Aunque las cifras no son definitivas, los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 2 de enero de 2022 dejaron muchos heridos, varias personas muertas y miles de familias desplazadas.

Un funcionario del municipio de Tame (Arauca), Juan Carlos Villate, dijo el mismo día de los enfrentamientos que había 24 muertos reportados, entre los que habría varios civiles. Esta cifra seguramente irá en aumento en los próximos días.

La noticia no se supo por medios tradicionales sino por redes sociales. Desde el 1 de enero los usuarios de Twitter comenzaron a publicar tuits en los que le pedían al Estado, especialmente al presidente Iván Duque, hacer algo respecto a la situación en Arauca, particularmente la de los civiles que tuvieron que abandonar sus hogares huyendo del fuego cruzado.

El 2 de enero, día en que escalaron los combates, el Frente de Guerra Oriental del ELN hizo circular un comunicado donde acusó al Frente 10 de las disidencias de las FARC, de promover el narcotráfico en la región comandados por un desmovilizado al que llaman Arturo Paz. “Nos vimos en la necesidad de defender los territorios” insisten en su comunicado.

Uno de los principales llamados fue para que el gobierno adecuara albergues donde las personas desplazadas pudieran descansar mientras resolvían su precaria situación. La respuesta del gobierno colombiano, sin embargo, fue otra.

El presidente Iván Duque se limitó a enviar a dos batallones del Ejército a la zona. También aseguró que reforzaría el equipo de inteligencia y contrainteligencia militar, así como las acciones de la Fuerza Aérea con drones y más horas de vuelo sobre los puntos de conflicto.

Según Duque, "en esa zona [donde sucedieron los enfrentamientos] operan grupos que con apoyo del régimen dictatorial, cometen crímenes y regresan a su zona de confort en Venezuela": Esta afirmación es seria, porque compromete al gobierno del país vecino.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, anunció que conformó un grupo de investigadores y de fiscales para “fortalecer el trabajo de la Dirección Seccional de Arauca, y apoyar la institucionalidad en la región".

Lo que sorprende es que deban suceder enfrentamientos para que el Estado haga presencia militar, especialmente en un territorio conflictivo, donde grupos al margen de la ley han tenido presencia históricamente.

Entre 2004 y 2011 el ELN y las antiguas FARC comenzaron una guerra en este departamento luego de que el primero decidiera erradicar por completo los cultivos de coca. La respuesta de las FARC a la erradicación fue de oposición absoluta. La guerra entre ambos grupos armados dejó más de medio millar de víctimas civiles y cientos de desplazados. Finalmente, tras tanto derramamiento de sangre, ambas guerrillas llegaron a un pacto en el que se repartieron el territorio. Pero cuando las FARC, o al menos su gran mayoría, se desmovilizaron en 2016 tras el Acuerdo de Paz, quedó un vacío en el territorio que, en vez de ser ocupado por el Estado colombiano, quedó a merced de otras bandas al margen de la ley buscaron hacer suyo.

Hoy el miedo más grande de los araucanos es que esas confrontaciones armadas se repitan. Mayerly Briceño, líder estudiantil de Tame, Arauca, afirma que "nuestro miedo es que lo que pasó hace 13 años, cuando masacraron a los campesinos en una guerra en la que no tenían nada que ver, vuelva a pasar". Briceño, además, es clara al decir que el Estado siempre ha defendido a las petroleras en Arauca, más no a las comunidades.

Arauca, según el último mapa de bloques petroleros adjudicados publicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, es uno de los departamentos con más actividad petrolera del país, con más de cinco bloques activos. Aquí, como en otros territorios, el Estado colombiano defiende los intereses de las compañías privadas, pero abandona a su suerte a la población civil.

Para Briceño y otros líderes sociales, la sangrienta disputa que estalló este enero es una reedición de esa vieja pelea por el control del territorio. Arauca ha sido un departamento que ha vivido uno de los conflictos más profundos y de más vieja data de Colombia. Allí las guerrillas se han arraigado y prácticamente gobernado el departamento durante los últimos 40 años. Es evidente que no basta con militarizar la zona para resolver el conflicto.

Briceño cree que una solución real sería ejecutar el Acuerdo de Paz, en el que se contemplan acciones específicas sobre cultivos ilícitos y manejo de territorios de ex FARC. Sin embargo, la implementación del Acuerdo, según el último informe del Instituto Kroc, va en un penoso 28%, porcentaje muy bajo si se tiene en cuenta que el Acuerdo se firmó hace ya más de cinco años.

Como respuestas a la incapacidad del gobierno y a la violencia sanguinaria de los grupos violentos, la población de Arauca, especialmente los campesinos, salieron desde el 3 de enero a manifestarse pacíficamente para pedir paz en su territorio y lograron que la Defensoría del Pueblo y otros organismos de derechos humanos llegaran a Arauca para hacer censos y hablar con las comunidades que tienen registradas las diferentes amenazas.

Las comunidades aseguran que los enfrentamientos se siguen sucediendo por todo el departamento de manera coordinada, especialmente en zonas rurales de Tame, Saravena, Arauquita y Fortul. También afirman que, si bien entre los 27 muertos confirmados algunos fueron víctimas del enfrentamiento entre disidencias de las FARC y el ELN, otros fueron homicidios selectivos. Todos han sido hallados en zonas rurales, lo que confirma que los campesinos son las víctimas directas de cualquier enfrentamiento en el territorio colombiano, los más expuestos y los menos protegidos.

Aunque el presidente Duque dijo que no había muertos civiles, el fiscal Francisco Barbosa afirmó que, según Medicina Legal, entre los muertos hay campesinos que fueron obligados a salir de sus vivencias y que recibieron disparos a corta distancia. También confirmó que hay entre las víctimas cuatro venezolanos.

Este es un nuevo capítulo de violencia armada en zonas rurales de Colombia, que afecta principalmente a los campesinos que seguirán reclamando al Estado por su falta de presencia, por no ejecutar el Acuerdo de Paz, por la falta de planes de desarrollo y de inversión social que han hecho que Arauca sea, de nuevo, escenario de guerra entre facciones guerrilleras reconvertidas en grupos mafiosos que no tienen reparo en asesinar a los campesinos un su lucha por controlar el territorio y el lucrativo negocio de la droga.