Estos despidos y amenazas tienen como objetivo proteger a los políticos de alto rango, a los militares implicados en violaciones de los derechos humanos durante la guerra y a las élites económicas con vínculos con el crimen y la corrupción. La fiscal Consuelo Porras ha sido una pieza clave, ya que ha defendido la corrupción y la impunidad acusando falsamente a los operadores de justicia de "abusos" y obstruyendo las investigaciones sobre corrupción.
Esto está dejando al pueblo guatemalteco expuesto a los abusos sin un poder judicial independiente que lo defienda.
Muchos de los vecinos de Guatemala han seguido un camino similar. Desde el encarcelamiento de líderes de la oposición antes de las elecciones presidenciales de noviembre en Nicaragua, hasta la infiltración de bandas de narcotraficantes en el gobierno de Honduras y la destitución de jueces en El Salvador para permitir que el presidente se presente a un segundo mandato, los políticos están extendiendo una cultura de impunidad, corrupción y violencia.
Los efectos de esta situación se dejan sentir en Europa, que se está convirtiendo en un mercado creciente para el tráfico de drogas procedentes de Centroamérica. Cada semana llegan a los puertos de Amberes y Rotterdam millones de euros de cocaína en tránsito por países como Honduras y Guatemala.
Una mayor corrupción y una intimidación sin freno de los activistas de la justicia en Centroamérica proporcionaría a las bandas del crimen organizado aún más audacia para actuar con impunidad y exportar la violencia y la inestabilidad a las costas de Europa.
Y sin embargo, con el interés político de la UE y de sus Estados miembros en Centroamérica disminuyendo, Europa ha permanecido en gran medida en silencio sobre la situación. A pesar de su apoyo histórico, ahora parece preferir la "diplomacia silenciosa", hasta ahora con efectos limitados.
Aun así, Europa puede -y debe- hacer mucho para apoyar el Estado de Derecho en Centroamérica y proteger los derechos humanos.
En primer lugar, puede apoyar a los operadores de justicia independientes y las estrategias para fortalecer la justicia y el Estado de Derecho. Esto incluye aumentar el apoyo político y financiero a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a contracorriente para vigilar y luchar contra la corrupción y la impunidad y dar apoyo a las instituciones independientes, como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. También incluye el envío de misiones internacionales de observación para evitar el fraude y la intimidación durante -y en el proceso previo a- las elecciones clave, como la próxima elección del fiscal general, así como la del Procurador de los Derechos Humanos y las elecciones generales de 2023 en Guatemala.
En segundo lugar, puede ofrecer protección a los operadores de justicia independientes que se enfrentan a amenazas. En Guatemala, esto incluye a los jueces de los tribunales de Alto Riesgo y a los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), así como a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (donde se están tratando los casos de la guerra civil).
Esta protección requiere un apoyo visible y audaz a todos los actores que están en la vanguardia de la lucha contra la impunidad, y que pidan condiciones que garanticen la seguridad en su propio país, para que no se vean obligados a huir.
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