Habían levantado tarimas, y preparado la mayor celebración de la que el país tuviese memoria. Todo anunciaba la fiesta. El aire que se respiraba era de victoria. Y apareció el espectro de la bruja, Violeta Barrios de Chamorro, sumaba más votos que Daniel. Fue el 26 de febrero de 1990. Ahogos, caras pálidas, maldiciones. No es posible, cómo puede este pueblo votar en contra de sus libertadores, de los héroes que los liberaron de la dictadura Somocista.

Todo hace suponer que ahí, en ese momento, Ortega intuye, aun sin conciencia plena, que el poder es esquivo en el ámbito democrático. Reconquistarlo y mantenerlo reclama maniobras audaces. Alianzas transitorias con los enemigos de la derecha o cancelación de políticas emancipadoras si así lo exigen las circunstancias y la iglesia. Una de las recientes demostraciones del pragmatismo sin matices es la salida del Frente Sandinista de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal.

El Frente no quiso ratificar los principios democráticos de la organización. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de Copppal, dice que los derechos humanos en Nicaragua son ignorados con la excusa de la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

¿Por qué la pareja desdeña las condenas internacionales, retiran embajadores y recurren al discurso agresivo tanto para los oponentes como para gobiernos que reclaman la preservación de las libertades? Porque saben que no hay voluntad para dedicarse a otras cosas que no sean la pandemia y otras urgencias más próximas. O, y es lo peor, porque el desengaño es tan grande que resulta difícil sobreponerse.

Hay razones que explican las circunstancias totalitarias. La principal es que la democracia es una flor rara en la tierra de Sandino.

En 1912, las fuerzas militares de Estados Unidos invaden el país y mantienen la ocupación hasta 1925. El líder nacionalista Augusto César Sandino organiza un ejército para oponerse a la ocupación. Tras seis años los marines abandonan el país

Mediante un golpe de Estado en 1936, la familia Somoza se hace con el poder por más de largos 40 años. La permanencia se consigue con recursos que van desde el golpe de Estado y los pactos para aprobar disposiciones que alargan los periodos presidenciales, hasta fraudes electorales, con el apoyo de Estados Unidos y las garantías que dan las armas del Ejército.

Entre 1937 y 1979, hubo generaciones que no vivieron nunca en democracia. Las dictaduras terminan, pero dejan en las conciencias sesgos autoritarios. La rebeldía del 2018 es consecuencia del cambio de los tiempos, del acceso a internet, de una juventud deseosa de participar en la construcción de una vida más digna, del hartazgo con los abusos de la tiranía y del enriquecimiento ilícito de los que ostentan el poder. Darse cuenta es abrir los ojos para no volver a cerrarlos.

De la revolución sandinista que derrocó a Somoza queda un nombre, una fecha, el 19 de julio de 1979, y el recuerdo de una gesta de moderación revolucionaria, generosa con los vencidos, que despertó la admiración y el apoyo político y financiero de decenas de países y millones de simpatizantes alrededor de la tierra.

Hoy el espejo devuelve imágenes ajenas a todo propósito libertario.

Entre abril del 2018, inicio de protestas populares que demandaban un proceso democratizador, y septiembre de ese año, se contabilizaron 325 asesinatos, un número indeterminado de desaparecidos, miles de heridos, a lo menos cien mil exiliados y más de 1600 presos políticos. 140 de ellos todavía en prisión.

La lista se incrementa en las semanas recientes con el encarcelamiento de los siete candidatos presidenciales adversos al presidente Daniel Ortega para las elecciones del próximo siete de noviembre.

Otros 23 opositores están detenidos e investigados por violación de la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Dicho en breve, por “traidores de la patria” y protagonistas de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

La persecución no conoce fronteras. 40 organizaciones no gubernamentales perdieron su personalidad jurídica y no pueden seguir realizando sus programas, principalmente de carácter asistencial social y combate a la pobreza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana han registrado que, en los últimos dos meses, y “ante la intensificación de la represión”, al menos 12 periodistas de diversas regiones se han visto obligados a salir al exilio.

En Nicaragua el poder es monopólico. El Ejército, la Junta Electoral Nacional, la Asamblea Nacional, la Fiscalía y el sistema Judicial, habilitan todas las medidas en contra de la oposición, dictan leyes que prescriben los Derechos Humanos y justifican la violencia en contra de la población mediante la policía, el ejército y los paramilitares. La fragmentada oposición en la que mal conviven los adversarios de la dictadura no ha logrado enarbolar un llamado atractivo para la población. Cuando hablan de recuperación de la democrática liberal se dirigen más bien a la comunidad internacional que al pueblo de Nicaragua que desconoce a qué se refieren, salvo los jóvenes que no están por la resignación.

Ortega-Murillo no se equivocan, las veleidades democráticas pertenecen a políticas conciliadoras, a proyectos electorales en los que es posible perder. En consecuencia, es una trampa del imperialismo norteamericano que pretende arrebatarles el poder. “Vamos con todo” dijo la señora Murillo. Con palabras diferentes: de aquí no nos saca nadie y que caigan los que tienen que caer.

“En Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”. Así se llama el más reciente informe de Amnistía Internacional en el que se enumera los métodos del régimen, desde hace tres años, para aplastar toda disidencia o crítica, a cualquier costo. El asedio alcanza hasta las ceremonias religiosas, la incautación de bienes y la destrucción de instalaciones.

El pronóstico es claro y está en exhibición impúdica. Ni concesiones ni diálogo que pretendan un cambio de gobierno.

La terapia no puede ignorar el miedo, no confundirlo con la cobardía, por el momento el terror impide poner en riesgo inútil al Yo, también a familiares y allegados que podrían ser objeto de desquite.

Como hoy el mundo es otro Ortega-Murillo saben que una invasión es una idea peregrina, inadmisible, que las condenas internacionales tienen fuerza moral, pero incapacidad de imposición, que los países de América Latina soportan suficientes problemas internos derivados de la pandemia del coronavirus, como para involucrarse directamente en los bemoles de los nicaragüenses. En el caso de los gobiernos centroamericanos las actitudes se aproximan a posiciones tan imaginables como inaceptables.

En “Silencio a cualquier costo: Tácticas del Estado para profundizar la represión en Nicaragua”, Amnistía Internacional denuncia las estrategias utilizadas por las autoridades nicaragüenses que escriben uno de los capítulos más sombríos en la historia reciente del país, donde cualquier persona que se oponga a las políticas del gobierno puede perder su libertad y hasta la vida.

Calcula bien el dúo. Pero, la historia acostumbra a salir por la ventana cuando la puerta está cerrada. Y la ventana está abierta… esperando. Por ahora, la pesadilla continua.