Estas son precisamente las preguntas que se responden en el reporte anual Índice de Percepción de la Corrupción (CPI, por sus siglas en inglés) de Transparencia Internacional. Los resultados del 2021 son poco alentadores, tanto en el mundo como en Latinoamérica y en el hemisferio americano en general.

Según detalla el informe de esta organización, la mayoría de los países están estancados en su lucha contra la corrupción y 27 de los 180 países incluídos en el reporte recibieron su peor puntaje para el 2021 desde 1995, año en que se inició el registro del Índice. Los gobiernos con los puntajes más bajos son opacos y tienden a suprimir las libertades y derechos más básicos, mientras que los gobiernos con los puntajes más altos tienden a perpetuar la corrupción al acoger en sus bancos el dinero oscuro procedente de líderes corruptos de muchos gobiernos del mundo, sin preguntar por su origen y procedencia.

El desalentador panorama de la corrupción en América Latina

Según Transparencia, la región está estancada o en declive en su lucha contra la corrupción. Durante los últimos diez años, solo Guyana y Paraguay han mostrado una mejora. Además, “Venezuela, Haití y Nicaragua, países no democráticos y que enfrentan crisis humanitarias, obtienen la peor puntuación con 14, 20 y 22 puntos cada uno.”

Centroamérica

El CPI 2021 de Transparencia prende todas las alarmas en cuanto a Centroamérica, donde el Estado de derecho se tambalea. Según la organización, la lucha contra la corrupción y por la democracia en esta región está en su punto más bajo.

Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y después de unas elecciones altamente cuestionadas, obtuvo 20 puntos sobre 100. Transparencia atribuye el declive a violaciones sistémicas de los derechos humanos y la concentración de poder por parte de los Ortega-Murillo. En democraciaAbierta adicionamos la deriva autoritaria, el cierre del espacio cívico y la supresión de las libertades de la ciudadanía. Durante los últimos cuatro años:

“Ortega [ha aprobado] tres leyes que amordazan la libertad de expresión, la democracia y el actuar de organizaciones internacionales en el país. Tan graves son estas leyes, que una de ellas, la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación, establece que si alguien atenta contra la soberanía de Nicaragua, está rompiendo la ley. El problema es que "atentar contra la soberanía de Nicaragua" incluye acciones como las manifestaciones o incluso pedir sanciones contra los gobernantes."

Así, si alguien intenta oponerse a Ortega, podrá ser encarcelado, tal como sucedió con siete precandidatos presidenciales, encarcelados antes de las elecciones en virtud de esta ley.”

Guatemala y Honduras declinaron ocho y un punto respectivamente, mientras que El Salvador fue catalogado como un “país a observar” en los años que vienen porque, si sigue concentrando el poder en una sola persona, podría convertirse en una autocracia. En Guatemala, “El Estado, particularmente el sistema de justicia, ha sido cooptado por elites económicas y políticas, ciertos sectores del empresariado y el crimen organizado. Estos grupos se han apoderado del sistema judicial y han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción.” En Honduras, la elección de Xiomara Castro a finales del año pasado podría traer esperanza a la lucha contra la corrupción del país, aunque las tensiones previas a su investidura hacen temer una etapa convulsa.

Brasil

Brasil mantuvo el mismo puntaje del año pasado de 38/100, pero con un fuerte cierre del espacio cívico y tintes autoritarios de su presidente, Jair Bolsonaro. Según el CPI 2021, el gobierno de Brasil utilizó, “la intimidación, la difamación, las noticias falsas (fake-news) y los ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, incluyendo a quienes luchan contra la corrupción, como mecanismos para desprestigiar y silenciar las voces críticas.” Transparencia también denuncia cómo Bolsonaro utilizó un discurso anti-corrupción durante su campaña para ser elegido, pero su mandato se ha caracterizado por medidas anti-democráticas y regresivas a la corrupción, ataques a la justicia e intentos de entorpecer investigaciones que buscan esclarecer comportamientos dudosos, suyos o de sus familiares.

Colombia y México

Colombia también mantuvo su puntaje de 39/100, solo un punto por encima de Brasil. Transparencia denuncia el excesivo uso de la fuerza para reprimir las protestas que vivió el país en 2019 y 2020. En democraciaAbierta nos hicimos eco de esta denuncia, en un contexto donde las masacres, los asesinatos, y la policía disparando contra civiles se repiten sin que el gobierno se haya mostrado capaz de reaccionar.

México, al igual que Brasil, pronunció grandes promesas anticorrupción que se vieron enfrentadas con casos de corrupción que se mantienen en la impunidad. Como menciona el CPI: “La ausencia de activos recuperados y el creciente número de escándalos involucrando a colaboradores cercanos del presidente explican parte del resultado. Además, recientemente, han surgido críticas sobre el uso político-electoral de la Fiscalía General que, pese a su autonomía formal, no es percibida como independiente.”

El Índice de Percepción de la Corrupción de 2021 es un claro reflejo del estancamiento de la región en cuanto a sus procesos democráticos y, en ocasiones, de su declive. Con líderes autocráticos en ascenso en varios países de la región, pero con oportunidades democráticas (Chile) y decisivas elecciones en otros (Colombia, Brasil), la región se encuentra ante un escenario único.

Transparencia enciende las alarmas y señala la fragilidad de la democracia, una democracia que se sostiene en instituciones fuertes, transparencia y un sistema capaz de acabar con la impunidad, castigar al corrupto/a, y de proteger a quien les denuncie.