.

Hoy, son más de 8 millones de personas las que sufren los efectos de la “mega sequía”, que azota al país desde 2008. De las 345 comunas o municipios que tiene el país, más de la mitad se encuentran bajo decretos de escasez hídrica, y algunas llevan más de diez años seguidos en esta condición.

La falta de lluvias es especialmente aguda en la zona centro-sur del país, donde vive la mayor parte de la población, que registra en algunos lugares una reducción de más del 70% frente al promedio histórico de precipitaciones. El escenario es aún más complejo en las zonas rurales, donde el racionamiento de agua ya hace parte de la nueva normalidad. Miles de pequeños agricultores han perdido sus animales y cosechas y han visto un deterioro en su calidad de vida debido a las dificultades para abastecerse de agua potable.

Como si fuera poco, la sequía también está poniendo en jaque la producción de energía hidroeléctrica del país, ha forzado a cientos de familias a migrar a las ciudades y está teniendo un impacto devastador en los ecosistemas y la biodiversidad.

Sin embargo, la crisis hídrica no es sólo el resultado del cambio climático y se debe también a un serio problema de distribución y acceso al agua. Chile es el único país del mundo donde el agua es prácticamente un bien privado, pues aunque la Constitución de 1980 la declaró como un bien nacional de uso público, el Código de Aguas del año siguiente le dió la capacidad al Estado de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas a actores privados.

Muchos de estos derechos se han entregado a perpetuidad, y su comercio se ha convertido en un jugoso negocio para unas pocas familias y empresas. Pues a pesar de que el Estado los otorga gratuitamente, sus dueños luego pueden venderlos y especular sobre su valor, como cualquier otra mercancía.

Esto ha permitido que, en medio de la sequía y sin ningún control de las autoridades, los dueños de estos derechos continúen regando extensos cultivos y utilizando grandes cantidades de agua para minería, mientras que unas 2.000 comunidades campesinas dependen del abastecimiento de camiones cisterna para sobrevivir, pues los acueductos rurales que ellos mismos administraban están literalmente secos.

Lo que propone la nueva constitución

Al poco tiempo de comenzar sus sesiones, el pleno de la Convención Constituyente — compuesta por 154 miembros, elegidos de forma democrática y paritaria — se declaró en “estado de emergencia climática y ecológica” y asumió el cuidado del medio ambiente como una de sus prioridades transversales.

El resultado es que, luego de 9 meses de debates, audiencias públicas y largas jornadas de votaciones, de los 388 artículos que componen el texto final, hay por lo menos 50 relacionados con temas ambientales. La mayoría de ellos fueron impulsados por los “eco constituyentes”, un grupo de 30 miembros de la Convención que lideró la lucha por sentar las bases de un país en mayor armonía con la naturaleza en la nueva ley de leyes.

Estas nuevas normas tienen sus raíces en los avances que se dieron en la materia en otros países latinoamericanos, como la Constitución ecuatoriana de 2008, que fue la primera del mundo que consagró los derechos de la naturaleza, o la Constitución boliviana de 2009, que incluyó conceptos indígenas milenarios relacionados con el entorno, como el suma qamaña o buen vivir, y estableció el derecho fundamental a un medio ambiente sano.

En la nueva Constitución, Chile se declara como un Estado ecológico, que tiene como valor fundamental la interdependencia de los seres humanos con la naturaleza y el buen vivir. Esto le da al Estado y la sociedad la obligación de proteger y respetar los derechos de la naturaleza y de actuar frente a la crisis climática y ecológica.

También consagra como derechos humanos el derecho al agua, a la alimentación, al ambiente sano, al aire limpio y el derecho a la ciudad y el territorio. Y crea instrumentos novedosos de justicia y democracia ambiental como la Defensoría de la Naturaleza, los Consejos de Cuenca, la consulta y el consentimiento previo de los pueblos indígenas sobre actividades que puedan afectar su territorio y formas de vida, y la instalación de Tribunales Ambientales en cada una de las 16 regiones del país.

Otro de los aspectos más innovadores es la definición de “bienes públicos naturales”, que incluye al mar territorial y el fondo marino, las playas, las aguas, los glaciares, los humedales y la alta montaña, entre otros, sobre los cuales el Estado deberá asumir un deber especial para preservarlos, conservarlos y, de ser necesario, restaurarlos.

Respecto a la gestión del agua, la nueva Constitución incluye un estatuto que prioriza el ejercicio del derecho humano al agua y el equilibrio de los ecosistemas sobre cualquier otro uso de este recurso.

Para ello, crea la Agencia Nacional del Agua, un órgano autónomo encargado de fiscalizar la actuación de entidades públicas y privadas en materia hídrica, y que será el responsable de otorgar y revocar permisos de aprovechamiento del agua. Estos permisos sólo podrán ser temporales, no generarán derechos de propiedad ni podrán ser comerciados, e incluirán obligaciones de conservación de las fuentes y cuencas hidrográficas.

¿Un mejor futuro en vilo?

A pesar del gran optimismo que genera la nueva Constitución, a pocas semanas del plebiscito final en las encuestas la opción Rechazo cuenta con un apoyo muy cercano, o incluso mayor, que el Apruebo. Un panorama desconcertante, luego de que casi 6 millones de chilenos votaron favorablemente en el plebiscito inicial y participaron en la elección de los miembros de la Convención Constitucional.

Sin duda, es más fácil ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un cambio que sobre cómo lograrlo, y es cierto que todavía hay muchos temas que están lejos de alcanzar un consenso en la opinión pública. Pero gran parte de la fuerza que ha cobrado el Rechazo se debe a una campaña de desinformación, llena de argumentos engañosos sobre el contenido de la nueva Constitución.

El precio de que se descarte, de un golpe, el contenido de la nueva Constitución y de que se mantenga la de 1980, parece demasiado alto. Además del riesgo de una nueva crisis política y social, Chile perdería una oportunidad histórica para dotarse de las herramientas que necesita para actuar frente a la emergencia climática y ecológica. Esto es algo que no da espera, como lo demuestra la mega sequía que azota casi todo el territorio nacional y que podría agudizarse en los próximos años.

Aprobar la nueva Constitución es sólo el primer paso. Hacer realidad sus mandatos medioambientales dependerá de un gran número de reformas, que deberán ser tramitadas en el legislativo e implementadas por los gobiernos en las próximas décadas. Pero es un paso decisivo que tiene que darse ahora, antes de que sea demasiado tarde, y que seguramente impulsará un cambio del modelo de desarrollo económico, en la región y en el mundo.